lunes, 22 de marzo de 2010

¿Categoría útil? Perspectivas para el estudio histórico de los “populismos” en América Latina

¿Los gobiernos de Perón en Argentina o de Hugo Chávez en Venezuela poseen rasgos comunes? Según un sector de las Ciencias Sociales, si, para otro, no. El debate gira en torno a la definición y uso de la categoría de los populismos. Se percibe la persistencia de elementos considerados populistas en el devenir de los países de América Latina. Sin embargo, el uso de la categoría en diversos sentidos obstaculiza su definición, además de su existencia en Europa y otros lares del planeta. Dar una definición simple no es tarea fácil. Esto se observa en la lectura de la bibliografía especializada sobre el asunto.
El objetivo del ensayo es rescatar de lo escrito sobre el tema, algunos elementos que puedan enriquecer la investigación histórica sobre este fenómeno. En este sentido, en primera instancia se realizará una revisión de las principales contribuciones sobre la producción bibliográfica de los populismos. En segundo lugar, a partir del análisis de las definiciones de los populismos, se intentará reflexionar sobre ciertos acápites que ayuden al objetivo propuesto, pues la bibliografía del tema es muy amplia y heterogénea, e incluye la expresión de juicios de valor.

1. Breve balance de la bibliografía

Este ítem tiene el fin de evidenciar los intereses de los investigadores sobre el tema de forma cronológica, y la evolución de los temas tratados en torno a los populismos latinoamericanos. Quattrocchi-Woisson nos presenta la introducción de la categoría en América Latina por intelectuales preocupados por diferenciar los gobiernos de esta área de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX. Su uso por intelectuales prestigiosos y la difusión de la categoría en los medios de comunicación consolidó su presencia en las disciplinas sociales.
Los cincuentas y sesentas fueron décadas fructíferas para el estudio de los populismos de América Latina. Algunos percibían numerosos o escasos cambios en los gobiernos populistas, y otros una continuidad con el régimen oligárquico. Uno de los hitos de debate de estos estudios abarcó la caracterización de los populismos latinoamericanos como fenómenos distintos de otros lugares del mundo. Por ende, Germani, quien estudió el caso argentino, reconoció que estos populismos fueron excepcionales, aunque los insertó en una tendencia generalizada de un movimiento de modernización mundial. Di Tella profundizó la especificidad de los populismos en América Latina realizando una tipología de un movimiento político en búsqueda de modernizar a sus naciones con el respaldo de los sectores populares. Enfocado hacia los países “subdesarrollados”, o del “Tercer Mundo”, Di Tella estudió las condiciones en que surgieron los grupos que participaron en los populismos destacando sus particularidades. Así, la especificidad de las condiciones nacionales permitió el surgimiento de un determinado tipo de populismo.
Asimismo, los estudios clásicos de Germani, Di Tella y Ianni se orientaron a la relación de los populismos con la modernización ― no atendieron la asociación entre democracia y modernidad, y percibían al fenómeno como negativo ―; mientras que, las investigaciones de Cardoso, Faletto y Weffort se interesaron en el desarrollo, siendo el populismo una etapa temporal ― se subrayó el rol de los grupos populistas en las políticas proteccionistas, el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, lo cual era visto como positivo ―.
Surgieron dos corrientes: la culturalista y la materialista. Ambas se desarrollaron en los sesentas y setentas, y dotaron de un carácter latinoamericano al populismo, que era interpretado como una política de continuidad. La primera corriente se enfocó en la influencia de la cultura política en el desenvolvimiento de los populismos. La segunda tendencia se oponía a las interpretaciones esencialistas y ahistóricas, y afirmaba que no existían clases en América Latina pues estas sociedades eran subdesarrolladas, por lo que los lideres populistas se dirigieron al sector de los sectores populares, quienes poseían escasa conciencia de clase.
En los ochentas, las perspectivas económicas sobre el tema se explican por las crisis que experimentaron los países latinoamericanos. La emergencia de gobiernos con ciertos rasgos populistas, el desarrollo de la hegemonía neoliberal y la consolidación de la democracia motivaron que los ochentas y noventas, sobre todo en esta última década, se realizasen nuevas interpretaciones de los populismos. Se inició el uso del término de “neopopulismo”.
También, se realizaron intentos por tipificar a los populismos de forma cronológica. En su libro Populism in Latin America, Conniff divide el devenir de los populismos latinoamericanos en tres periodos: populismo temprano (1990-1930), auge del populismo (1940-1960) y la etapa de los 70’s a la actualidad. En cambio, en el texto Miraculous Metamorphoses, que se orienta por las políticas económicas, se reconocen tres épocas: el populismo clásico (1930-1960), el populismo tardío (1970-1980) y la neoliberalización del populismo (1980-1990).
En general, se identifica la existencia de dos acercamientos metodológicos a la noción de populismos latinoamericanos. Por una parte, algunas investigaciones se preocupan por limitar su estudio en una época y lugar determinado, y así dotar un modelo explicativo coherente al encauzarse en las circunstancias históricas del surgimiento y fortalecimiento del populismo. Por otro lado, algunos se orientan por la búsqueda de rasgos comunes entre los fenómenos definidos como populistas, haciéndose un ejercicio de hermenéutica. Se intentan hacer generalizaciones.

2. ¿Caja de Pandora? Implicaciones del estudio de los populismos

Partiremos de la definición de los populismos desde un clásico artículo sobre el tema escrito por Torcuato Di Tella en 1965, tiempo en que algunos regímenes populistas estaban vigentes. Él considera a los populismos latinoamericanos como «movimiento[s] político[s] con fuerte apoyo popular, con la participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el partido, y sustentador de una ideología anti-status quo».
Desde la definición anterior, los autores posteriores la complementan o rechazan. Weyland, define a los populismos como «una estrategia política caracterizada por la presencia de un líder que apela a grupos heterogéneos de excluidos disponibles para ser movilizados y con los cuales busca establecer vínculos directos». Knight, como «un estilo político. No se relaciona con ninguna ideología, periodo o alianza de clases específica; aun cuando, también sostengo, el estilo llega a ser más efectivo políticamente e históricamente relevante en algunos momentos, lugares y periodos que en otros». De la Torre subraya la ambigüedad ideológica del populismo y reconoce cuatro rasgos: un nosotros/ellos en el discurso, un líder salvador, una alianza de las elites emergentes con los sectores populares, y políticas democráticas inclusivas a través de formas no liberales. Y Drake aumentaría una política económica nacionalista. Estos elementos son importantes para destacar las perspectivas del estudio histórico sobre el fenómeno, los cuales serán desarrollados en los siguientes acápites.
Habría que indicar que, en las últimas décadas, el término neopopulismo surgió para rescatar el ejercicio de ciertas conductas populistas ― relación directa entre los líderes y los sectores populares beneficiados, la manipulación clientelista y el uso de una retórica antipolítica ― en un contexto neoliberal, es decir de reformas económicas. Tanto los neoliberales como los populistas atacan el orden vigente y los sectores intermedios organizados, los primeros para aplicar sus políticas económicas, y los segundos para fortalecer su poder.

2.1. Instituciones

En los treintas y cuarentas, para las elites tradicionales, el Estado se constituía un conjunto de instituciones que posibilitaban la transformación de la sociedad. Para ellos, los populistas percibirían al Estado como una fuerza arbitraria que favorecía a unos y perjudicaba a otros. Sus políticas se regirían por criterios personalistas, combativos e ideológicos, más que por la búsqueda del bienestar colectivo. Así se limitaría el ejercicio de la democracia y aumentaría la corrupción y el clientelismo.
Si seguimos con las instituciones políticas, podemos observar que la interpretación política de los populismos promueve investigar el ejercicio de la soberanía y la participación popular, que se insertan en un tema más extenso: la democracia, especialmente la representativa. Y como el populismo se asocia a aspectos emotivos en la relación de las bases sociales con los líderes, surgiendo el dilema de la relación directa sin intermediación, o la aplicación de las instituciones racionales para erradicar los vínculos emotivos, y es que los populismos y la democracia se fundamentan en ambos ejercicios. Por eso, el asunto se restringe a una materia de dosis y límites.
En sociedades individualizadas, las instituciones de la democracia representativa, como el voto, reflejan la voluntad mayoritaria, que constituye una suma de voluntades individuales. No obstante, en sociedades donde predominan los lazos colectivos, como las latinoamericanas, la democracia representativa refleja esos vínculos. Estas relaciones se orientan por obligaciones de parentesco, clientelismo y corporativismo. Así, en los neopopulismos se usan las prácticas políticas preexistentes. Estas relaciones informales funcionan como un medio para llenar el vacío o las fallas de las instituciones formales posibilitando la consolidación del sistema democrático, aunque puede ocasionar un problema del contrapeso de las instituciones, es decir manipulaciones. También, habría que considerar el desarrollo del acceso desigual a derechos de la ciudadanía y de los bienes públicos, y el peso de lo étnico, que influenció en el fortalecimiento de oligarquías que ejercieron autoritarismo y exclusión frente a las poblaciones indígenas mayoritarias.
La política moderna, principalmente electoral, en América Latina se fundamentó en un fenómeno multiclasista con una ideología ecléctica, y no en una relación directa entre los intereses de clase y la manifestación política. En esta dinámica, es importante para el análisis de los populismos, el reconocimiento de la legitimidad y aprobación ― como el PRI y el APRA ―, o de la ilegitimidad y el rechazo de los sectores sociales involucrados. El manejo de las instituciones es un punto importante en las políticas populistas. Dentro del juego de la legitimidad, es interesante el rol de los regimenes populistas en mantener una tendencia de secularización que se diferenció de un carácter espiritual que las elites tradicionales querían para la sociedad, aunque no se criticó a la religión.
Por otra parte, los partidos populistas fueron la expresión política más visible de estos movimientos. Di Tella elabora una clasificación para los países más subdesarrollados:
1) Partidos integrativos policlasistas. Remarcan las reformas económicas antes que las sociales. Ejemplos fueron el PRI, en México, que tuvo un carácter autocrático y contó con una amplia burocracia; y el Partido Social Democrático y el Partido Trabalhista, en Brasil, que fueron los herederos de Vargas.
2) Los apristas. Partidos fuertemente centralizados y disciplinados, en mayor grado que el tipo anterior. Su modelo es el APRA del Perú. Sus políticas son heterogéneas. Son enemigos de las fuerzas militares.
3) Partidos reformistas militaristas. Se caracterizan por su aspecto autoritario, carismático y emotivo para defender sus intereses. Su grupo trascendental son los militares por la debilidad de la burguesía y las clases medias. Los gobiernos más cercanos al modelos son el de Rojas Pinillas, en Colombia, y Odría, en Perú.
4) Partidos social-revolucionarios. Sus bases sociales principalmente son los obreros urbanos, los campesinos e intelectuales revolucionarios. Los ejemplos latinoamericanos más clásicos son el castrismo y el Movimiento venezolano de Izquierda Revolucionaria.

En los países más desarrollados de América Latina, cono sur, sus condiciones históricas dificultan la aparición de los populismos, siendo más resistentes a los llamados emotivos de los líderes y más predispuestos a relaciones contractuales. Sus sectores medios al ser los principales beneficiados guardan lealtad a los grupos conservadores. No obstante, el peronismo contó con el apoyo popular, militar, clerical y de algunos industriales; quienes eran una parte ilegitima dentro de sus clases, empero la principal fuerza fueron los obreros y fue dirigida por personajes de las elites. En el gobierno, el peronismo se enfocó a las reformas sociales.
El peligro de la tipología descrita líneas arriba, radica en la generalización de la aplicación de la categoría populismos a los diferentes gobiernos latinoamericanos. Por eso, cito a Knight, quien en un estudio señala los caminos por los cuales los países latinoamericanos lograron su ciudadanía en el siglo XX. Dos de los cinco caminos encontrados son calificados de populismos: populismo revolucionario y populismo estatista. No obstante, el autor aclara que usa la noción de populismo en su sentido común, es decir relacionado a movimientos y regímenes de carácter reformista, progresista, nacionalista y democrático, aunque no son totalmente democrático-liberales ni socialistas y usaron las herramientas del sistema capitalista. Sería necesario mencionar que estos caminos definidos por Knight son paralelos a la clasificación de los populismos que hizo Di Tella. La polisemia otra vez es un riesgo para generalizar los hallazgos empíricos.
Al centrarnos en las instituciones nos remitimos, igualmente, a las políticas económicas. Los regimenes populistas redistribuían la riqueza nacional, nacionalizaban las empresas nacionales, protegían el mercado interno y establecían políticas públicas asociadas a beneficios sociales y económicos a favor de los obreros y asalariados. Esto es fortalecer un proceso de modernización. Las elites tradicionales veían como el sistema instaurado por ellos se desmoronaba y los capitales nacionales eran invertidos en grandes cantidades, especialmente, en las pequeñas industrias, en programas sociales y en infraestructura que percibían como poco prioritarios para el desarrollo.
Sin embargo, el respeto por la propiedad privada permaneció incólume pues era un elemento de clasificación y dinamismo social, más bien, las nacionalizaciones y las confiscaciones de tierras fueron un intento de ampliar el número de propietarios para estabilizar la sociedad y fortalecer el mercado nacional. Igualmente estas políticas fueron promovidas por los conflictos con ciertos sectores de sus bases populares, y algunos autores lo consideran como despilfarro.
Sachs define como los “ciclos de políticas populistas”, a aquellas políticas de mercado que se caracterizan por ampliar en demasía las políticas macroeconomicas que provocan una alta inflación y un desequilibrio en la balanza de pagos, de forma frecuente y prolongada generando conflictos sociales por la situación económica. Estas políticas y su aplicación reflejan los intereses de los sectores sociales desde diversos ámbitos, y la inequidad de ingresos. Para él, los populismos llevan a desastres económicos. Más allá de esta impresión, los criterios económicos en el desarrollo de los populismos de América Latina guían el análisis histórico de estos fenómenos, no obstante ciertos investigadores declaran que la matiz económica se ha constituido en la vertiente analítica más débil, en comparación a la tendencia política.

