La configuración política de México en la primera mitad del siglo XIX, tuvo como uno de sus componentes principales a la iglesia católica y su clero. Los actores políticos de este tiempo fueron diversos y provenían de diferentes sectores sociales. Participaron en el campo político mediante la negociación, la fuerza, las leyes y reglas vigentes como el Estado. El clero, que era un grupo heterogéneo, intervino en diferentes aspectos de la política ― cargos públicos, influencia en los poderes locales, difusión de ideas desde el púlpito, entre otros ― usando los recursos que poseían a la mano para lograr sus objetivos colectivos e individuales.
Por otra parte, el desarrollo de la relación entre el Estado e Iglesia tuvo una particular dinámica después de la independencia. Las bases de convivencia entre ambas instituciones se redefinieron en el siglo XIX, aunque adquirieron una relativa estabilidad después de la Reforma. En la primera mitad de este siglo, surgieron numerosos conflictos por políticas que involucraron directamente el manejo y bienes de la iglesia católica. En este contexto durante la década de 1840, influyó en estos temas con sus posturas difundidas hacia la “opinión pública”, ya desde el púlpito, el confesionario o de la prensa. A pesar del incremento de personas laicas letradas, el clero continuó siendo un grupo significativo en el escenario político de México.
En este estudio nos centraremos en el análisis de nueve folletos de esta década que pertenecen a la colección Lafragua. El análisis se enfoca en los principales tópicos de las respuestas que dieron el clero y algunos laicos en la defensa de los intereses de la Iglesia frente a las reformas que pretendió establecer los gobiernos de turno; los cuales pautaron la configuración de la nación mexicana. Para clarificar el análisis se optó por dividir el estudio en tres acápites: la relación Estado-Iglesia, el proceso de secularización y los bienes eclesiásticos.
1. RELACIÓN ENTRE ESTADO E IGLESIA
El regalismo fue una ideología que dominó las relaciones entre Estado e Iglesia con mayor fuerza desde el siglo XVIII, y en especial con la aplicación del proyecto borbónico. La noción de que el soberano terrenal poseía amplios poderes en la regulación de las actividades eclesiásticas influenció en las políticas, leyes y discursos de los gobiernos republicanos en México. Aunque, a la vez, el clero podía usar argumentos de la misma base ideológica, y es que la génesis de las ideas democráticas y republicanas posee un fundamento ideológico en la historia de la filosofía cristiana.
En los discursos de los folletos estudiados que defienden a la Iglesia, se puede identificar el proyecto de comprender a México como una nación católica, una gran familia que poseía como referentes a los patricios fundadores de la independencia. Los integrantes debían regular sus actividades según el ejemplo de estos patricios. Además, el clero involucró a la minoría de mexicanos que poseían experiencia administrativa y cualidades de retórica para comunicar las ideas a la “opinión publica”, lo que se convertiría en un peligro para los funcionarios civiles, quienes atacarían sus privilegios.
En este sentido, el obispo de Michoacán, Clemente Munguía, quien tuvo una prolífica vida académica en su localidad y una larga experiencia política en el clero como la mayoría de los obispos que redactaron los folletos analizados, expresó:
«la pretendida independencia en que se ha querido suponer á la tierra respecto del cielo, es el mas funesto delirio que ha podido imaginarse entre los hombres; que salirse del órden espiritual es fabricar en el aire, ó cuando ménos sobre una arena movediza; que buscar los caracteres legítimos de este órden saliéndose del influjo de la gracia y la fe, será siempre divertirse con quimeras, y que no habiendo alianza entre la razon y la fe, entre la voluntad y la gracia, fuera del principio católico, el cristianismo no ha dejado de ser un solo instante la forma legítima de la sociedad moderna, y la única real y positiva de sus instrucciones políticas».