2.2. Actores y movimientos

Cuando nos acercamos a los populismos desde la perspectiva de los actores sociales, encontramos en la literatura especializada la dinámica de los sectores que conforman las sociedades latinoamericanas y que dan soporte y movimiento a los populismos. Algunos sociólogos inciden en la presencia de los incongruentes, quienes se ubican en los sectores altos y medios ― liberales y obreros, lideres sindicalistas, intelectuales y cierto grupo de las elites ―, y poseen numerosas razones para estar descontentos deseando reformas; y de las masas movilizadas y disponibles.
El apoyo de los sectores altos, medios y populares ― incluyendo al ejército y al clero ― a los regímenes populistas de América Latina, se debió, según Di Tella, a la condición de subdesarrollo de estos países ― estando en un nivel intermedio México y Brasil ―, si bien, en el caso de los países desarrollados en este continente ― Argentina, Chile y Uruguay ―, el apoyo de los sectores altos fue nulo o escaso. La conformación de las bases sociales de los populismos varía según las circunstancias del devenir histórico nacional. Son afirmaciones que se tendrían que revisar.
También un sector de los industriales ― dedicados a la producción de bienes de consumo para el mercado interior ― intervinieron en la gestación de los populismos. En la tarea de impulsar el capitalismo en sus respectivos países intentaron consolidar su posición, deseando llegar a los más altos puestos estatales, empero al no tener el apoyo de las elites políticas se unieron implícitamente a los obreros. Al carecer de un partido representativo fueron fortaleciendo su simpatía y apoyo a determinados sectores de la burocracia civil y militar que agenciaron los populismos.
Los nuevos líderes políticos, los populistas, fueron percibidos por la corriente culturalista como simples receptáculos pasivos, ignorantes y de mentalidad tradicional, que recogieron la cultura política patrimonial, jerárquica y mediterránea que se formó en América Latina. Los líderes populistas eran seguidos por las masas populares, y su relación contenía elementos de tipo personal y emocional. Estos líderes poseían la tendencia de tener una larga trayectoria política porque integraron un orden social que nutría sus estrategias políticas. Se identifica que en sus primeros gobiernos realizaron políticas reformistas o revolucionarios, y en los siguientes, enfatizaron en la conservación y profundización del orden, la amplitud de la ciudadanía, y la legitimación de las sociedades. No obstante, algunos estudiosos, no pierden de vista que los lideres populistas comparten ciertos rasgos con lideres tradicionales como la corrupción, el nepotismo y la hipocresía, por lo que no necesitarían de una categorización excepcional. Así, se prefiere denominarlo como un estilo político que permite dinamismo en el análisis histórico de los movimientos, líderes y regimenes relacionados a los populismos.
Los líderes populistas se atribuían un liderazgo natural que no se fundamentó en su «bagaje cultural y su experiencia, sino por quiénes eran y por cómo hacían que otros los siguieran». Tuvieron más éxito en su protesta que en el ejercicio del gobierno, y es que intentaron actuar en el mismo esquema político vigente, en vez de erradicarlo. Aquellos que criticaron a los populismos llegaron a calificar a sus líderes como simples demagogos que no poseían un programa político claro, siendo una fuerza de continuidad más que de reforma. Esto fue parte de las razones de sus fracasos, además de la imposibilidad de captar a la heterogeneidad de los sectores populares un mismo bando político. Y es que no se podía satisfacer a todos.
Aunque la emotividad es un rasgo del populismo, sin embargo, ello no implica que su movimiento no posea racionalidad. Estos movimientos llevan un tipo de mediación que trasciende el vínculo líder-masa ― lo cual no es exclusivo de los populismos ―, que según su crecimiento y longevidad amplían los canales de mando y representación dentro del movimiento. Para Weffort, los populismos significan para los líderes una forma de organización del poder, mientras que, para los sectores populares es una forma de expresión política. Estas afirmaciones son parte de la reflexión del papel de los sectores populares en el populismo, que a veces trascienden estos regímenes. Estos grupos fueron menospreciados por las elites tradicionales, quienes las percibían como pobres, ignorantes y destacaban sus defectos de personalidad en términos del gusto a una gratificación inmediata, la apatía y el desinterés. Las migraciones, las organizaciones sindicales, socialistas y comunistas agudizaron los temores del surgimiento de una inestabilidad social.
La corriente culturalista los vio como grupos que esperaban que les resolvieran sus problemas, en vez de preocuparse por resolverlos por ellos mismos. Por tanto, se constituían en sujetos dependientes de un orden, y se sintieron atraídos por los líderes populistas porque era la primera vez que un sector político los escuchaban. Así, eran un conjunto uniforme de seguidores. Justamente, Moisés critica en los setentas, la visión de los estructuralistas, quienes no rescataron a los sectores populares en su rol de actores históricos, omitiendo mostrar sus intereses y su capacidad para presentar sus anhelos políticos específicos. La visión estructuralista, igualmente, indiferencia las masas de las clases, olvidándose de su heterogeneidad interna y sus formas de articulación, lo que implica un elemento ideológico elitista intrínseco.
Di Tella realizó un trabajo en torno a la participación de los “partidos del pueblo” ― que incluye a la clase obrera, el proletariado marginal, los campesinos y a los sectores menos privilegiados de la clase media ― en la vida política latinoamericana para demostrar el papel activo de estos grupos, más allá de su apoyo pasivo. Se incluye a partidos con características populistas ― populistas de clase media (apristas) y obreros populistas (peronismo) ―, empero, habría que mencionar que este artículo es una actualización de uno citado anteriormente donde se enlista tipos de populismos, que son principalmente los mismos que se citan en este artículo.
Desde el caso brasileño se presenta a los sectores populares como sujetos principales de la riqueza económica nacional, ya sea en calidad de obreros o asalariados del sector servicios. Estos grupos se convierten en objeto de las preocupaciones de los dirigentes estatales para la gestión de los servicios públicos, el centro de atención de los agentes de los medios de comunicación y de los partidos políticos que buscan legitimar sus proyectos. Además de las influencias externas en el desenvolvimiento de los sectores populares, habría que considerar los efectos de la ideología dominante, las autorepresentaciones de sus roles sociales, las instituciones coercitivas y represivas estatales, y el devenir histórico propio. Consideraciones que cada vez más se toman en cuenta en la historiografía política.

2.3. Ideología

La ideología de los líderes tradicionales se centró en la creencia de que existía un orden “natural” en las sociedades latinoamericanas. Los terratenientes y los grupos adinerados asumían que los sectores populares por sus condiciones de pobreza, ignorancia y subdesarrollo no eran capaces de participar activamente en el ejercicio del poder político, que solo podía ser ejecutado por una pequeña elite. Temían la masificación de la política pues consideraban que promovería el caos.
Asimismo, se cuestionó el despojo de sus bienes a las elites tradicionales y se criticó sus políticas económicas, porque creían que ellos merecían su posición social por ser la minoría culta. Reprocharon los beneficios que recibirían los sectores medios y populares, considerando que poseían menos necesidades y no sabrían administrar estos beneficios. Postulaban que el crecimiento económico debía traducirse en ahorro e inversiones y no en consumo, el cual alejaría a las masas de intereses morales y espirituales. El consumo constituía en una demagogia a corto plazo, construyéndose un desastre a largo plazo. Ciertas afirmaciones son seguidas por algunos estudiosos.
Las similitudes ideológicas entre las elites tradicionales y los líderes populistas, en la primera mitad del siglo XX, se centraron en la creencia de la existencia de un orden natural en que unos pocos, nacían para dirigir; y otros muchos, para obedecer. Por tanto, existía de forma inherente un orden jerárquico y se dividía en clases sociales. Por otra parte, aunque se trató de secularizar a la sociedad en los aspectos económico y cultural, y no se opusieron a la religión católica. La familia era la institución fundamental para la sociedad. La justicia dependía de la posición social traduciéndose en el trato jerárquico. El paternalismo era un eje de las políticas pues se desconfiaba de las masas, que eran calificadas de primitivas y emotivas, distintas a las sociedades occidentales. Nunca los de abajo gobernarían.
La radio, la prensa y el dialogo directo fueron herramienta usadas por los lideres populistas para consolidar el apoyo popular. Se dirigían a la población renovando el vocabulario de los políticos tradicionales dotando sus discursos de un carácter positivo y moralista, y resaltando los valores positivos del pueblo. Usaron la prensa para divulgar sus ideas usando un lenguaje más sencillo y directo para sus lectores. Viajaron continuamente y realizaban campañas para interactuar con sus bases sociales. No obstante, habría que subrayar que los sectores populares fueron atraídos por demagogia por los líderes, mientras que los grupos medios y altos, requirieron de una ideología más refinada. Es decir, se elaboraron discursos diferenciados para las bases. La novedad en su quehacer político radicó en el respaldo selectivo de las demandas populares en sus programas económicos y sociales.
Una cuestión de gran dificultad es la heterogeneidad de los programas populistas, cuyas ideologías eran superficiales pues se combinaba fragmentos de otras ideologías con cierta tradición en el mundo intelectual ― liberalismo, conservadurismo, nacionalismo y socialismo ―, que servían para justificar los fines políticos de los líderes. Estas ideologías fueron instrumentalizadas para armar el intento reformista, o sea las nociones ideológicas se reinterpretan y se ritualizan.
Esta imprecisión ideológica robusteció la dificultad de identificar a los regímenes populistas como de izquierda o derecha, aunque se puede visualizar que trataron de cambiar las relaciones entre elites y sectores populares, pero sin separarlos ni revolucionar el carácter de su asociación. Por estas características, el status de la retórica populista en las ciencias políticas y en la filosofía es bajo, y además porque no se fundamenta en la conciencia ni en la racionalidad, sino, más bien, en elementos subjetivos; y su definición es negativa, puesto que se conoce lo que no es, pero escasamente lo que es.

3. Apuntes finales

Las materias abordadas en el ensayo han demostrado la heterogeneidad de entradas en las que se puede incursionar para estudiar de forma histórica a los populismos en América Latina. Los estudios de los populismos a pesar de ser múltiples nos brindan herramientas teóricas y empíricas para profundizar la investigación de las realidades latinoamericanas. Por otro lado, las definiciones presentadas acentúan la polisemia de la categoría ― como movimiento, ideología, gobierno y Estado ―. Esta dificultad impone un cierto “rito” para cada investigador que le interese el tema, que consiste en la revisión de las definiciones para evidenciar sus inexactitudes, y a la vez rescatar rasgos comunes para elaborar una nueva definición tras una comprobación empírica. Es un rito obligatorio.
Coincido con Knight en señalar que «el “populismo”, como concepto, es útil en la medida en que nos ayude a ordenar, comparar y comprender la vasta complejidad de la historia. Por lo tanto, preferiría construir mi potencialmente útil “populismo” sobre la base de procesos históricos, más que sobre convergencias historiográficas». No perder la brújula sino concentrarnos en las condiciones históricas concretas y discernir de donde partimos. No estamos salvos de caer en juicios de valor pues somos parte de nuestro tiempo, empero siguiendo los métodos y apelando a la intersubjetividad, se podrá contribuir en la amplia bibliografía.
Del mismo modo, esta breve y rápida revisión expresa algunos linderos que los historiadores podrían seguir para el estudio de los populismos en Latinoamérica, en sus criterios sociales, políticos y económicos. Sin embargo, la amplia variedad de definiciones y perspectivas de los estudios de los populismos nos genera la intranquilidad de la existencia de la posibilidad del conocimiento escaso o superfluo de las realidades de América Latina. Por tanto, nos llama a reflexionar sobre los alcances de nuestros estudios. Indudablemente, tenemos tareas pendientes en nuestras agendas.

BIBLIOGRAFÍA

BRAUN, Herbert
“Populismos latinoamericanos”, en: Historia General de América Latina, Vol. 8, 1999, pp. 371-394.

DI TELLA, Torcuato S.
“Populismo y reforma en América Latina”, en: Desarrollo Económico, Vol. 4, Nº 16, (Ab.-Jun., 1965), pp. 391-425.
"`Partidos del pueblo´ en América Latina. Revisión teórica y reseña de tendencias recientes”, en: Desarrollo Económico, Vol. 22, Nº 88, (En.- Mar., 1983), pp. 451-483.

KNIGHT, Alan
“Populism and Neo-Populism in Latin America, Especially Mexico”, en: Journal of Latin American Studies, Vol. 30, Nº 2, (May, 1998), pp. 223-248.
“Democratic and Revolutionary Traditions in Latin America”, en: Bulletin of Latin American Research, Vol. 20, Nº 2, 2001, pp. 147-186.

LEAMAN, David
“Changing Faces of Populism in Latin America: Masks, Makeovers, and Enduring Features”, en: Latin American Research Review, Vol. 39, Nº 3, (October, 2004), pp. 312-326.

MOISÉS, José Álvaro
“Clases populares y política en Brasil (Notas para una revisión teórica)”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, Nº. 4, (Oct. - Dic., 1978), pp. 1429-1451.

PANIZZA, Francisco y Romina MIORELLI
“Populism and Democracy in Latin America”, en: Ethics & International Affairs, Vol. 23, Nº 1, 2009, pp. 39-46.

PRUD'HOMME, Jean-Francois
“Un concepto evasivo: el populismo en la ciencia política”, en: HERMET, Guy; Soledad LOAEZA y Jean-Francois PRUD'HOMME (Comps.), Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos, México, El Colegio de México, 2001, pp. 35-63.

QUATTROCCHI-WOISSON, Diana
“Les populismes latino-américains à l’épreuve des modèles d’interprétation européens”, en: Vingtième Siècle : Revue d’Histoire, Nº 56, (Oct. – Dic. 1997), pp. 161-183.

SACHS, Jeffrey D.
Social Conflict and Populist Policies in Latin America, Cambridge, National Bureau of Economic Research, 1989. (Working paper No. 2897)

VILAS, Carlos
“El populismo latinoamericano: un enfoque estructural”, en: Desarrollo Económico, Vol. 28, No. 111 (Oct. - Dic., 1988), pp. 323-352.

WEYLAND, Kurt
“Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, en: Comparative Politics, Vol. 34, Nº 1, (Oct., 2001), pp. 1-22.

¿Categoría útil? Perspectivas para el estudio histórico de los “populismos” en América Latina

¿Los gobiernos de Perón en Argentina o de Hugo Chávez en Venezuela poseen rasgos comunes? Según un sector de las Ciencias Sociales, si, para otro, no. El debate gira en torno a la definición y uso de la categoría de los populismos. Se percibe la persistencia de elementos considerados populistas en el devenir de los países de América Latina. Sin embargo, el uso de la categoría en diversos sentidos obstaculiza su definición, además de su existencia en Europa y otros lares del planeta. Dar una definición simple no es tarea fácil. Esto se observa en la lectura de la bibliografía especializada sobre el asunto.
El objetivo del ensayo es rescatar de lo escrito sobre el tema, algunos elementos que puedan enriquecer la investigación histórica sobre este fenómeno. En este sentido, en primera instancia se realizará una revisión de las principales contribuciones sobre la producción bibliográfica de los populismos. En segundo lugar, a partir del análisis de las definiciones de los populismos, se intentará reflexionar sobre ciertos acápites que ayuden al objetivo propuesto, pues la bibliografía del tema es muy amplia y heterogénea, e incluye la expresión de juicios de valor.

1. Breve balance de la bibliografía

Este ítem tiene el fin de evidenciar los intereses de los investigadores sobre el tema de forma cronológica, y la evolución de los temas tratados en torno a los populismos latinoamericanos. Quattrocchi-Woisson nos presenta la introducción de la categoría en América Latina por intelectuales preocupados por diferenciar los gobiernos de esta área de los fascismos europeos de la primera mitad del siglo XX. Su uso por intelectuales prestigiosos y la difusión de la categoría en los medios de comunicación consolidó su presencia en las disciplinas sociales.
Los cincuentas y sesentas fueron décadas fructíferas para el estudio de los populismos de América Latina. Algunos percibían numerosos o escasos cambios en los gobiernos populistas, y otros una continuidad con el régimen oligárquico. Uno de los hitos de debate de estos estudios abarcó la caracterización de los populismos latinoamericanos como fenómenos distintos de otros lugares del mundo. Por ende, Germani, quien estudió el caso argentino, reconoció que estos populismos fueron excepcionales, aunque los insertó en una tendencia generalizada de un movimiento de modernización mundial. Di Tella profundizó la especificidad de los populismos en América Latina realizando una tipología de un movimiento político en búsqueda de modernizar a sus naciones con el respaldo de los sectores populares. Enfocado hacia los países “subdesarrollados”, o del “Tercer Mundo”, Di Tella estudió las condiciones en que surgieron los grupos que participaron en los populismos destacando sus particularidades. Así, la especificidad de las condiciones nacionales permitió el surgimiento de un determinado tipo de populismo.
Asimismo, los estudios clásicos de Germani, Di Tella y Ianni se orientaron a la relación de los populismos con la modernización ― no atendieron la asociación entre democracia y modernidad, y percibían al fenómeno como negativo ―; mientras que, las investigaciones de Cardoso, Faletto y Weffort se interesaron en el desarrollo, siendo el populismo una etapa temporal ― se subrayó el rol de los grupos populistas en las políticas proteccionistas, el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, lo cual era visto como positivo ―.
Surgieron dos corrientes: la culturalista y la materialista. Ambas se desarrollaron en los sesentas y setentas, y dotaron de un carácter latinoamericano al populismo, que era interpretado como una política de continuidad. La primera corriente se enfocó en la influencia de la cultura política en el desenvolvimiento de los populismos. La segunda tendencia se oponía a las interpretaciones esencialistas y ahistóricas, y afirmaba que no existían clases en América Latina pues estas sociedades eran subdesarrolladas, por lo que los lideres populistas se dirigieron al sector de los sectores populares, quienes poseían escasa conciencia de clase.
En los ochentas, las perspectivas económicas sobre el tema se explican por las crisis que experimentaron los países latinoamericanos. La emergencia de gobiernos con ciertos rasgos populistas, el desarrollo de la hegemonía neoliberal y la consolidación de la democracia motivaron que los ochentas y noventas, sobre todo en esta última década, se realizasen nuevas interpretaciones de los populismos. Se inició el uso del término de “neopopulismo”.
También, se realizaron intentos por tipificar a los populismos de forma cronológica. En su libro Populism in Latin America, Conniff divide el devenir de los populismos latinoamericanos en tres periodos: populismo temprano (1990-1930), auge del populismo (1940-1960) y la etapa de los 70’s a la actualidad. En cambio, en el texto Miraculous Metamorphoses, que se orienta por las políticas económicas, se reconocen tres épocas: el populismo clásico (1930-1960), el populismo tardío (1970-1980) y la neoliberalización del populismo (1980-1990).
En general, se identifica la existencia de dos acercamientos metodológicos a la noción de populismos latinoamericanos. Por una parte, algunas investigaciones se preocupan por limitar su estudio en una época y lugar determinado, y así dotar un modelo explicativo coherente al encauzarse en las circunstancias históricas del surgimiento y fortalecimiento del populismo. Por otro lado, algunos se orientan por la búsqueda de rasgos comunes entre los fenómenos definidos como populistas, haciéndose un ejercicio de hermenéutica. Se intentan hacer generalizaciones.

2. ¿Caja de Pandora? Implicaciones del estudio de los populismos

Partiremos de la definición de los populismos desde un clásico artículo sobre el tema escrito por Torcuato Di Tella en 1965, tiempo en que algunos regímenes populistas estaban vigentes. Él considera a los populismos latinoamericanos como «movimiento[s] político[s] con fuerte apoyo popular, con la participación de sectores de clases no obreras con importante influencia en el partido, y sustentador de una ideología anti-status quo».
Desde la definición anterior, los autores posteriores la complementan o rechazan. Weyland, define a los populismos como «una estrategia política caracterizada por la presencia de un líder que apela a grupos heterogéneos de excluidos disponibles para ser movilizados y con los cuales busca establecer vínculos directos». Knight, como «un estilo político. No se relaciona con ninguna ideología, periodo o alianza de clases específica; aun cuando, también sostengo, el estilo llega a ser más efectivo políticamente e históricamente relevante en algunos momentos, lugares y periodos que en otros». De la Torre subraya la ambigüedad ideológica del populismo y reconoce cuatro rasgos: un nosotros/ellos en el discurso, un líder salvador, una alianza de las elites emergentes con los sectores populares, y políticas democráticas inclusivas a través de formas no liberales. Y Drake aumentaría una política económica nacionalista. Estos elementos son importantes para destacar las perspectivas del estudio histórico sobre el fenómeno, los cuales serán desarrollados en los siguientes acápites.
Habría que indicar que, en las últimas décadas, el término neopopulismo surgió para rescatar el ejercicio de ciertas conductas populistas ― relación directa entre los líderes y los sectores populares beneficiados, la manipulación clientelista y el uso de una retórica antipolítica ― en un contexto neoliberal, es decir de reformas económicas. Tanto los neoliberales como los populistas atacan el orden vigente y los sectores intermedios organizados, los primeros para aplicar sus políticas económicas, y los segundos para fortalecer su poder.

2.1. Instituciones

En los treintas y cuarentas, para las elites tradicionales, el Estado se constituía un conjunto de instituciones que posibilitaban la transformación de la sociedad. Para ellos, los populistas percibirían al Estado como una fuerza arbitraria que favorecía a unos y perjudicaba a otros. Sus políticas se regirían por criterios personalistas, combativos e ideológicos, más que por la búsqueda del bienestar colectivo. Así se limitaría el ejercicio de la democracia y aumentaría la corrupción y el clientelismo.
Si seguimos con las instituciones políticas, podemos observar que la interpretación política de los populismos promueve investigar el ejercicio de la soberanía y la participación popular, que se insertan en un tema más extenso: la democracia, especialmente la representativa. Y como el populismo se asocia a aspectos emotivos en la relación de las bases sociales con los líderes, surgiendo el dilema de la relación directa sin intermediación, o la aplicación de las instituciones racionales para erradicar los vínculos emotivos, y es que los populismos y la democracia se fundamentan en ambos ejercicios. Por eso, el asunto se restringe a una materia de dosis y límites.
En sociedades individualizadas, las instituciones de la democracia representativa, como el voto, reflejan la voluntad mayoritaria, que constituye una suma de voluntades individuales. No obstante, en sociedades donde predominan los lazos colectivos, como las latinoamericanas, la democracia representativa refleja esos vínculos. Estas relaciones se orientan por obligaciones de parentesco, clientelismo y corporativismo. Así, en los neopopulismos se usan las prácticas políticas preexistentes. Estas relaciones informales funcionan como un medio para llenar el vacío o las fallas de las instituciones formales posibilitando la consolidación del sistema democrático, aunque puede ocasionar un problema del contrapeso de las instituciones, es decir manipulaciones. También, habría que considerar el desarrollo del acceso desigual a derechos de la ciudadanía y de los bienes públicos, y el peso de lo étnico, que influenció en el fortalecimiento de oligarquías que ejercieron autoritarismo y exclusión frente a las poblaciones indígenas mayoritarias.
La política moderna, principalmente electoral, en América Latina se fundamentó en un fenómeno multiclasista con una ideología ecléctica, y no en una relación directa entre los intereses de clase y la manifestación política. En esta dinámica, es importante para el análisis de los populismos, el reconocimiento de la legitimidad y aprobación ― como el PRI y el APRA ―, o de la ilegitimidad y el rechazo de los sectores sociales involucrados. El manejo de las instituciones es un punto importante en las políticas populistas. Dentro del juego de la legitimidad, es interesante el rol de los regimenes populistas en mantener una tendencia de secularización que se diferenció de un carácter espiritual que las elites tradicionales querían para la sociedad, aunque no se criticó a la religión.
Por otra parte, los partidos populistas fueron la expresión política más visible de estos movimientos. Di Tella elabora una clasificación para los países más subdesarrollados:
1) Partidos integrativos policlasistas. Remarcan las reformas económicas antes que las sociales. Ejemplos fueron el PRI, en México, que tuvo un carácter autocrático y contó con una amplia burocracia; y el Partido Social Democrático y el Partido Trabalhista, en Brasil, que fueron los herederos de Vargas.
2) Los apristas. Partidos fuertemente centralizados y disciplinados, en mayor grado que el tipo anterior. Su modelo es el APRA del Perú. Sus políticas son heterogéneas. Son enemigos de las fuerzas militares.
3) Partidos reformistas militaristas. Se caracterizan por su aspecto autoritario, carismático y emotivo para defender sus intereses. Su grupo trascendental son los militares por la debilidad de la burguesía y las clases medias. Los gobiernos más cercanos al modelos son el de Rojas Pinillas, en Colombia, y Odría, en Perú.
4) Partidos social-revolucionarios. Sus bases sociales principalmente son los obreros urbanos, los campesinos e intelectuales revolucionarios. Los ejemplos latinoamericanos más clásicos son el castrismo y el Movimiento venezolano de Izquierda Revolucionaria.

En los países más desarrollados de América Latina, cono sur, sus condiciones históricas dificultan la aparición de los populismos, siendo más resistentes a los llamados emotivos de los líderes y más predispuestos a relaciones contractuales. Sus sectores medios al ser los principales beneficiados guardan lealtad a los grupos conservadores. No obstante, el peronismo contó con el apoyo popular, militar, clerical y de algunos industriales; quienes eran una parte ilegitima dentro de sus clases, empero la principal fuerza fueron los obreros y fue dirigida por personajes de las elites. En el gobierno, el peronismo se enfocó a las reformas sociales.
El peligro de la tipología descrita líneas arriba, radica en la generalización de la aplicación de la categoría populismos a los diferentes gobiernos latinoamericanos. Por eso, cito a Knight, quien en un estudio señala los caminos por los cuales los países latinoamericanos lograron su ciudadanía en el siglo XX. Dos de los cinco caminos encontrados son calificados de populismos: populismo revolucionario y populismo estatista. No obstante, el autor aclara que usa la noción de populismo en su sentido común, es decir relacionado a movimientos y regímenes de carácter reformista, progresista, nacionalista y democrático, aunque no son totalmente democrático-liberales ni socialistas y usaron las herramientas del sistema capitalista. Sería necesario mencionar que estos caminos definidos por Knight son paralelos a la clasificación de los populismos que hizo Di Tella. La polisemia otra vez es un riesgo para generalizar los hallazgos empíricos.
Al centrarnos en las instituciones nos remitimos, igualmente, a las políticas económicas. Los regimenes populistas redistribuían la riqueza nacional, nacionalizaban las empresas nacionales, protegían el mercado interno y establecían políticas públicas asociadas a beneficios sociales y económicos a favor de los obreros y asalariados. Esto es fortalecer un proceso de modernización. Las elites tradicionales veían como el sistema instaurado por ellos se desmoronaba y los capitales nacionales eran invertidos en grandes cantidades, especialmente, en las pequeñas industrias, en programas sociales y en infraestructura que percibían como poco prioritarios para el desarrollo.
Sin embargo, el respeto por la propiedad privada permaneció incólume pues era un elemento de clasificación y dinamismo social, más bien, las nacionalizaciones y las confiscaciones de tierras fueron un intento de ampliar el número de propietarios para estabilizar la sociedad y fortalecer el mercado nacional. Igualmente estas políticas fueron promovidas por los conflictos con ciertos sectores de sus bases populares, y algunos autores lo consideran como despilfarro.
Sachs define como los “ciclos de políticas populistas”, a aquellas políticas de mercado que se caracterizan por ampliar en demasía las políticas macroeconomicas que provocan una alta inflación y un desequilibrio en la balanza de pagos, de forma frecuente y prolongada generando conflictos sociales por la situación económica. Estas políticas y su aplicación reflejan los intereses de los sectores sociales desde diversos ámbitos, y la inequidad de ingresos. Para él, los populismos llevan a desastres económicos. Más allá de esta impresión, los criterios económicos en el desarrollo de los populismos de América Latina guían el análisis histórico de estos fenómenos, no obstante ciertos investigadores declaran que la matiz económica se ha constituido en la vertiente analítica más débil, en comparación a la tendencia política.

2.2. Actores y movimientos

Cuando nos acercamos a los populismos desde la perspectiva de los actores sociales, encontramos en la literatura especializada la dinámica de los sectores que conforman las sociedades latinoamericanas y que dan soporte y movimiento a los populismos. Algunos sociólogos inciden en la presencia de los incongruentes, quienes se ubican en los sectores altos y medios ― liberales y obreros, lideres sindicalistas, intelectuales y cierto grupo de las elites ―, y poseen numerosas razones para estar descontentos deseando reformas; y de las masas movilizadas y disponibles.
El apoyo de los sectores altos, medios y populares ― incluyendo al ejército y al clero ― a los regímenes populistas de América Latina, se debió, según Di Tella, a la condición de subdesarrollo de estos países ― estando en un nivel intermedio México y Brasil ―, si bien, en el caso de los países desarrollados en este continente ― Argentina, Chile y Uruguay ―, el apoyo de los sectores altos fue nulo o escaso. La conformación de las bases sociales de los populismos varía según las circunstancias del devenir histórico nacional. Son afirmaciones que se tendrían que revisar.
También un sector de los industriales ― dedicados a la producción de bienes de consumo para el mercado interior ― intervinieron en la gestación de los populismos. En la tarea de impulsar el capitalismo en sus respectivos países intentaron consolidar su posición, deseando llegar a los más altos puestos estatales, empero al no tener el apoyo de las elites políticas se unieron implícitamente a los obreros. Al carecer de un partido representativo fueron fortaleciendo su simpatía y apoyo a determinados sectores de la burocracia civil y militar que agenciaron los populismos.
Los nuevos líderes políticos, los populistas, fueron percibidos por la corriente culturalista como simples receptáculos pasivos, ignorantes y de mentalidad tradicional, que recogieron la cultura política patrimonial, jerárquica y mediterránea que se formó en América Latina. Los líderes populistas eran seguidos por las masas populares, y su relación contenía elementos de tipo personal y emocional. Estos líderes poseían la tendencia de tener una larga trayectoria política porque integraron un orden social que nutría sus estrategias políticas. Se identifica que en sus primeros gobiernos realizaron políticas reformistas o revolucionarios, y en los siguientes, enfatizaron en la conservación y profundización del orden, la amplitud de la ciudadanía, y la legitimación de las sociedades. No obstante, algunos estudiosos, no pierden de vista que los lideres populistas comparten ciertos rasgos con lideres tradicionales como la corrupción, el nepotismo y la hipocresía, por lo que no necesitarían de una categorización excepcional. Así, se prefiere denominarlo como un estilo político que permite dinamismo en el análisis histórico de los movimientos, líderes y regimenes relacionados a los populismos.
Los líderes populistas se atribuían un liderazgo natural que no se fundamentó en su «bagaje cultural y su experiencia, sino por quiénes eran y por cómo hacían que otros los siguieran». Tuvieron más éxito en su protesta que en el ejercicio del gobierno, y es que intentaron actuar en el mismo esquema político vigente, en vez de erradicarlo. Aquellos que criticaron a los populismos llegaron a calificar a sus líderes como simples demagogos que no poseían un programa político claro, siendo una fuerza de continuidad más que de reforma. Esto fue parte de las razones de sus fracasos, además de la imposibilidad de captar a la heterogeneidad de los sectores populares un mismo bando político. Y es que no se podía satisfacer a todos.
Aunque la emotividad es un rasgo del populismo, sin embargo, ello no implica que su movimiento no posea racionalidad. Estos movimientos llevan un tipo de mediación que trasciende el vínculo líder-masa ― lo cual no es exclusivo de los populismos ―, que según su crecimiento y longevidad amplían los canales de mando y representación dentro del movimiento. Para Weffort, los populismos significan para los líderes una forma de organización del poder, mientras que, para los sectores populares es una forma de expresión política. Estas afirmaciones son parte de la reflexión del papel de los sectores populares en el populismo, que a veces trascienden estos regímenes. Estos grupos fueron menospreciados por las elites tradicionales, quienes las percibían como pobres, ignorantes y destacaban sus defectos de personalidad en términos del gusto a una gratificación inmediata, la apatía y el desinterés. Las migraciones, las organizaciones sindicales, socialistas y comunistas agudizaron los temores del surgimiento de una inestabilidad social.
La corriente culturalista los vio como grupos que esperaban que les resolvieran sus problemas, en vez de preocuparse por resolverlos por ellos mismos. Por tanto, se constituían en sujetos dependientes de un orden, y se sintieron atraídos por los líderes populistas porque era la primera vez que un sector político los escuchaban. Así, eran un conjunto uniforme de seguidores. Justamente, Moisés critica en los setentas, la visión de los estructuralistas, quienes no rescataron a los sectores populares en su rol de actores históricos, omitiendo mostrar sus intereses y su capacidad para presentar sus anhelos políticos específicos. La visión estructuralista, igualmente, indiferencia las masas de las clases, olvidándose de su heterogeneidad interna y sus formas de articulación, lo que implica un elemento ideológico elitista intrínseco.
Di Tella realizó un trabajo en torno a la participación de los “partidos del pueblo” ― que incluye a la clase obrera, el proletariado marginal, los campesinos y a los sectores menos privilegiados de la clase media ― en la vida política latinoamericana para demostrar el papel activo de estos grupos, más allá de su apoyo pasivo. Se incluye a partidos con características populistas ― populistas de clase media (apristas) y obreros populistas (peronismo) ―, empero, habría que mencionar que este artículo es una actualización de uno citado anteriormente donde se enlista tipos de populismos, que son principalmente los mismos que se citan en este artículo.
Desde el caso brasileño se presenta a los sectores populares como sujetos principales de la riqueza económica nacional, ya sea en calidad de obreros o asalariados del sector servicios. Estos grupos se convierten en objeto de las preocupaciones de los dirigentes estatales para la gestión de los servicios públicos, el centro de atención de los agentes de los medios de comunicación y de los partidos políticos que buscan legitimar sus proyectos. Además de las influencias externas en el desenvolvimiento de los sectores populares, habría que considerar los efectos de la ideología dominante, las autorepresentaciones de sus roles sociales, las instituciones coercitivas y represivas estatales, y el devenir histórico propio. Consideraciones que cada vez más se toman en cuenta en la historiografía política.