Se resaltó el daño que la Iglesia recibía por las ideas revolucionarias que surgieron en Francia. Para el obispo de Puebla, y otrora enviado extraordinario y ministro plenipotenciario al Vaticano, estas nociones perjudicaban al culto y a sus ministros. Un filósofo español cuyo folleto fue publicado en México subrayó el peligro de estos ataques que podían generar un rompimiento del orden vigente, y la tendencia hacia la inestabilidad social. Definitivamente, un asunto que preocupaba a gobernantes y gobernados por el ambiente de desorden que se experimentó en las primeras décadas de la república mexicana.
Igualmente, los defensores de las materias eclesiásticas destacaron la importancia de la iglesia católica en la sociedad. Algunos resaltaron su función en la conservación del orden: «Mandad que el mundo trastornado recobre su aplomo, calmad sus trastornos, volvedle la serenidad, curad las heridas de vuestro pueblo, y cambiad en gozo perdurable los dolores y las amarguras que tan lastimosamente le han conturbado». Otros indicaron la búsqueda del bienestar colectivo: «Es verdad que el objeto principal de la Iglesia es la salud eterna de las almas, que es un fin espiritual».
El obispo de Guadalajara, Diego de Aranda, , quien fue nombrado en tiempos pasados como representante en las Cortes de Cádiz, destacó que la iglesia católica se dedicaba al culto divino, que producía bienestar colectivo porque permitía que los humanos consiguieran «la verdadera y sólida felicidad por la que suspira siempre nuestro pobre corazón». Indicó que entre los más importantes deberes del clero se encontraba «instruir á los ignorantes, sostener á los débiles, y llamar, con toda la ternura de nuestro afecto, á los extraviados, haciendo entender á todos la necesidad en que se hallan de observar los preceptos de la Iglesia, y lo que deben temer justamente si los quebrantan ó desprecian».
Juan Cayetano Gómez de Portugal, obispo de Michoacán quien anteriormente había renunciado a su cargo de ministro de Justicia en 1834, y su cabildo señalaron su preocupación por una supuesta perdida de poder de la Iglesia, que se vinculó a la privación de sus bienes. Por eso, declaró:
«Si solo se tratara de algun punto de pormenor, de alguna dificultad secundaria, ó de la simple falta de proteccion de las leyes á la Iglesia, hubiera seguido observando la conducta que hasta aquí, de resignarme con lo presente y lamentar en silencio la llegada de un tiempo en que el principio religioso había dejado de influir en la marcha de la política, en el establecimiento, ejecucion y aplicacion de las leyes».
Este cambio de actitud del Estado con respecto a su tendencia proteccionista en la época colonial, fue un llamado de atención del peligro de convertir a la religión católica en un mero instrumento estatal, cuando se constituía en una herramienta de cohesión y continuidad social, ayudando al Estado el transferir la lealtad del pueblo a la república. Así, el obispo de Michoacán señaló:
«Para decretar la ocupacion de los bienes de la Iglesia, era preciso declararlos nacionales, y para declararlos nacionales, torcer la política y abjurar la religion. […] No hai duda, Sr. Exmo., es necesario abjurar la religion, ó considerarla cuando menos como un mueble de acomodamiento arbitrario en el edificio de la sociedad, para dictar semejantes medidas; porque estando los bienes de la Iglesia consagradas á Dios, declararlos nacionales, ó decir que no tienen dueño, es tener á Dios como una quimera».
Por un lado, el obispo de Michoacán denunció el ataque a la Iglesia, y por otro lado, se situó en el régimen republicano indicando que su voz representó la de un sacerdote y la de un ciudadano. Afirmó que:
«Lejos de obrar por un principio anti-social, que no se me atribuiría son grande injusticia, yo seré el primero que manifieste el profundo respeto que me inspiran las autoridades de la nacion, á quienes debo, como todo ciudadano, una grande obediencia en todo aquello que versa en el órden civil y gira dentro de la órbitra de sus propias atribuciones».