2.3. Ideología

La ideología de los líderes tradicionales se centró en la creencia de que existía un orden “natural” en las sociedades latinoamericanas. Los terratenientes y los grupos adinerados asumían que los sectores populares por sus condiciones de pobreza, ignorancia y subdesarrollo no eran capaces de participar activamente en el ejercicio del poder político, que solo podía ser ejecutado por una pequeña elite. Temían la masificación de la política pues consideraban que promovería el caos.
Asimismo, se cuestionó el despojo de sus bienes a las elites tradicionales y se criticó sus políticas económicas, porque creían que ellos merecían su posición social por ser la minoría culta. Reprocharon los beneficios que recibirían los sectores medios y populares, considerando que poseían menos necesidades y no sabrían administrar estos beneficios. Postulaban que el crecimiento económico debía traducirse en ahorro e inversiones y no en consumo, el cual alejaría a las masas de intereses morales y espirituales. El consumo constituía en una demagogia a corto plazo, construyéndose un desastre a largo plazo. Ciertas afirmaciones son seguidas por algunos estudiosos.
Las similitudes ideológicas entre las elites tradicionales y los líderes populistas, en la primera mitad del siglo XX, se centraron en la creencia de la existencia de un orden natural en que unos pocos, nacían para dirigir; y otros muchos, para obedecer. Por tanto, existía de forma inherente un orden jerárquico y se dividía en clases sociales. Por otra parte, aunque se trató de secularizar a la sociedad en los aspectos económico y cultural, y no se opusieron a la religión católica. La familia era la institución fundamental para la sociedad. La justicia dependía de la posición social traduciéndose en el trato jerárquico. El paternalismo era un eje de las políticas pues se desconfiaba de las masas, que eran calificadas de primitivas y emotivas, distintas a las sociedades occidentales. Nunca los de abajo gobernarían.
La radio, la prensa y el dialogo directo fueron herramienta usadas por los lideres populistas para consolidar el apoyo popular. Se dirigían a la población renovando el vocabulario de los políticos tradicionales dotando sus discursos de un carácter positivo y moralista, y resaltando los valores positivos del pueblo. Usaron la prensa para divulgar sus ideas usando un lenguaje más sencillo y directo para sus lectores. Viajaron continuamente y realizaban campañas para interactuar con sus bases sociales. No obstante, habría que subrayar que los sectores populares fueron atraídos por demagogia por los líderes, mientras que los grupos medios y altos, requirieron de una ideología más refinada. Es decir, se elaboraron discursos diferenciados para las bases. La novedad en su quehacer político radicó en el respaldo selectivo de las demandas populares en sus programas económicos y sociales.
Una cuestión de gran dificultad es la heterogeneidad de los programas populistas, cuyas ideologías eran superficiales pues se combinaba fragmentos de otras ideologías con cierta tradición en el mundo intelectual ― liberalismo, conservadurismo, nacionalismo y socialismo ―, que servían para justificar los fines políticos de los líderes. Estas ideologías fueron instrumentalizadas para armar el intento reformista, o sea las nociones ideológicas se reinterpretan y se ritualizan.
Esta imprecisión ideológica robusteció la dificultad de identificar a los regímenes populistas como de izquierda o derecha, aunque se puede visualizar que trataron de cambiar las relaciones entre elites y sectores populares, pero sin separarlos ni revolucionar el carácter de su asociación. Por estas características, el status de la retórica populista en las ciencias políticas y en la filosofía es bajo, y además porque no se fundamenta en la conciencia ni en la racionalidad, sino, más bien, en elementos subjetivos; y su definición es negativa, puesto que se conoce lo que no es, pero escasamente lo que es.

3. Apuntes finales

Las materias abordadas en el ensayo han demostrado la heterogeneidad de entradas en las que se puede incursionar para estudiar de forma histórica a los populismos en América Latina. Los estudios de los populismos a pesar de ser múltiples nos brindan herramientas teóricas y empíricas para profundizar la investigación de las realidades latinoamericanas. Por otro lado, las definiciones presentadas acentúan la polisemia de la categoría ― como movimiento, ideología, gobierno y Estado ―. Esta dificultad impone un cierto “rito” para cada investigador que le interese el tema, que consiste en la revisión de las definiciones para evidenciar sus inexactitudes, y a la vez rescatar rasgos comunes para elaborar una nueva definición tras una comprobación empírica. Es un rito obligatorio.
Coincido con Knight en señalar que «el “populismo”, como concepto, es útil en la medida en que nos ayude a ordenar, comparar y comprender la vasta complejidad de la historia. Por lo tanto, preferiría construir mi potencialmente útil “populismo” sobre la base de procesos históricos, más que sobre convergencias historiográficas». No perder la brújula sino concentrarnos en las condiciones históricas concretas y discernir de donde partimos. No estamos salvos de caer en juicios de valor pues somos parte de nuestro tiempo, empero siguiendo los métodos y apelando a la intersubjetividad, se podrá contribuir en la amplia bibliografía.
Del mismo modo, esta breve y rápida revisión expresa algunos linderos que los historiadores podrían seguir para el estudio de los populismos en Latinoamérica, en sus criterios sociales, políticos y económicos. Sin embargo, la amplia variedad de definiciones y perspectivas de los estudios de los populismos nos genera la intranquilidad de la existencia de la posibilidad del conocimiento escaso o superfluo de las realidades de América Latina. Por tanto, nos llama a reflexionar sobre los alcances de nuestros estudios. Indudablemente, tenemos tareas pendientes en nuestras agendas.

BIBLIOGRAFÍA

BRAUN, Herbert
“Populismos latinoamericanos”, en: Historia General de América Latina, Vol. 8, 1999, pp. 371-394.

DI TELLA, Torcuato S.
“Populismo y reforma en América Latina”, en: Desarrollo Económico, Vol. 4, Nº 16, (Ab.-Jun., 1965), pp. 391-425.
"`Partidos del pueblo´ en América Latina. Revisión teórica y reseña de tendencias recientes”, en: Desarrollo Económico, Vol. 22, Nº 88, (En.- Mar., 1983), pp. 451-483.

KNIGHT, Alan
“Populism and Neo-Populism in Latin America, Especially Mexico”, en: Journal of Latin American Studies, Vol. 30, Nº 2, (May, 1998), pp. 223-248.
“Democratic and Revolutionary Traditions in Latin America”, en: Bulletin of Latin American Research, Vol. 20, Nº 2, 2001, pp. 147-186.

LEAMAN, David
“Changing Faces of Populism in Latin America: Masks, Makeovers, and Enduring Features”, en: Latin American Research Review, Vol. 39, Nº 3, (October, 2004), pp. 312-326.

MOISÉS, José Álvaro
“Clases populares y política en Brasil (Notas para una revisión teórica)”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 40, Nº. 4, (Oct. - Dic., 1978), pp. 1429-1451.

PANIZZA, Francisco y Romina MIORELLI
“Populism and Democracy in Latin America”, en: Ethics & International Affairs, Vol. 23, Nº 1, 2009, pp. 39-46.

PRUD'HOMME, Jean-Francois
“Un concepto evasivo: el populismo en la ciencia política”, en: HERMET, Guy; Soledad LOAEZA y Jean-Francois PRUD'HOMME (Comps.), Del populismo de los antiguos al populismo de los modernos, México, El Colegio de México, 2001, pp. 35-63.

QUATTROCCHI-WOISSON, Diana
“Les populismes latino-américains à l’épreuve des modèles d’interprétation européens”, en: Vingtième Siècle : Revue d’Histoire, Nº 56, (Oct. – Dic. 1997), pp. 161-183.

SACHS, Jeffrey D.
Social Conflict and Populist Policies in Latin America, Cambridge, National Bureau of Economic Research, 1989. (Working paper No. 2897)

VILAS, Carlos
“El populismo latinoamericano: un enfoque estructural”, en: Desarrollo Económico, Vol. 28, No. 111 (Oct. - Dic., 1988), pp. 323-352.

WEYLAND, Kurt
“Clarifying a Contested Concept: Populism in the Study of Latin American Politics”, en: Comparative Politics, Vol. 34, Nº 1, (Oct., 2001), pp. 1-22.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DEL REGIONALISMO EN LA HISTORIA LATINOAMERICANA?

El regionalismo es entendido como un principio organizador que no solo implica criterios de territorio y de gestión en América Latina, sino que involucra los ámbitos político, social y económico de la historia del espacio regional y su población, denotando la interrelación de actores, intereses y procesos en su interior y con entidades nacionales. Además, la región es una construcción social en la historia y se caracteriza porque puede ser comparada y variable (Taracena, 1999: 28-29).
Este principio está estrechamente relacionado a otras nociones como: centralismo y descentralización. El primero consiste en un régimen político y económico que genera jerarquías del territorio, las cuales forman e integran al país. Se distingue un espacio central y otros periféricos diferenciándose por su cultura, demografía y economía. Su contraparte sería el descentralismo, que es en un sistema que promueve igualdad entre las partes que forman el espacio territorial, y que gozan de una cierta autonomía económica y política, mostrando escasas diferencias demográficas y tienen una comunicación abierta con el mundo. Aunque, existe un centro político, su rumbo no es decidido por éste (Contreras, 2002: 6).
Es preciso señalar que, la descentralización posee un uso ambiguo en la vida cotidiana de la política latinoamericana al confundirse la desconcentración y la descentralización. El primero se refiere a ceder cierta capacidad de decisión de uno de mayor jerarquía a otro de menor nivel, dentro de un mismo organismo. Mientras, el segundo, se fundamenta en otorgar decisión a otro ente al reconocerle una personalidad jurídica, recursos y una normativa propia (Boisier, 2004: 29).
Habría que indicar que, la tradición centralista no es percibida como una forma de constitución o de ser latinoamericano, sino, más bien, se lo identifica como un mal que debe eliminarse (Contreras, 2002: 5). Así, surge la pregunta: ¿América Latina posee una tradición centralista en su historia, o es un problema específico de la etapa republicana? (Contreras, 2002: 6). Algunos creen en la segunda afirmación, al mencionar que las formas centralistas surgieron en la etapa de la construcción de Estados nacionales (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24). Incluso, el premio nobel de economía Douglas North mencionó que la centralización o descentralización fue un elemento muy importante en el desarrollo económico y político de la América anglosajona y la América Latina (Revez, 1998: 49). Y en la actualidad, el regionalismo cobra importancia porque los Estados afrontan fenómenos sociales relacionados con el tema como los procesos de descentralización, el énfasis de la globalización económica y la privatización de activos estatales; los cuales afectan en su rol en el desarrollo, la democracia y la distribución de servicios (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24).
Ante todo esto, la pregunta central de nuestro ensayo gira en torno a reconocer los factores del regionalismo que fueron importantes para la historia de América Latina. De ahí, la relevancia de las nociones señaladas líneas arriba para el desarrollo del estudio.