Por ende, se recurrió al rol de los patricios fundadores de la independencia y es que según un prestigioso jurista conservador, quien fue diputado y senador por México y Puebla, llamó la atención del éxito de la independencia porque se garantizó la defensa de la iglesia católica. Lo que se expresó en las siguientes palabras:
«Y ¿podrá esto establecerse en una sociedad cristiana é ilustrada, y que hizo su independencia proclamando ante el cielo garantir la religion, y constituyendo á ésta por primera de las garantías, ó mejor dicho de los objetos garantidos? ¿Serán éstas las leyes que la protejan? ¿Hay alguno que sobrelleve el que se ataque, v. gr., su honor con tal que se haga indirectamente?».
El obispo de Guadalajara utilizó en su defensa de la Iglesia a algunos símbolos republicanos. Señaló:
«¡Ah! Celebramos con entusiasmo los acontecimientos memorables de la patria…¿y no celebrarémos, los de nuestra santa religion? … recordamos con placer los dias en que se proclamó nuestra libertad…¿y no recordarémos aquellos en que se despedazaron las ominosas cadenas de nuestra servidumbre con el demonio, y en que se declaró la libertad de los hijos de Dios?...hacemos memoria de los héroes de la república…¿y olvidarémos aquellos que la Iglesia venera, y cuyos hechos son más ilustres, más gloriosos? ¡Fieles! La iglesia nos manda la santificación de sus fiestas, y nosotros debemos obedecerla con la docilidad propia de hijos para con una madre que se interesa tanto por nuestro bien, y con las mas vivas ansias suspira por nuestra felicidad».
Además, se criticó a los resultados obtenidos por los gobiernos humanos. El obispo de Michoacán mencionó cuatro factores que promovían el desorden: la difusión de los discursos liberales en los sectores populares, la construcción de la sociedad desde los movimientos sociales y la “razón”, la creación de un orden desde una lógica de los intereses, y el mantenimiento del orden social amparado en la fuerza militar. Según su perspectiva, lo que se logró fue un mundo gobernado por el caos. Esto sucedía porque se olvida de Dios, quien es el único ser que puede garantizar un orden. Es mas, la persistencia del caos empeoraría «miéntras los filósofos y los políticos le tengan declarada la guerra al cielo».
Se reconoció que el conflicto con la Iglesia provenía de dos ideologías: la reforma y el socialismo. Ambos eran: «dos monumentos colosales que el orgullo del espíritu humano ha erigido en sus aberraciones sobre las dos extremidades de tres siglos, como un punto de partida y un término necesario: los errores tienen su lógica y las turbulencias una filiacion reconocida».
Sin embargo, esta situación podía cambiarse, según Munguía, porque la política y la Iglesia no necesariamente estaban separadas, e incluso se remarcó que:
«El catolicismo creó, pues, una condicion esencialísima de conservacion para la sociedad moderna. Esta, por la lei de su naturaleza progresiva y perfectamente desarrollada, es política, y no puede ser otra cosa, así como la religion es católica, y no puede ser otra cosa: lo político y lo católico son dos ideas paralelas, y que han de marchar siempre paralelas, quiérase o no: porque el movimiento de las ideas, y la fuerza espansiva de las cosas son independientes de la voluntad humana. […] La Iglesia no es de este mundo, pero está en este mundo: la sociedad civil no es del cielo, pero va para el cielo».
Otra vez surgió la idea de la nación católica. Era necesario fortalecer la idea de que la Iglesia y su clero eran actores principales en la política mexicana, debiendo tener voz y voto en las instituciones representativas del Estado, lo que también se explica por el requerimiento de conocer las políticas contrarias a los intereses de la Iglesia.
En el mismo sentido que el autor anterior, el jurista Rodríguez de San Miguel criticó un proyecto de constitución en 1842 expresando algunas ideas sobre la relación entre Estado e Iglesia. Mencionó: «Es pues necesario que ni en lo público ni en lo privado se permita obrar contra ella [religión del estado] y su sagrado objeto, mirándose como unos mismos los intereses de la religion y los del estado».
El obispo de Puebla reconoció que las políticas en contra de la iglesia católica se dieron anteriormente, sin embargo, justificaron su silencio porque no querían que sus voces no fueran interpretadas como respuestas a un “sórdido interés”. Esta idea también fue mencionada por el obispo de Guadalajara en el mismo año. Algunos prelados se lamentaron al «ver el estremo á que han llegado las pasiones, y los vicios que degradan tanto y envilecen al hombre, no menos que los vientos y tempestades de un mundo corrompido, enemigo implacable de Jesucristo y de su doctrina». Para profundizar la reflexión de este ambiente adverso, el obispo de Guadalajara llegó a aconsejar:
«Consúltese cada uno á si mismo, pregunte á su corazon, y en él verá escrita la ley promulgada por el Señor entre los truenos y relámpagos del Sinai. No sucede así con los preceptos de la Iglesia, en éstos tiempos principalmente, en que hay tantos apóstoles del error y de la impiedad, en que hay tantos enemigos de la Esposa del Cordero, y en que se ataca con tanto descaro al Sumo Pontífice, á los santos Concilios, y á todas las determinaciones eclesiásticas, corrompiendo á los ignorantes, y separándolos de la obediencia que deben á la Santa Iglesia y á sus leyes. No os dejéis, pues, engañar hijos queridos, oid las palabras de vuestro Obispo, escuchad y sed dóciles á la voz de vuestro legítimo Pastor, de quien no podeis ya decir que ha callado; y recibid toda la ternura de nuestro afecto con nuestra pastoral bendicion».
Hasta este punto parecería que el antagonismo en la dinámica Estado e Iglesia era grande, empero esto fue relativo. Muchas veces, los eclesiásticos tomaron puestos estatales y colaboraron con los gobiernos vigentes. Este fue el caso de Andrés López de Nava, quien fue ministro de Justicia por recomendación de Vicente Gómez Farias, en 1847. Esta conducta no fue extraña en el clero, pues de manera individual o colectiva se acercaban a los grupos políticos para concertar acuerdos o negociaciones, u ocupar un determinado cargo de funcionario.
En el cumplimiento de su cargo, el clérigo escribió una respuesta al obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, por sus ataques a las medidas del gobierno contra los bienes eclesiásticos. Ante esta actitud, el obispo de Guadalajara, Diego de Aranda salió a defender a su colega. Es decir, en esta coyuntura surgieron a flote algunos conflictos internos dentro de la jerarquía eclesiástica. Lo interesante fue que, tiempo después, el ministro renunció a su cartera porque sentía que estaba traicionando a la Iglesia, y publicó una disculpa pública por sus errores.
En el texto del obispo de Guadalajara, se subrayó que el ministro era sacerdote e ingresó a la cartera prometiendo que suavizaría las políticas contrarias al clero, no obstante, ocurrió todo lo opuesto. Satirizó esta “ayuda” con las siguientes palabras: «No puede negarse al señor ministro el claro derecho á un privilegio esclusivo por ese nuevo y desconocido modo de dulcificar los lances, añadiendo afliccion al afligido, y abatiendo á sus pastores al tiempo que miran herido con el escándalo el rebaño. Si así lo hace el señor ministro cuando se propone dulcificar, ¿qué será cuando no tenga tal empeño?». Además, por no contrariar al gobierno por los préstamos forzosos, el obispo llamó al ministro “liberal”.
Asimismo, subrayó que ni siquiera se respetaba la Constitución de 1824, que estableció a la religión católica como la oficial y única. El hecho de no obedecerla significaba un crimen contra la voluntad nacional. Incriminó al ministro por apoyar la posición del gobernador de Puebla, Domingo Ibarra, quien acusó al obispo de Puebla de incitador de alzamientos. Para Aranda, la conducta popular se explicaba porque «La indignación de los poblanos y de la nacion entera, nace de que con la ley de destruccion de bienes eclesiásticos se han atacado las conciencias, se han ofendido los sentimientos religiosos, se ha lastimado á los mexicanos en lo mas vivo de su corazon, se les ha herido en la niña de sus ojos». Estas causas, también, influyeron en los movimientos en Querétaro, México y Maravatio.