Regionalismo y la estructura política latinoamericana
El tema del centralismo como elemento problemático es asociado al atraso social y económico en las diferentes realidades latinoamericanas, motivando el surgimiento de numerosos proyectos gubernamentales que han tratado de gestionar la descentralización, especialmente en los siglos XIX y XX. Estos proyectos se han presentado en diferentes tiempos, sin embargo, tuvieron malos diagnósticos ― no se establecieron correctamente las causas y su naturaleza ―, y por ende, persistieron los males (Contreras, 2002: 5). El centralismo en sus formas organizativas se ejecuta en el Estado, la sociedad, la economía pública y privada, las instituciones públicas y los partidos políticos, los sindicatos y los gremios capitalistas (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24).
La tradición centralista en América Latina iniciaría en el proceso de conquista y el establecimiento administrativo de las monarquías ibéricas sobre el continente americano. De manera progresiva, la burocracia colonial se amplió, restringiendo cada vez más las autonomías locales y la influencia de los sectores sociales. El fortalecimiento de la centralización fue poco a poco (Contreras, 2002: 7-8) continuando durante la etapa republicana, y se reconfiguró según el desarrollo nacional de cada país y región.
Claudio Véliz (1984: 15-16) atribuye a cuatro factores la tradición centralista de América Latina y que son distintos al mundo occidental: 1) la ausencia de la experiencia feudal en la experiencia latinoamericana, 2) la ausencia de la división religiosa dándose el establecimiento de la religión dominante, 3) la ausencia de un fenómeno análogo a la Revolución Industrial, y 4) la ausencia de los aspectos del desarrollo ideológico, social y político relacionados a la Revolución Francesa que transformaron el carácter social europeo en los últimos siglos.
Sergio Boisier (2004: 30-31) añadió otro más, especialmente para el mundo andino: el inquilinaje campesino, que nació con la encomienda hispana, sujetando a la mayoría de la población en una relación servil, en el cual el campesino se sometía al patrón de la hacienda, teniendo éste la figura de padre-patrón. El sistema se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX, y luego comenzó un proceso intenso de migración interna ― del campo a las ciudades ― dentro de un proceso de industrialización incipiente que no fue unido a otro de educación cívica que les diera pautas para enfrentar un mundo urbano e industrial. El Estado reemplazó la figura del hacendado convirtiéndose en el padre-Estado. Si a esto, le sumamos la tendencia de corrupción, clientelismo y de enorme y lenta burocracia de los estados latinoamericanos se puede identificar las grandes dificultades en el logro de la democracia y desarrollo (Revesz, 1998: 53).
En general, en América Latina, la centralización fue un mecanismo político usado para fortalecer la construcción de un Estado-Nación (Boisier, 2004: 30), el cual asumió el rol de proveedor de servicios y recursos ante las necesidades de las poblaciones, incluyendo la gestión de proyectos e inversiones; no obstante, falló en combatir las desigualdades sociales, que en ciertos países es muy grande, lo cual evidencia la perdida de eficiencia y legitimidad de la gestión estatal y la incapacidad de las instituciones gubernamentales de actuar en todo el territorio nacional (Revesz, 1998: 50-51).
La eliminación del centralismo fue uno de los primeros temas de debate abordado por los gobiernos republicanos. La lucha por la descentralización se plasmó en los debates de los Congresos, en los cuales, senadores y diputados trataban de defender los intereses de sus localidades. Esto, igualmente, se trasladó en la elaboración y discusión de las diversas constituciones, las cuales, poseían en su contenido la estructura de la división territorial y sus respectivos gobiernos locales (Contreras, 2002: 14). Justamente, el centralismo se ha fundamentado en una base constitucional y legal en diferentes países latinoamericanos (Revesz, 1998: 61-79).
Según las leyes, en Latinoamérica existen dos clases de estados sobre la base del centralismo. Uno es el Estado Unitario, que es indivisible, y posee una única Constitución que garantiza la soberanía nacional y una estructura centralizada o instituciones con cierta autonomía. El otro, es el Estado Federal, el cual se organiza en un conjunto de estados y posee dos ordenamientos constitucionales ― uno es la Constitución de la Unión, y la otra la Constitución de cada estado ― y su respectivo poder ejecutivo (Gobernador), poder legislativo (Legislatura) y poder judicial (Corte Suprema Provincial) como se aplica en México, Argentina, Brasil y Venezuela (Planas, 1998: 19-20).
Uno de los primeros debates políticos en los países latinoamericanos fue la decisión de adoptar el federalismo o el unitarismo. Quienes se opusieron al federalismo, argüían que no existían elites capaces de gobernar sus localidades de forma autónoma, por lo que se trató de establecer un tutelaje por parte del Estado central sobre las gestiones locales (Contreras, 2002: 21). La admisión del sistema federalista fue influenciada por la distribución de funciones y dependencias estatales, el desarrollo del mercado y el sistema político nacional que afectaron, a su vez, la integración política y económica al resto de los países latinoamericanos (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24). El establecimiento de un sistema federalista no garantizó condiciones igualitarias de recursos, por eso que han surgido numerosas demandas desde las regiones o estados por la carencia de equidad y justicia en los presupuestos nacionales, los cuales, en general, benefician a las elites económicas, políticas y/o culturales.
Las Constituciones fueron relevantes para el fortalecimiento de los países latinoamericanos como Estado-Nación, o Estado-territorialidad ¬— pues la formación de las unidades políticas de América Latina del siglo XIX tuvo como eje, principalmente, la conducta política de sus territorialidades —. Las Constituciones federales funcionaron como un instrumento político que ejercía un tipo particular de consenso y coacción, expresado en polos que iban de la arbitrariedad y violencia militar más directa hasta la construcción de pactos informales generadores de nuevos equilibrios políticos. Además, estas constituciones son las que mejor pueden conservar la diversidad de sus integrantes, y a la vez, motivar dinámicas homogeneizadoras ― en el aspecto social, demográfico, cultural y gubernamental ¬¬¬¬¬¬¬— que permitan la existencia política evitando los conflictos en lo posible (Arroyo, 2000: 360-365).
En Argentina, la constitución funcionó como un mecanismo creador, conservador y garante de existencia política, y al mismo tiempo, como un instrumento para controlar a la oposición. En Brasil, permitió la convivencia de un fuerte centralismo político y la existencia de diversos cacicazgos locales, y ambas fuerzas facultaron la creación del estado nacional. En México se dio una combinación de las dos experiencias previas (Arroyo, 2000: 367-371).
Por otra parte, el Estado unitario admite diversas formas de descentralización, mediante organismos autónomos, que se especifican por su territorialidad intermedia ― entre municipalidades provinciales y el gobierno central ―, una facultad normativa, una independencia económica y administrativa, y su condición electiva o representativa. Estas potestades fueron otorgadas por la Constitución del país o una Ley de descentralización (Planas, 1998: 20), cuya aplicación ha sufrido avances y retrocesos en la historia latinoamericana como se evidenció en Colombia, Bolivia y Perú con las instituciones municipales a través de las leyes de municipalidades y las constituciones en los ochentas y noventas (Revesz, 1998: 52).
Para profundizar la problemática de la descentralización, debemos considerar que comprende la aplicación del principio de subsidiaridad, el cual se basa en que cada organización social es capaz de participar en su propio espacio funcional y/o territorial, dejando a las de mayor jerarquía aquellas políticas que sean propias del bienestar general o tecnológico (Boisier, 2004: 28). La descentralización no garantiza de forma inherente condiciones democráticas sino existen las condiciones sociales adecuadas, llegando incluso a fortalecer mecanismos oligárquicos y clientelistas o ser compatible con regimenes autoritarios (Boisier, 2004: 30). Igualmente, debemos aclarar que el par centralización/descentralización no constituye una dicotomía absoluta sino un par de polos entre los cuales se desenvuelve una serie de situaciones influenciadas por las coyunturas y condiciones sociales, pues, igualmente, depende del contrato social entre el Estado y la sociedad civil (Boisier, 2004: 28).

Regionalismo y los alcances económicos y gestionarios en América Latina
La tradición centralista, también, contribuyó en la formación de mercados internos a través del desempeño de ciertas actividades económicas que producían mayores beneficios. La disposición de la mano de obra y el acceso a los insumos y los capitales fueron regulados, de alguna manera, por los funcionarios. Al mismo tiempo, la dificultad de los medios de transporte servía de protección de los polos económicos regionales (Contreras, 2002: 8-9). El centralismo económico y social promovió la carencia de inversiones en diferentes localidades que no fueron centros económicos, por lo que, estos lugares poseen un insuficiente desarrollo, una escasa o nula articulación con los mercados de la región y del exterior, y un mínimo o nulo desenvolvimiento científico y tecnológico y de recursos humanos (Restrepo y Cárdenas, 2004: 34-35). La dinámica económica exterior ha sido un referente importante en el desenvolvimiento de las economías locales y el cumplimiento de las necesidades de las poblaciones (Restrepo y Cárdenas, 2004: 35).
En este punto, fue relevante la participación de las elites regionales que han construido redes comerciales y han creado una circulación interna de producción y comercio que les habilita el control de la economía expandiendo su influencia y participación a mercados más amplios, y hasta mediados del siglo XX tuvo una forma corporativa y oligárquica. Asimismo, su estatus se consolida con las alianzas matrimoniales, el ejercicio de cargos públicos y su relación cercana con las elites eclesiásticas. Este grupo reproduce y recrea una identidad regional (Taracena, 1999: 30-31).
Durante la época independentista, América Latina no tuvo ciudades dominantes sobre otras por la dinámica política y económica que se formó en el interior de cada país. La predominancia de unas sobre otras fue un proceso que emergió en el periodo republicano. Incluso, la decisión de las ciudades fronterizas de aunarse a un país u otro fue importante para la historia de cada país (Contreras, 2002: 13). No olvidemos, que las migraciones externas e internas han sido un elemento trascendental en la construcción de las ciudades latinoamericanas. En ciertos países federales, se han construido modelos de desarrollo y administrativos entre ciudades, en las cuales las elites económicas del sector privado se han destacados en el sostenimiento de las demandas de la población local (Restrepo y Cárdenas, 2004: 39-40). Las diferencias entre las ciudades y el campo y la disposición regional se tradujeron en la presencia de las instituciones gubernamentales en las localidades, la dinámica de las relaciones fiscales en los distintos niveles de gobierno, el mapa político del territorio nacional y la economía geográfica del país.
La recaudación de impuestos es un tema importante en el desarrollo del regionalismo pues depende de la dinámica económica del contexto, y la estructura y gobierno de las localidades, que responden a una tendencia centralista o descentralizada, o actuan de forma contraria a la orientación gubernamental (Contreras, 2002: 14, 15-16). Actualmente, es necesaria la distribución de los ingresos fiscales sobre la base de los impuestos de la renta y sus derivados, además de su proporción según el PBI local (Restrepo y Cárdenas, 2004: 42).
Las políticas públicas adoptan un rasgo homogeneizador territorial que se denota en no atender los enfoques, las necesidades, las potencialidades y agendas políticas de las regiones. En la dinámica territorial de los países latinoamericanos surgen diversas demandas que reclaman una mayor autonomía del centro, que se reflejaría en la distribución de la riqueza nacional, la mayor libertad de asignación de recursos locales, la participación en temas de interés nacional y la autodeterminación de sus políticas locales (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24-25). La distribución del gasto, también, posee un criterio territorial al dedicarse a satisfacer las necesidades sociales de las regiones, especialmente en términos de salud y educación ― siendo otros: el saneamiento ambiental, las viviendas y la infraestructura local ―, cuya satisfacción depende de los recursos fiscales y administrativos locales y de las prioridades del gobierno central (Restrepo y Cárdenas, 2004: 27-30). Otro de los temas que los gobiernos locales deben atender es el orden publico, que en el ámbito latinoamericano, se convierte en un problema delicado por la dinámica política y social que poseen como es el caso de Colombia (Restrepo y Cárdenas, 2004: 31-32).
La necesidad de plantear políticas de desarrollo que permitan el bienestar general de las poblaciones latinoamericanas involucra abandonar el planteamiento y la ejecución de políticas que consideren la homogeneización de los territorios, las cuales generan normativas indiferenciadas. Además, de evitar la determinación de causas y políticas desde perspectivas centralistas. Las regiones reclaman una mejor distribución de los ingresos fiscales (Restrepo y Cárdenas, 2004: 24-25). Es imprescindible, buscar el mayor acercamiento entre las regiones en términos de mercados, instituciones técnicas de regulación, formulación de políticas económicas y sistemas representativos (Restrepo y Cárdenas, 2004: 43). Sin embargo, estas exigencias se constituyen en demandas descentralizadoras que no poseen una base de prácticas históricas por la velocidad de la dinámica globalizadora, en la cual el conocimiento se entrecruza con la descentralización y el desarrollo regional. Para tener éxito Boisier (2004: 33) afirma que es necesario construir un nuevo esquema cognoscitivo, que debe fundamentarse en dos formas: el conocimiento estructural, que parte de que todo territorio organizado es un sistema abierto y complejo; y el conocimiento funcional, que permite comprender e identificar las causas y la dinámica de los procesos de cambio más importantes: el crecimiento económico y el desarrollo social.

Conclusiones
Este pequeño ensayo identifica los elementos del regionalismo que fueron importantes para la historia latinoamericana. Estos elementos se desenvolvieron en el campo político, social y económico de cada región y país de América Latina. Se caracterizan por su diversidad y su aporte particular a la configuración nacional a lo largo de su historia. En la actualidad, el regionalismo es un asunto de interés público por sus implicancias en el desarrollo del bienestar de las poblaciones, emergiendo numerosas propuestas que intentan combatir las condiciones que promueven la desigualdad social y económica entre los sectores que integran las sociedades nacionales de América Latina.

BIBLIOGRAFIA

Arroyo, Israel
“El péndulo: Consenso y coacción a través de la intervención federal en México, Brasil y Argentina”, en: Ricardo Forte y Guillermo Guajardo (Coords.) Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina, México DF: Colegio de México, Colegio Mexiquense, 2000, 359-387.

Boisier, Sergio
“Desarrollo territorial y descentralización. El desarrollo en el lugar y en las manos de la gente”, en: Eure. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano y Regionales, Vol. 30, Nº 90 (Set.), 2004, 27-40.

Contreras, Carlos
El centralismo peruano en su perspectiva histórica. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2002.

Planas, Pedro
La descentralización en el Perú republicano (1821-1998). Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, 1998.

Restrepo, Darío y Raúl E. Cárdenas
“Crisis del centralismo y nuevos retos para las entidades territoriales: una mirada desde Colombia”, en: Cuadernos del CENDES, Año, 21, Nº 57 (Set.-Dic.), 2004, 23-54.

Revesz, Bruno
“Avances y retrocesos de la descentralización territorial y política en Colombia, Bolivia y Ecuador”, en: Bruno Revesz (Ed.) Descentralización y gobernabilidad en tiempo de globalización. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1998, 49-85.

Reynoso, Diego
“Las dos dinámicas de la transición mexicana”, en: Revista Mexicana de Sociología, Vol. 64, Nº 1 (En.-Mar), 2002, 3-30.

Taracena, Arturo
“Región e Historia”, en: Desacatos, Nº 1 (primavera, 1999, 28-35.

Véliz, Claudio
La tradición centralista de América Latina. Barcelona, Editorial Ariel, 1984.

Construyendo la nación mexicana. Discursos de los defensores de la Iglesia en la folletería de 1840

La configuración política de México en la primera mitad del siglo XIX, tuvo como uno de sus componentes principales a la iglesia católica y su clero. Los actores políticos de este tiempo fueron diversos y provenían de diferentes sectores sociales. Participaron en el campo político mediante la negociación, la fuerza, las leyes y reglas vigentes como el Estado. El clero, que era un grupo heterogéneo, intervino en diferentes aspectos de la política ― cargos públicos, influencia en los poderes locales, difusión de ideas desde el púlpito, entre otros ― usando los recursos que poseían a la mano para lograr sus objetivos colectivos e individuales.
Por otra parte, el desarrollo de la relación entre el Estado e Iglesia tuvo una particular dinámica después de la independencia. Las bases de convivencia entre ambas instituciones se redefinieron en el siglo XIX, aunque adquirieron una relativa estabilidad después de la Reforma. En la primera mitad de este siglo, surgieron numerosos conflictos por políticas que involucraron directamente el manejo y bienes de la iglesia católica. En este contexto durante la década de 1840, influyó en estos temas con sus posturas difundidas hacia la “opinión pública”, ya desde el púlpito, el confesionario o de la prensa. A pesar del incremento de personas laicas letradas, el clero continuó siendo un grupo significativo en el escenario político de México.
En este estudio nos centraremos en el análisis de nueve folletos de esta década que pertenecen a la colección Lafragua. El análisis se enfoca en los principales tópicos de las respuestas que dieron el clero y algunos laicos en la defensa de los intereses de la Iglesia frente a las reformas que pretendió establecer los gobiernos de turno; los cuales pautaron la configuración de la nación mexicana. Para clarificar el análisis se optó por dividir el estudio en tres acápites: la relación Estado-Iglesia, el proceso de secularización y los bienes eclesiásticos.

1. RELACIÓN ENTRE ESTADO E IGLESIA
El regalismo fue una ideología que dominó las relaciones entre Estado e Iglesia con mayor fuerza desde el siglo XVIII, y en especial con la aplicación del proyecto borbónico. La noción de que el soberano terrenal poseía amplios poderes en la regulación de las actividades eclesiásticas influenció en las políticas, leyes y discursos de los gobiernos republicanos en México. Aunque, a la vez, el clero podía usar argumentos de la misma base ideológica, y es que la génesis de las ideas democráticas y republicanas posee un fundamento ideológico en la historia de la filosofía cristiana.
En los discursos de los folletos estudiados que defienden a la Iglesia, se puede identificar el proyecto de comprender a México como una nación católica, una gran familia que poseía como referentes a los patricios fundadores de la independencia. Los integrantes debían regular sus actividades según el ejemplo de estos patricios. Además, el clero involucró a la minoría de mexicanos que poseían experiencia administrativa y cualidades de retórica para comunicar las ideas a la “opinión publica”, lo que se convertiría en un peligro para los funcionarios civiles, quienes atacarían sus privilegios.
En este sentido, el obispo de Michoacán, Clemente Munguía, quien tuvo una prolífica vida académica en su localidad y una larga experiencia política en el clero como la mayoría de los obispos que redactaron los folletos analizados, expresó:
«la pretendida independencia en que se ha querido suponer á la tierra respecto del cielo, es el mas funesto delirio que ha podido imaginarse entre los hombres; que salirse del órden espiritual es fabricar en el aire, ó cuando ménos sobre una arena movediza; que buscar los caracteres legítimos de este órden saliéndose del influjo de la gracia y la fe, será siempre divertirse con quimeras, y que no habiendo alianza entre la razon y la fe, entre la voluntad y la gracia, fuera del principio católico, el cristianismo no ha dejado de ser un solo instante la forma legítima de la sociedad moderna, y la única real y positiva de sus instrucciones políticas».

Se resaltó el daño que la Iglesia recibía por las ideas revolucionarias que surgieron en Francia. Para el obispo de Puebla, y otrora enviado extraordinario y ministro plenipotenciario al Vaticano, estas nociones perjudicaban al culto y a sus ministros. Un filósofo español cuyo folleto fue publicado en México subrayó el peligro de estos ataques que podían generar un rompimiento del orden vigente, y la tendencia hacia la inestabilidad social. Definitivamente, un asunto que preocupaba a gobernantes y gobernados por el ambiente de desorden que se experimentó en las primeras décadas de la república mexicana.
Igualmente, los defensores de las materias eclesiásticas destacaron la importancia de la iglesia católica en la sociedad. Algunos resaltaron su función en la conservación del orden: «Mandad que el mundo trastornado recobre su aplomo, calmad sus trastornos, volvedle la serenidad, curad las heridas de vuestro pueblo, y cambiad en gozo perdurable los dolores y las amarguras que tan lastimosamente le han conturbado». Otros indicaron la búsqueda del bienestar colectivo: «Es verdad que el objeto principal de la Iglesia es la salud eterna de las almas, que es un fin espiritual».
El obispo de Guadalajara, Diego de Aranda, , quien fue nombrado en tiempos pasados como representante en las Cortes de Cádiz, destacó que la iglesia católica se dedicaba al culto divino, que producía bienestar colectivo porque permitía que los humanos consiguieran «la verdadera y sólida felicidad por la que suspira siempre nuestro pobre corazón». Indicó que entre los más importantes deberes del clero se encontraba «instruir á los ignorantes, sostener á los débiles, y llamar, con toda la ternura de nuestro afecto, á los extraviados, haciendo entender á todos la necesidad en que se hallan de observar los preceptos de la Iglesia, y lo que deben temer justamente si los quebrantan ó desprecian».
Juan Cayetano Gómez de Portugal, obispo de Michoacán quien anteriormente había renunciado a su cargo de ministro de Justicia en 1834, y su cabildo señalaron su preocupación por una supuesta perdida de poder de la Iglesia, que se vinculó a la privación de sus bienes. Por eso, declaró:
«Si solo se tratara de algun punto de pormenor, de alguna dificultad secundaria, ó de la simple falta de proteccion de las leyes á la Iglesia, hubiera seguido observando la conducta que hasta aquí, de resignarme con lo presente y lamentar en silencio la llegada de un tiempo en que el principio religioso había dejado de influir en la marcha de la política, en el establecimiento, ejecucion y aplicacion de las leyes».

Este cambio de actitud del Estado con respecto a su tendencia proteccionista en la época colonial, fue un llamado de atención del peligro de convertir a la religión católica en un mero instrumento estatal, cuando se constituía en una herramienta de cohesión y continuidad social, ayudando al Estado el transferir la lealtad del pueblo a la república. Así, el obispo de Michoacán señaló:
«Para decretar la ocupacion de los bienes de la Iglesia, era preciso declararlos nacionales, y para declararlos nacionales, torcer la política y abjurar la religion. […] No hai duda, Sr. Exmo., es necesario abjurar la religion, ó considerarla cuando menos como un mueble de acomodamiento arbitrario en el edificio de la sociedad, para dictar semejantes medidas; porque estando los bienes de la Iglesia consagradas á Dios, declararlos nacionales, ó decir que no tienen dueño, es tener á Dios como una quimera».

Por un lado, el obispo de Michoacán denunció el ataque a la Iglesia, y por otro lado, se situó en el régimen republicano indicando que su voz representó la de un sacerdote y la de un ciudadano. Afirmó que:
«Lejos de obrar por un principio anti-social, que no se me atribuiría son grande injusticia, yo seré el primero que manifieste el profundo respeto que me inspiran las autoridades de la nacion, á quienes debo, como todo ciudadano, una grande obediencia en todo aquello que versa en el órden civil y gira dentro de la órbitra de sus propias atribuciones».

Por ende, se recurrió al rol de los patricios fundadores de la independencia y es que según un prestigioso jurista conservador, quien fue diputado y senador por México y Puebla, llamó la atención del éxito de la independencia porque se garantizó la defensa de la iglesia católica. Lo que se expresó en las siguientes palabras:
«Y ¿podrá esto establecerse en una sociedad cristiana é ilustrada, y que hizo su independencia proclamando ante el cielo garantir la religion, y constituyendo á ésta por primera de las garantías, ó mejor dicho de los objetos garantidos? ¿Serán éstas las leyes que la protejan? ¿Hay alguno que sobrelleve el que se ataque, v. gr., su honor con tal que se haga indirectamente?».

El obispo de Guadalajara utilizó en su defensa de la Iglesia a algunos símbolos republicanos. Señaló:
«¡Ah! Celebramos con entusiasmo los acontecimientos memorables de la patria…¿y no celebrarémos, los de nuestra santa religion? … recordamos con placer los dias en que se proclamó nuestra libertad…¿y no recordarémos aquellos en que se despedazaron las ominosas cadenas de nuestra servidumbre con el demonio, y en que se declaró la libertad de los hijos de Dios?...hacemos memoria de los héroes de la república…¿y olvidarémos aquellos que la Iglesia venera, y cuyos hechos son más ilustres, más gloriosos? ¡Fieles! La iglesia nos manda la santificación de sus fiestas, y nosotros debemos obedecerla con la docilidad propia de hijos para con una madre que se interesa tanto por nuestro bien, y con las mas vivas ansias suspira por nuestra felicidad».

Además, se criticó a los resultados obtenidos por los gobiernos humanos. El obispo de Michoacán mencionó cuatro factores que promovían el desorden: la difusión de los discursos liberales en los sectores populares, la construcción de la sociedad desde los movimientos sociales y la “razón”, la creación de un orden desde una lógica de los intereses, y el mantenimiento del orden social amparado en la fuerza militar. Según su perspectiva, lo que se logró fue un mundo gobernado por el caos. Esto sucedía porque se olvida de Dios, quien es el único ser que puede garantizar un orden. Es mas, la persistencia del caos empeoraría «miéntras los filósofos y los políticos le tengan declarada la guerra al cielo».
Se reconoció que el conflicto con la Iglesia provenía de dos ideologías: la reforma y el socialismo. Ambos eran: «dos monumentos colosales que el orgullo del espíritu humano ha erigido en sus aberraciones sobre las dos extremidades de tres siglos, como un punto de partida y un término necesario: los errores tienen su lógica y las turbulencias una filiacion reconocida».
Sin embargo, esta situación podía cambiarse, según Munguía, porque la política y la Iglesia no necesariamente estaban separadas, e incluso se remarcó que:
«El catolicismo creó, pues, una condicion esencialísima de conservacion para la sociedad moderna. Esta, por la lei de su naturaleza progresiva y perfectamente desarrollada, es política, y no puede ser otra cosa, así como la religion es católica, y no puede ser otra cosa: lo político y lo católico son dos ideas paralelas, y que han de marchar siempre paralelas, quiérase o no: porque el movimiento de las ideas, y la fuerza espansiva de las cosas son independientes de la voluntad humana. […] La Iglesia no es de este mundo, pero está en este mundo: la sociedad civil no es del cielo, pero va para el cielo».

Otra vez surgió la idea de la nación católica. Era necesario fortalecer la idea de que la Iglesia y su clero eran actores principales en la política mexicana, debiendo tener voz y voto en las instituciones representativas del Estado, lo que también se explica por el requerimiento de conocer las políticas contrarias a los intereses de la Iglesia.
En el mismo sentido que el autor anterior, el jurista Rodríguez de San Miguel criticó un proyecto de constitución en 1842 expresando algunas ideas sobre la relación entre Estado e Iglesia. Mencionó: «Es pues necesario que ni en lo público ni en lo privado se permita obrar contra ella [religión del estado] y su sagrado objeto, mirándose como unos mismos los intereses de la religion y los del estado».
El obispo de Puebla reconoció que las políticas en contra de la iglesia católica se dieron anteriormente, sin embargo, justificaron su silencio porque no querían que sus voces no fueran interpretadas como respuestas a un “sórdido interés”. Esta idea también fue mencionada por el obispo de Guadalajara en el mismo año. Algunos prelados se lamentaron al «ver el estremo á que han llegado las pasiones, y los vicios que degradan tanto y envilecen al hombre, no menos que los vientos y tempestades de un mundo corrompido, enemigo implacable de Jesucristo y de su doctrina». Para profundizar la reflexión de este ambiente adverso, el obispo de Guadalajara llegó a aconsejar:
«Consúltese cada uno á si mismo, pregunte á su corazon, y en él verá escrita la ley promulgada por el Señor entre los truenos y relámpagos del Sinai. No sucede así con los preceptos de la Iglesia, en éstos tiempos principalmente, en que hay tantos apóstoles del error y de la impiedad, en que hay tantos enemigos de la Esposa del Cordero, y en que se ataca con tanto descaro al Sumo Pontífice, á los santos Concilios, y á todas las determinaciones eclesiásticas, corrompiendo á los ignorantes, y separándolos de la obediencia que deben á la Santa Iglesia y á sus leyes. No os dejéis, pues, engañar hijos queridos, oid las palabras de vuestro Obispo, escuchad y sed dóciles á la voz de vuestro legítimo Pastor, de quien no podeis ya decir que ha callado; y recibid toda la ternura de nuestro afecto con nuestra pastoral bendicion».

Hasta este punto parecería que el antagonismo en la dinámica Estado e Iglesia era grande, empero esto fue relativo. Muchas veces, los eclesiásticos tomaron puestos estatales y colaboraron con los gobiernos vigentes. Este fue el caso de Andrés López de Nava, quien fue ministro de Justicia por recomendación de Vicente Gómez Farias, en 1847. Esta conducta no fue extraña en el clero, pues de manera individual o colectiva se acercaban a los grupos políticos para concertar acuerdos o negociaciones, u ocupar un determinado cargo de funcionario.
En el cumplimiento de su cargo, el clérigo escribió una respuesta al obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, por sus ataques a las medidas del gobierno contra los bienes eclesiásticos. Ante esta actitud, el obispo de Guadalajara, Diego de Aranda salió a defender a su colega. Es decir, en esta coyuntura surgieron a flote algunos conflictos internos dentro de la jerarquía eclesiástica. Lo interesante fue que, tiempo después, el ministro renunció a su cartera porque sentía que estaba traicionando a la Iglesia, y publicó una disculpa pública por sus errores.
En el texto del obispo de Guadalajara, se subrayó que el ministro era sacerdote e ingresó a la cartera prometiendo que suavizaría las políticas contrarias al clero, no obstante, ocurrió todo lo opuesto. Satirizó esta “ayuda” con las siguientes palabras: «No puede negarse al señor ministro el claro derecho á un privilegio esclusivo por ese nuevo y desconocido modo de dulcificar los lances, añadiendo afliccion al afligido, y abatiendo á sus pastores al tiempo que miran herido con el escándalo el rebaño. Si así lo hace el señor ministro cuando se propone dulcificar, ¿qué será cuando no tenga tal empeño?». Además, por no contrariar al gobierno por los préstamos forzosos, el obispo llamó al ministro “liberal”.
Asimismo, subrayó que ni siquiera se respetaba la Constitución de 1824, que estableció a la religión católica como la oficial y única. El hecho de no obedecerla significaba un crimen contra la voluntad nacional. Incriminó al ministro por apoyar la posición del gobernador de Puebla, Domingo Ibarra, quien acusó al obispo de Puebla de incitador de alzamientos. Para Aranda, la conducta popular se explicaba porque «La indignación de los poblanos y de la nacion entera, nace de que con la ley de destruccion de bienes eclesiásticos se han atacado las conciencias, se han ofendido los sentimientos religiosos, se ha lastimado á los mexicanos en lo mas vivo de su corazon, se les ha herido en la niña de sus ojos». Estas causas, también, influyeron en los movimientos en Querétaro, México y Maravatio.
Finalmente, le recomendó «Vuelva el Sr. López sobre sus pasos, ya que ha tenido la desgracia de darse á conocer por sus errores. Su corazon no había sido corrompido, ni en esta materia habia tomado el camino de la perdicion. Estremézcase este sacerdote al verse único contra todas las iglesias en esta obra de impiedad y destruccion».
En el segundo texto, la autoculpa del ex ministro se inició expresando:
«Obligado como mejicano, como católico, como sacerdote y como cura párroco beneficiado á dar una pública satisfaccion á la Iglesia toda y á los Venerables Prelados que ha puesto el Espíritu Santo para regirla y gobernarla, procuraré hacerlo con la franqueza que me caracteriza y con la simplicidad que debo, para calmar de este modo todo remordimiento y turbacion de mi conciencia, no menos que para escarmiento de cualquiera de mis hermanos que se sienta, ó se haya sentido tocado de alguna prevencion miserable, siniestra é imperfecta, ajena ciertamente de la verdadera humildad y caridad de que debe estar siempre revestido el sacerdote, y aun todo cristiano que quiera merecer este nombre».

Luego realizó un breve recuento de su vida política hasta su desempeño en la cartera de justicia. En esta breve descripción destacó que fue diputado de Jalisco y que en su permanencia en México fue ambicionando arribar a cargos mayores, y se lamentó por eso. Así, un día Gómez Farias lo llamó al Palacio y le pidió encarecidamente que se desempeñara en el ministerio de Justicia. Confesó que los textos que presentaba al gobierno, no eran aceptados debiendo radicalizar ciertos aspectos.
Una de sus tareas como ministro fue contestar a los obispos de Michoacán y Puebla por su oposición a los préstamos forzosos. Ejecutó estas respuestas sobre la base de su experiencia como colegial en replicas literarias. «Así es que, de todo cuanto vertí en mis escritos, nada sentí, nada creí. Todo fue presuncion externa, vanidad escolástica, ni mas ni menos como he dicho que cuando uno arguye en la baranda contra una conclusion».
La influencia de su familia, y por tanto, de su localidad, en la decisión de su dimisión se expresó de la siguiente forma:
«Desde mis tiernos años aprendí que la Iglesia disfruta en fuerza de su soberanía una autoridad espiritual tan esclusivamente propia, que todos los soberanos juntos son incapaces de variar aun en lo mas pequeño sus superiores determinaciones. […] Desde mis tiernos años aprendí que la Iglesia quedaría encomendada á la caridad, y que en consecuencia esta la provería en abundancia y sufragaría á la magnificencia de su culto y á la manutención de sus ministros. […] Desde mis tiernos años aprendí que las dos potestades, eclesiástica y civil tienen como el océano puestos por Dios sus señalados límites, los que no podrán traspasarse aunque lo intenten; y que caminando ambas como sobre las dos líneas paralelas no se podrán tocar jamás para mezclarse una en las atribuciones de la otra: y solo sí para prestarse mutuamente sus auxilios».

2. DESARROLLO DE LA SECULARIZACIÓN
Las ideas liberales implicaron poner como principal referencia de las prácticas humanas al contexto y reglas del mundo social, lo cotidiano. Este significado dejaría atrás las explicaciones extraterrenales, tratando de secularizar los actos cotidianos de hombres y mujeres. En este sentido, el obispo de Michoacán en un sermón que agradecía el retorno del pontífice Pio IX ― después de su huida de territorios pontificios por el acontecimiento de las revoluciones de 1848 ― mencionó que el filosofo humano formaba parte de una cadena del espíritu humano. Tal afirmación tuvo el fin de destacar que la religión consistía en la:
«[…] expresion soberana del pensamiento de Dios, engólfase sin cesar en lo infinito, desdeña lo que no es inmenso, esquiva lo que declina un tanto de los términos de la perfeccion, y nunca se muestra mas elevada, que cuando abraza con una sola de sus expresiones inspiradas, las generaciones, los acontecimientos y las ideas que han venido pasando por el inmenso curso de los siglos».