Finalmente, le recomendó «Vuelva el Sr. López sobre sus pasos, ya que ha tenido la desgracia de darse á conocer por sus errores. Su corazon no había sido corrompido, ni en esta materia habia tomado el camino de la perdicion. Estremézcase este sacerdote al verse único contra todas las iglesias en esta obra de impiedad y destruccion».
En el segundo texto, la autoculpa del ex ministro se inició expresando:
«Obligado como mejicano, como católico, como sacerdote y como cura párroco beneficiado á dar una pública satisfaccion á la Iglesia toda y á los Venerables Prelados que ha puesto el Espíritu Santo para regirla y gobernarla, procuraré hacerlo con la franqueza que me caracteriza y con la simplicidad que debo, para calmar de este modo todo remordimiento y turbacion de mi conciencia, no menos que para escarmiento de cualquiera de mis hermanos que se sienta, ó se haya sentido tocado de alguna prevencion miserable, siniestra é imperfecta, ajena ciertamente de la verdadera humildad y caridad de que debe estar siempre revestido el sacerdote, y aun todo cristiano que quiera merecer este nombre».
Luego realizó un breve recuento de su vida política hasta su desempeño en la cartera de justicia. En esta breve descripción destacó que fue diputado de Jalisco y que en su permanencia en México fue ambicionando arribar a cargos mayores, y se lamentó por eso. Así, un día Gómez Farias lo llamó al Palacio y le pidió encarecidamente que se desempeñara en el ministerio de Justicia. Confesó que los textos que presentaba al gobierno, no eran aceptados debiendo radicalizar ciertos aspectos.
Una de sus tareas como ministro fue contestar a los obispos de Michoacán y Puebla por su oposición a los préstamos forzosos. Ejecutó estas respuestas sobre la base de su experiencia como colegial en replicas literarias. «Así es que, de todo cuanto vertí en mis escritos, nada sentí, nada creí. Todo fue presuncion externa, vanidad escolástica, ni mas ni menos como he dicho que cuando uno arguye en la baranda contra una conclusion».
La influencia de su familia, y por tanto, de su localidad, en la decisión de su dimisión se expresó de la siguiente forma:
«Desde mis tiernos años aprendí que la Iglesia disfruta en fuerza de su soberanía una autoridad espiritual tan esclusivamente propia, que todos los soberanos juntos son incapaces de variar aun en lo mas pequeño sus superiores determinaciones. […] Desde mis tiernos años aprendí que la Iglesia quedaría encomendada á la caridad, y que en consecuencia esta la provería en abundancia y sufragaría á la magnificencia de su culto y á la manutención de sus ministros. […] Desde mis tiernos años aprendí que las dos potestades, eclesiástica y civil tienen como el océano puestos por Dios sus señalados límites, los que no podrán traspasarse aunque lo intenten; y que caminando ambas como sobre las dos líneas paralelas no se podrán tocar jamás para mezclarse una en las atribuciones de la otra: y solo sí para prestarse mutuamente sus auxilios».
2. DESARROLLO DE LA SECULARIZACIÓN
Las ideas liberales implicaron poner como principal referencia de las prácticas humanas al contexto y reglas del mundo social, lo cotidiano. Este significado dejaría atrás las explicaciones extraterrenales, tratando de secularizar los actos cotidianos de hombres y mujeres. En este sentido, el obispo de Michoacán en un sermón que agradecía el retorno del pontífice Pio IX ― después de su huida de territorios pontificios por el acontecimiento de las revoluciones de 1848 ― mencionó que el filosofo humano formaba parte de una cadena del espíritu humano. Tal afirmación tuvo el fin de destacar que la religión consistía en la:
«[…] expresion soberana del pensamiento de Dios, engólfase sin cesar en lo infinito, desdeña lo que no es inmenso, esquiva lo que declina un tanto de los términos de la perfeccion, y nunca se muestra mas elevada, que cuando abraza con una sola de sus expresiones inspiradas, las generaciones, los acontecimientos y las ideas que han venido pasando por el inmenso curso de los siglos».