Lo contrario, según Balmes, era un «individualismo brutal, este feroz sentimiento de independencia, que no podía conciliarse con el bienestar del individuo, ni con su verdadera dignidad; que entrañando un principio de guerra eterna, y de vida errante, debía acarrear necesariamente la degradación del hombre y la completa disolución de la sociedad». De igual forma, rescató que los bienes eclesiásticos contribuyeron a disminuir la parte nociva de la desigualdad de clases, ayudando a los sectores populares para establecer no una igualdad completa, que sería absurda, sino un “saludable equilibrio”. Se requería de un orden social jerárquico, lo que fue una de las ideas también de los liberales de la época, pues:
«Las desigualdades sociales son de necesidad absoluta, como á fundadas en la misma naturaleza del hombre y de la sociedad, y son ademas un beneficio, porque sirven de poderoso resorte en la maquina de gobierno. Bajo uno ú otro nombre, con esta ó aquella forma, con mas o menos disfraz, las ha habido siempre, y siempre las habrá».

El rechazo a la usura en los discursos eclesiásticos aun se mantuvo en sus discursos. Según el obispo de Guadalajara, quien fue vicepresidente de la Cámara de Diputados y un activo integrante de un diario católico, «es necesario manifestar los solidisimos fundamentos que tienen los teologos católicos para asegurar que la usura es un crimen detestable: que decir lo contrario es un error heretical». El lucro era contrario al derecho natural porque se oponía a la justicia y la igualdad, pues vendía dos veces una misma cosa. Todavía no se asimilaba en algunos eclesiásticos, el nuevo poder del lucro en la modernización de la sociedad mexicana.
Balmes tampoco criticó la existencia de la ciencia y las disciplinas de conocimientos por sí mismas, que fueron elementos importantes de la modernidad y la secularización, mas bien señaló su peligro como instrumento de poder usado para dañar a la Iglesia:
«Terrible es el error cuando usurpa el nombre de la ciencia, terrible es el error que no estribando siquiera en equivocadas convicciones, no tiene aquella entereza de expresion que acompaña á la buena fe; terribles son los conocimientos cientificos, cuando apartados de su objeto legitimo, corrompidos, mutilados, desfigurados, se los emplea dolorosamente como arma de partido; terrible es el poder público que estando al frente de una gran sociedad, se vale de la fuerza inmensa que tiene á la mano, para oprimir, para vejar y despojar; terrible es la injusticia cuando llega á tener como instrumento las leyes».

El uso de la ley como mecanismo de presión por parte de Estado para fundamentar su poder sobre la Iglesia, también, fue destacado por el obispo de Michoacán, quien criticó a los liberales en términos de cristianos que no cumplían con su deber:
«No concederé jamás á los que tal han pensado y tal han hecho, el triunfo de creer, que han podido dictar esta lei, y estar firmes al mismo tiempo en sus principios religiosos. […] Hombres tan poco entendidos, incapaces de juntar dos relaciones en una ciencia tan vasta y tan ramificada, crean que una lei, como la presente, nada tiene que ver con la constitución de la Iglesia y con sus elementos dogmáticos; que se pueden saquear todos sus bienes y conservar la conducta de cristianos: que la oposicion de los Obispos es una rebelion pública, y la perturbacion de las conciencias, miserables ilusiones de la piedad: pero tales hombres podrán aspirar al crédito de políticos, se harán admirar por su astucia y aun por su ingenio: mas tales hombres, cristianos por bautismo, son en la realidad incrédulos e impíos por su conducta y por sus máximas».

Por otra parte, los defensores de las prerrogativas de la Iglesia destacaron el rol de la nación mexicana como pueblo elegido. Así, se insistió en la imagen de:
«Un pueblo favorecido por la luz del Evangelio, ¿no es un pueblo escogido y privilegiado que á proporcion del inestimable favor que se le dispensa, son mas estrechas sus obligaciones de buena correspondencia, en el esmero por su religion, en el celo por la conservacion de su pureza y en sus respetos en lo esterno público y en lo esterno privado, ya que está fuera de los resortes humanos el procurarle y conseguirle los respetos internos?».

Como se indicó anteriormente, los defensores católicos utilizaron argumentos y nociones del republicanismo para argumentar sus posiciones. Por ejemplo, el obispo de Guadalajara defendió el criterio de Ilustración del pueblo antes que el de los liberales. Aclamó al respecto: «La Ilustracion del pueblo le hace no alucinarse con las ideas de depravados liberales: ese pueblo sabe discernir y examinar qué clase de hombres son los que quieren poner las manos en las manos muertas, y qué clase de hombres se oponen á esta maldad». Entonces, el discurso de estos folletos se actualizó con la ideología republicana, pero, igualmente recurrió a los fundamentos tradicionales del derecho canónico, las sagradas escrituras y los textos de los padres de la Iglesia.
Una herramienta de la propagación de las ideas liberales en la sociedad mexicana fue la prensa. Esto fue percibido por los defensores de la iglesia católica, quienes estuvieron atentos a la planificación, formulación y aplicación de las leyes y políticas relacionadas con la libertad de prensa. En este sentido, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, vociferó en un discurso en 1842 en el Congreso su oposición al proyecto de constitución que se estaba elaborando en este tiempo. Subrayó el titulo 3º artículo 13 del proyecto, que indicaba que «“todos tienen derecho para publicar sus opiniones, imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga”. La consignacion de semejante libertad mas bien parece garantir la anarquía y las perpetuas inquietudes, que el buen órden y la tranquilidad».
Para defender su idea, el jurista afirmó que la intención de esta ley era conceder el derecho de la libertad de pensar, empero, la formulación de este artículo va más allá y dotaba el derecho de actuar. Por eso, recomienda que la expresión libre de las ideas se realice en lo confidencial y lo doméstico, mas no en lo público, mientras, este derecho permitía una libertad absoluta, plena y sin modificación. Lo que más le preocupó era que esta libertad posibilitara abiertamente el ataque de la prensa al dogma religioso o la moral pública como se estaba realizando. Como en el proyecto se indicó la prohibición de un ataque directo, el autor realza que dejaba la posibilidad de un ataque indirecto. En el autor el dogma significaba un equivalente de moral pública, era el sistema ético que conocía y que ponía orden en la configuración social mexicana.
Otro asunto que el jurista cuestionó en el proyecto fue el tema de la libertad de cultos. Rodríguez de San Miguel indicó que en el artículo 31 se establecía que la religión católica era el culto que la nación practica, y además, se prohibió que se ejercite otro culto de manera pública. Consideró que la forma en que se redactó el artículo promovía una próxima aceptación de la libertad de culto o la tolerancia religiosa. Es mas, el autor presionó y señaló, también, que la declaración de la religión católica debería ubicarse inmediatamente después del título 1º, es decir, después de la manifestación de que México es una nación independiente y libre, y así debería «hablarse de su ser religioso, gloriándose, tanto de su independencia sobre la tierra, como de su dependencia del que está sobre los cielos». Llamó a los oyentes de su discurso a reflexionar, expresando las siguientes palabras:
«Siendo, como es hoy, tranquilo el ejercicio esclusivo de la religion cristiana en nuestra república, ¿qué razones podrían alucinarnos para que se dé ocasion á que dentro de breve se avance á cometer un tan voluntario crimen contra el cielo? Lo es sin duda, supuesta la divina revelacion, no escluir todo culto que no sea conforme á ella, é introducir la indiferencia religiosa».

Continuó deliberando en su discurso sobre la libertad de cultos al manifestar que no puede darse un tipo de “caridad” por parte del Estado por medio de la tolerancia religiosa, y dejándose libertad de expresar diversos cultos. Manifestó que la religión católica poseía en su propia naturaleza inherente el elemento de la intolerancia religiosa, puesto que la “verdad” es solo una y universal. Percibió a los demás cultos como religiones populares que eran falsas. Ante todas estas consideraciones, Rodríguez confiaba en que el proyecto podría aprobarse sin ningún problema después que se realizaran los cambios anotados en su discurso. Incluso creía que en unos tres o cuatro días se podría hacer las respectivas modificaciones, y no responsabilizaba a la comisión por los grandes errores existentes en el proyecto porque lo han tenido que presentar en un corto tiempo. Modos de negociación de la política mexicana.
Por otra parte, se identificó la secularización de la sociedad en términos de la disminución de cantidad de personajes eclesiásticos. Así el obispo de Puebla comentó:
«Es verdad que ahora no todas las familias acomodadas cuentan con un eclesiástico como en los felices dias del repetido cardenal, ni son tantos los que se dedican al servicio de la Iglesia, gracias al filosofismo y á la impiedad, que han declarado la mas dura guerra á la Religion y sus ministros. […] ¿Y qué ha resultado? Un clero tan escaso […]; un clero tan pobre […]; unos obispos que con la mayor economía á duras penas pueden subsistir y hacer los gastos de visita […]; un culto exterior tan mezquino».

Asimismo, se enfrentó las críticas relacionadas a la organización de la jerarquía eclesiástica. Una de las instituciones menos apreciadas fueron los cabildos eclesiásticos, cuyos integrantes cumplían con el asesoramiento al obispo de turno en la administración de la diócesis respectiva, y colaboraban con el prelado en algunas de sus tareas. Se defendió al cabildo señalando que:
«Los Cabildos son objeto de aversion para muchos, que califican de hombres inutiles y ociosos á los individuos que los componen, habiendo pasado en proverbio, entre la gente mas vulgar, llamar canónigo al perezoso, que no busca mas que su comodidad. Este sarcasmo pasa, como muchos que se oyen, porque se dice sin exámen ni conocimiento de causa. […] Lo cierto es que los cabildos son una institucion venerable, porque establecida por la Iglesia; por su objeto, que es substituir á los presbíteros en formar el consejo ó senado del Obispo: por su antigüedad, porque los miembros que la componen, segun la disciplina actual, obtienen en el órden gerárquico un puesto que sigue inmediatamente á la dignidad episcopal: porque organizada conforme á las intenciones de la Iglesia, es decir, dotados competente y decorosamente; honrados y protegidos sus individuos, dan honor al clero, y sirven de estimulo en la carrera laboriosa de las letras, y en la espinosa del servicio de las parroquias en climas insalubres, plagados de insectos, y privados de toda sociedad».

3. LOS BIENES ECLESIÁSTICOS
La folletería como herramienta de difusión y legitimación de ideas en México, también imprimió textos centrados en la defensa de los bienes eclesiásticos frente a las políticas que trataban de enajenarlos. El filosofo español Jaime Balmes, afirmó que los ministros de la Iglesia poseían el derecho de exigir a la sociedad su “decente” sustento, lo que se fundamentaba en la razón, la Escritura Sagrada y las leyes canónicas y civiles. De caso contrario, se convertiría en un hecho “monstruoso” o una “proscripción”. Usó recursos argumentativos de tipo económico. Señaló que:
«En el momento en que la propiedad deje de ser inviolable, la sociedad se disuelve, porque entonces es ella un absurdo: y si en algunos países subsiste, á pesar de no hallarse la propiedad asegurada cual debiera, es porque en tales casos el buen sentido de los hombres, y el instinto de conservacion social suplen en cuanto cabe, el vacío de las instituciones, y de las leyes. […] Con la venta de los bienes del Clero, habrá circulacion, es verdad: pero violenta, y por tanto poco duradera, encerrada en los limites de las bolsas y bancos; circulacion que acumulará inmensas riquezas en manos de unos pocos capitalistas, y que no llevará ni un átomo de provechoso jugo á la agricultura á la industria, y al verdadero comercio».

Dudó del positivismo de la economía política. Destacó que la ciencia poseía principios que eran pasados de maestros a discípulos, los cuales no fueron infalibles. El derecho moderno sobre la propiedad se diferenció de la medieval porque buscó la simplicidad, librándola del dominio de la heterogeneidad y lo fenoménico, y mas bien, trató de centrarlo en el sujeto, en su interior, en una relación pura entre “libertad” y “propiedad”. Esto era contrario, al pensamiento de los defensores de los bienes eclesiásticos.
En 1847, en el contexto de la invasión estadounidense a México, el gobierno requirió de dinero para financiar la resistencia. En este sentido, se identificó en los bienes eclesiásticos una fuente de ingresos. De ahí que, se establecieran leyes que desamortizaran algunos de estos bienes, o que se insistiera en préstamos forzosos. Las respuestas no se hicieron esperar.
El obispo de Michoacán, Juan Cayetano Gómez Portugal, y su cabildo eclesiástico protestaron por estas medidas. En el inicio de su escrito, el prelado señaló que recibió del ministerio de Hacienda un ejemplar del decreto del 11 de enero de 1847 que disponía la ocupación de bienes eclesiásticos. Destacó que se opuso al decreto desde su debate en el Congreso, pues era contrario a los derechos de la Iglesia y no observaba la constitución. Este último punto se sustenta en que la Constitución de 1824 establecía a México como un pueblo católico.
El prelado de Michoacán mencionó que: «se ha decretado el mas completo y universal despojo de las mas sagrada de todas las propiedades, del mas benéfico de todos los tesoros, de los bienes que sirven inmediatamente al culto de la Divinidad». Enfatizó en su preocupación por el despojo de las rentas eclesiásticas y apeló a argumentos de tipo católico usando el recurso de la culpa:
«[…] no hubiera creido que la política progresiva llevaria sus miras sobre el tesoro eclesiástico hasta ponerlo en total ruina y acabar con todos los recursos. Semejante medida no podia ciertamente ponerse en práctica, sino por hombres que redujesen á cero los derechos de la Iglesia y relegasen al pais de las quimeras la autoridad, el poder y la soberanía de aquel que trajo la paz á la tierra, imponiendo deberes á los gobiernos y dando verdaderas garantías á la sociedad».

Igualmente, insistió en que los motivos de sus respuestas no se fundamentaban en el interés por preservar sus bienes en términos de lucro. Esta negación fue precisa para el obispo porque se constituía en los argumentos de los autores liberales, lo que calificó como “calumnia impía y grosera” siendo parte de «la prostitucion de nuestros días». Así, concluyó que:
«La lei pues, es anti-económica, si se ha de sostener en todas sus partes, ó es bárbara y atroz, si se han de sacar á toda costa los recursos que se pretenden.
Tambien la hemos llamado inmoral, porque autoriza los manejos indignos de tantos hombres que especulan sin pararse en los medios, y que todo lo proponen á su interes individual».

Un argumento distinto al anterior fue expuesto por Balmes, quien indicó:
«El Estado no dice al Clero “eso no es tuyo, sino que es mío, y por eso me lo tomo”, sino, que lo que le dice es, “yo necesito tus bienes, y por eso me apodero de ellos; tú lo que puedes exigirme es que te indemnize; pues bien, yo lo haré, yo tomo á mi cargo tu decente subsistencia, y el cubrir los gastos de culto; con esto, atiendo yo á mis necesidades, y no cometo ninguna injusticia”».

Sin embargo, este argumento implicó que el Estado comparaba al clero con un tipo de empleados públicos, y no consideraba la particular de sus funciones, que necesitaba de su sustento para cumplir con los designios de sus actividades. No hacerlo significaba su degradación. El autor comentó que, aunque se tuvieran los ingresos de los diezmos y otros ingresos, la Iglesia poseía un mediano sustento para los sacerdotes y el mantenimiento del culto. Los más afectados eran el bajo clero.
Los folletos analizados intentaron convencer de que la Iglesia como institución soberana conservaba el derecho y dominio de sus bienes, a pesar que el Estado los enajenara, en este caso a la fuerza. Según, el gobierno eclesiástico de Michoacán, los bienes eclesiásticos «se consagran mediata ó inmediatamente al servicio del culto, salen del dominio humano, entran en la categoria de las cosas que se llaman de derecho divino, quedan por su propia naturaleza escluidas de la jurisdiccion civil, y no pueden en consecuencia ser el objeto de leyes coersitivas del Gobierno temporal».
Uno de los puntos de la aplicación del proceso de desamortización en el territorio mexicano fueron los diezmos. El obispo de Puebla indicó en una carta pastoral que los políticos contrarios a la Iglesia señalaban a las “gentes sencillas y falta de instrucción”, que el pago de los diezmos era un asunto temporal y que no pertenecía a la institución eclesiástica, quien solo podía regular normas que se asociaran al interior y espiritualidad de las personas. Sin embargo, esto no era cierto porque el pago de diezmo involucraba el reconocimiento de Dios como creador de las cosas, y suministraba ingresos para el mantenimiento de su culto público, en primera instancia, y luego privado e interno. Incluso le parecía escandaloso que existieran personas que afirmaran que el pago del diezmo era negativo para la agricultura. «Injusto un precepto que impuso el mismo Dios á los israelitas! ¡Injusta una ley que ha dictado la Iglesia imitando la conducta del Supremo Legislador! ¡Ah!».
El prelado cuestionó diversos puntos de los argumentos liberales frente a los diezmos. Uno de ellos señalaba que los diezmos fueron limosnas u oblaciones voluntarias a favor de la Iglesia, la cual establecía los montos de forma arbitraria. Según su posición, esta idea fue causada por una gran ignorancia o una refinada malicia de los enemigos de la religión. Otra afirmación liberal que se oponía al pago de los diezmos resaltaba que éstos no fueron percibidos por los curas, sino distribuidos por la jerarquía eclesiástica porque era un derecho institucional. El hecho de que los diezmos no fueran consumidos en los espacios en que se producían sino en las capitales en que residían los prelados y el cabildo eclesiástico, no justificaba la negación del pago del diezmo.
Ante su conocimiento de la existencia de un proyecto que pretendía crear una caja común fundamentada en los diezmos para evitar la desigual dotación de los párrocos, advirtió la infactibilidad de la propuesta. Surgirían grandes inconvenientes como la larga distancia de la recolección de los diezmos, que incentivaría la disminución de los haberes parroquiales porque se tendría que pagar a recolectores. Además, si se descontaba la cuarta episcopal y la establecida para la fabrica y el hospital quedaría muy poco, y dejaría con escasos recursos a los obispos, cabildos y curas. En el mismo año, el obispo de Guadalajara indicó que: «Es verdad que por la ley civil ha cesado la obligacion de pagar el diezmo; pero esa determinacion, no quita la obligacion que nos impone la Iglesia, la cual es tan santa y respetable». El juego de la negociación entraría nuevamente en práctica.
Entre las razones que usan los eclesiásticos y los laicos católicos para oponerse a la ejecución del proceso de desamortización estuvo el énfasis en la escasez del número de canónigos y prebendados por la carencia de rentas, perjudicando a la institución eclesiástica, pues afectaba a la dignidad y decoro de los oficios divinos, y dañaba el ingreso de sujetos instruidos y virtuosos que podían llegar a “la silla de honor y descanso”. También, se manifiestó que las escuelas y seminarios eclesiásticos ― que se constituyeron en los principales centros educativos ― habían sido financiados por la Iglesia y no por el Estado. Estos centros habían detentado a «los padres de la civilizacion y de la cultura mejicana». Esto fue cierto en la época porque los autores se habían instruido en los seminarios, que eran parte de los principales centros de enseñanza de elite.
Asimismo, la disminución de las rentas eclesiásticas imposibilitaba o disminuía la asistencia eclesiástica a los necesitados, quienes poseían la capacidad de convertirse en elementos sociales peligrosos (vagos, ladrones y asesinos) por no recibir una educación cristiana. Y es que esta educación, igualmente, enseñaba a los integrantes de la sociedad mexicana a ser caritativos para que los pobres no se murieran de hambre como en otros países. Es decir, las políticas que atacaban estas rentas promovían un daño al bienestar colectivo. Entre los sujetos que se identifican como los directos perjudicados figuraban los:
«miserables que diariamente ocurren á las puertas de nuestro palacio, manifestando, la viuda su desamparo y el de su numerosa familia; la casada, el abandono en que la tiene a ella y a sus hijos el marido vicioso; la doncella, su orfandad y miseria, y el riesgo que por ella se halla, expuesta a ser victima de un lascivo perseguidor; el ciego y el estropeado, el que no puede con el trabajo de sus manos procurarse el alimento, y finalmente el desvalido que carecen de todo recurso».

A este tenor, se destacó la confianza e interés del pueblo por las rentas eclesiásticas porque les favorecían. El obispo de Guadalajara señaló:
«Los pueblos fanáticos conocen que esos bienes eclesiásticos son su consuelo, el auxilio del labrador, el capital del artesano, el fomento del hombre laborioso, el socorro de la viuda, del huérfano, del enfermo, &c., y saben por su propia experiencia que el codicioso ó malvado que los compre, no acostumbra prestar, está muy distante de socorrer, y es avaro hasta con su misma familia. Finalmente, ese pueblo percibe claramente que al darse el golpe á los treinta millones que se despilfarrarán para sacar los quince, no se trata de recibir auxilios para la guerra, sino de desahogar la impiedad y el furor contra las instituciones religiosas, y aniquilar completamente á la Iglesia mexicana».

En otras palabras, se resaltó el vínculo tradicional y fuerte que unía al pueblo y a la Iglesia, a un nivel que el Estado aun no podía llegar por su falta de infraestructura organizativa y material. También, se defendía la conservación de las rentas eclesiásticas en el marco del catolicismo, al acentuarse que el pueblo cristiano debía demostrar una mayor perfección que el pueblo judío. De igual manera, estas contribuciones simbolizaban el seguimiento a las prácticas de los primeros cristianos, quienes «la[s] cumplian espontaneamente, despojandose de su hacienda para ponerla á los pies de los Apostoles». En este sentido, no se puede cuestionar la autoridad de los obispos que procede del fundador de la iglesia católica, ostentando la potestad de los bienes eclesiásticos.
Se reconoció que el clero asumió una actitud patriótica frente a la invasión estadounidense, pero todo tenía un límite:
«Nuestro clero ha hecho cuanto le era licito y cuanto podía convenir á un patriotismo desente. Todos los prelados, todas las iglesias han contribuido con enormes sumas para los gastos de la guerra, aun en el tiempo mismo en que del erario se hacia un continuo monte parnaso, y á la par que se lamentaban sus necesidades, se despilfarraban sus rentas. Ultimamente estrechándose las angustias de la guerra, esforzó sus auxilios y agotó sus arcas, y estaba enmedio de aflicciones cumpliendo con sus compromisos, cuando se decreta su ruina y si exterminio».

Las leyes antiguas y eclesiásticas orientadas por Dios fundamentaban la necesidad de obtener ingresos económicos por parte de la iglesia católica, las cuales debían ser acatadas «sin hacer caso de las perversas doctrinas de los novadores y de los impíos que han querido siempre destruir el culto, y enriquecerse con los despojos del Santuario». Igualmente, el incumplimiento de las obligaciones de los fieles, que incluye el pago de diversas obligaciones, fue relacionada con la ejecución del pecado mortal, e incluso se resaltó que ningún sacerdote estaba obligado a confesar a un fiel sino contribuía con estos pagos. Elementos coercitivos que debieron afectar a determinados sectores de los fieles.
Había que resguardar a la nación católica. Se destacó que las políticas enajenadoras se oponían a las leyes divinas y eclesiásticas, y ubicaba al clero y a los fieles en la disyuntiva de «faltar á Dios, ó rehusarse á obsequiar la disposicion del Gobierno». Así, el obispo de Michoacán en 1847 no dudó que:
«La religión, Sr. Exmo. es un interes universal para todos los ciudadanos, y no habrá un mejicano sensato que no la coloque en la primera gerarquia, cuando se trata de aquellos objetos capitales que no pueden faltar en la carta constitutiva sin romper todos los vínculos sociales, y que no pueden atacarse en las leyes secundarias, sin romper la carta constitutiva y hacer pedazos los títulos que dan el ser y justifican la accion de los poderes públicos».

Además, se enfatizó que Dios gobernaba el mundo, sus acontecimientos:
«Amados hijos, nuestros, no llegue nuestra temeridad y osadia a negar á Dios su justicia é infinita bondad, ni á la Iglesia la prerrogativa de tierra madre que se desvive por la felicidad espiritual y temporal de sus hijos los cristianos. […] Dios es el dueño de la tierra: que hace caer la lluvia en donde es su voluntad: que suspende el granizo como quiere, pues dirige los vientos: que arregla las estaciones, y todos los elementos están á su disposición. Si estos son contrarios á las mieses, ¿de qué sirven la labrador su inteligencia, su industria y sus afanes? […] No es el pago del diezmo el que arruina á los labradores, sino el no hacerlo».

Nuevamente, el uso de los recursos en torno a los temores colectivos estuvo presente en los discursos de los defensores de la Iglesia. De la misma forma, el obispo de Guadalajara pronunció: «¿cuándo Dios os lo ha dado todo, le negaréis una parte? ¿negaréis este corto sacrificio que os ecsije vuestro deber y vuestra conciencia? Nadie se ha arruinado por pagar el Diezmo, y muchos han sufrido grandes pérdidas por no haberlo pagado: la bendicion de Dios está sobre aquellos, y sobre éstos la maldicion».
Por tanto, se temía a la ira divina por los pecados públicos que motivaban los “economistas ateos”. Para lograr la protección divina no solo se debía contribuir con los ingresos eclesiásticos, sino también, cumplir con las regulaciones eclesiásticas que buscaban la ejecución de buenas obras y la observancia fiel de los mandamientos divinos. Aunque, se señaló que el cumplimiento de todas estas pautas no implicaba la igualdad de la distribución de las riquezas, pues ésta responde a la lógica de la voluntad divina que es “tan sábia como benéfica”.
El obispo de Michoacán mencionó que justamente las recolecciones decimales habían permitido entregar al Estado significativas sumas de dinero, pues la iglesia católica es una «buena madre». Y es que en general, se ha brindado el apoyo financiero a los gobiernos, a pesar de las políticas reformistas ― que son percibidas como “ataques” ―, que causaron la disminución de las rentas eclesiásticas y la reducción de los gastos, siendo recibidos de manera tolerante para contribuir con el Estado. Estas medidas se tradujeron en impuestos, contribuciones y préstamos extraordinarios. Era trascendental demostrar a los defensores de la Iglesia el papel importante de ésta en la dinámica social de México.
Se apeló a la afirmación de que el pueblo mexicano no permitiría la persecución de sus sacerdotes por parte de las personas que habían demostrado anteriormente actos de “impiedad y corrupción”. Y es que los fieles no pondrían en juego su conciencia, porque conocían que la Iglesia castigaba a aquellos que contrariaban la voluntad y las leyes divinas.

APUNTES FINALES
Los discursos de los defensores de la Iglesia, que incluía al clero y laicos, frente a las políticas que amenazaron el poder eclesiástico muestran que esta institución aun jugó un importante rol en la dinámica de la sociedad y política de México durante la década de 1840.
Ellos ayudaron a construir la nación mexicana por los elementos presentados en los discursos de los folletos analizados. Aunque, los folletos no se concentraron en responder qué era la nación mexicana, sin embargo, si daban pautas de lo que debía contener una conducta nacional y el papel de la Iglesia en la nación y la definición de los elementos del nacionalismo mexicano.
En los tres puntos analizados se observó el empleo de argumentos de tipo eclesiástico y civil que trataron de otorgar sentido a la construcción de la nación mexicana, desde el escenario del conflicto. Esta construcción ingresó a la negociación de los discursos en la manera de establecer el orden social y político de México.


FOLLETOS CONSULTADOS

ARANDA, Diego de
Carta pastoral del obispo de Guadalajara al clero regular y secular y a todos sus diocesanos exhortándoles a cumplir con los cinco mandamientos de la Iglesia, 1840.
Vindicación de los injustos ataques dados por el Sr. López Nava, al Reverendo Obispo de la Puebla. Guadalajara: reimpreso por Rodríguez.

BALMES, Jaime
Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero. Guadalajara: Oficina de Manuel Brambila, 1842

ESPINOSA, Pedro
Articulo contra la usura tomado en su mayor parte del Diccionario Universal de Ciencias Eclesiásticas. Guadalajara: Imprenta del Gobierno, 1840.

GOBIERNO ECLESIÁSTICO
Protesta del Illmo. Sr. Obispo y venerable Cabildo de Michoacán contra la lei de 11 de enero de 1847 sobre ocupación de bienes eclesiásticos. Guadalajara: Reimp. en la oficina de Dionisio Rodríguez, 1847.

LÓPEZ DE NAVA, Andrés
Exposición dirigida por el Dr. D. Andrés L. de Nava, al Illmo. S. Dr. D. Diego Aranda, Dignísimo Obispo de esta Diócesis. Guadalajara: Imprenta de Manuel Brambila, 1847.

MUNGUÍA, Clemente de
Sermón que en la solemnísima y religiosa función de gracias consagrada al Todopoderoso por el regreso de Nuestro Santísimo Padre el Señor Pío IX a la ciudad de Roma, predicó en la Santa Iglesia Catedral de Morelia el 30 de junio de 1850. Morelia: I. Arango, 1850.

RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan Nepomuceno
Discurso pronunciado en 14 de noviembre de 1842 contra el proyecto de Constitución en su discusión general. Tomado del Siglo Diez y Nueve Nº 410. Guadalajara: Imprenta del gobierno, 1842.

VÁZQUEZ, Francisco Pablo
Carta pastoral del Excmo. E. Illmo. Sr. Obispo de Puebla a sus diocesanos labradores, sobre el pago de los diezmos. México: Imprenta del Águila, 1841.

BIBLIOGRAFÍA

CONNAUGHTON, Brian
“La sacralización de lo cívico: la imagen religiosa en el discurso cívico-patriótico del México independiente, Puebla (1827-1853)”, Matute, Alvaro, Evelia Trejo y Brian Connaughton (Coords.) Estado, Iglesia y sociedad en México. Siglo XIX, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 223-250.
“El clero y la fundamentación del Estado-nación mexicano”, en: Connaughton, Brian (Comp.) Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México, México DF, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora, 1996, pp. 353-370.
“El ocaso del proyecto de “nación católica”. Patronato virtual, préstamos, y presiones regionales, 1821-1856”, en: Connaughton, Brian, Carlos Illanes y Sonia Pérez Toledo (Coords.) Construcción de la legitimidad política en el siglo XIX, México, El Colegio de Michoacán, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Nacional Autónoma de México, El Colegio de México, 1999.
“El difícil juego de “tres dados: la ley, la opinión y las armas” en la construcción del Estado mexicano”, en: Connaughton, Brian (Coord.) Poder y legitimidad en México en el siglo XIX, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003, pp. 339-378.

COVO, Jacqueline
Las ideas de la Reforma en México (1855-1861), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1983.

LEVAGGI, Abelardo
“El proceso de desamortización y desvinculador de los bienes de manos muertas desde la óptica jurídica”, en: PRIEN, Hans-Jürgen y Rosa Maria MARTÍNEZ (Coords.) El proceso desvinculador y desamortizador de bienes eclesiásticos y comunales en la América española, siglos XVIII y XIX, the Netherlands, Asociación de historiadores latinoamericanistas europeos, 1999, pp. 33-60.

PIÑÓN GAYTÁN, Francisco
“Iglesia-estado: dos visiones de poder en confrontación. Una reflexión filosófica-política”, en: MATUTE, Álvaro, Evelia TREJO y Brian CONNAUGHTON (Coords.) Estado, Iglesia y sociedad en México. Siglo XIX, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 23-62.

STAPLES, Anne
“La participación política del clero: Estado, Iglesia y poder en el México independiente”, en: Connaughton, Brian (Comp.) Las fuentes eclesiásticas para la historia social de México, México DF, Universidad Autónoma Metropolitana, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luís Mora, 1996, pp. 333-352.

VARIOS
Diccionario Porrua de Historia, biografía y geografía de México, México DF, Editorial Porrua, 1964.