Lo contrario, según Balmes, era un «individualismo brutal, este feroz sentimiento de independencia, que no podía conciliarse con el bienestar del individuo, ni con su verdadera dignidad; que entrañando un principio de guerra eterna, y de vida errante, debía acarrear necesariamente la degradación del hombre y la completa disolución de la sociedad». De igual forma, rescató que los bienes eclesiásticos contribuyeron a disminuir la parte nociva de la desigualdad de clases, ayudando a los sectores populares para establecer no una igualdad completa, que sería absurda, sino un “saludable equilibrio”. Se requería de un orden social jerárquico, lo que fue una de las ideas también de los liberales de la época, pues:
«Las desigualdades sociales son de necesidad absoluta, como á fundadas en la misma naturaleza del hombre y de la sociedad, y son ademas un beneficio, porque sirven de poderoso resorte en la maquina de gobierno. Bajo uno ú otro nombre, con esta ó aquella forma, con mas o menos disfraz, las ha habido siempre, y siempre las habrá».
El rechazo a la usura en los discursos eclesiásticos aun se mantuvo en sus discursos. Según el obispo de Guadalajara, quien fue vicepresidente de la Cámara de Diputados y un activo integrante de un diario católico, «es necesario manifestar los solidisimos fundamentos que tienen los teologos católicos para asegurar que la usura es un crimen detestable: que decir lo contrario es un error heretical». El lucro era contrario al derecho natural porque se oponía a la justicia y la igualdad, pues vendía dos veces una misma cosa. Todavía no se asimilaba en algunos eclesiásticos, el nuevo poder del lucro en la modernización de la sociedad mexicana.
Balmes tampoco criticó la existencia de la ciencia y las disciplinas de conocimientos por sí mismas, que fueron elementos importantes de la modernidad y la secularización, mas bien señaló su peligro como instrumento de poder usado para dañar a la Iglesia:
«Terrible es el error cuando usurpa el nombre de la ciencia, terrible es el error que no estribando siquiera en equivocadas convicciones, no tiene aquella entereza de expresion que acompaña á la buena fe; terribles son los conocimientos cientificos, cuando apartados de su objeto legitimo, corrompidos, mutilados, desfigurados, se los emplea dolorosamente como arma de partido; terrible es el poder público que estando al frente de una gran sociedad, se vale de la fuerza inmensa que tiene á la mano, para oprimir, para vejar y despojar; terrible es la injusticia cuando llega á tener como instrumento las leyes».
El uso de la ley como mecanismo de presión por parte de Estado para fundamentar su poder sobre la Iglesia, también, fue destacado por el obispo de Michoacán, quien criticó a los liberales en términos de cristianos que no cumplían con su deber:
«No concederé jamás á los que tal han pensado y tal han hecho, el triunfo de creer, que han podido dictar esta lei, y estar firmes al mismo tiempo en sus principios religiosos. […] Hombres tan poco entendidos, incapaces de juntar dos relaciones en una ciencia tan vasta y tan ramificada, crean que una lei, como la presente, nada tiene que ver con la constitución de la Iglesia y con sus elementos dogmáticos; que se pueden saquear todos sus bienes y conservar la conducta de cristianos: que la oposicion de los Obispos es una rebelion pública, y la perturbacion de las conciencias, miserables ilusiones de la piedad: pero tales hombres podrán aspirar al crédito de políticos, se harán admirar por su astucia y aun por su ingenio: mas tales hombres, cristianos por bautismo, son en la realidad incrédulos e impíos por su conducta y por sus máximas».
Por otra parte, los defensores de las prerrogativas de la Iglesia destacaron el rol de la nación mexicana como pueblo elegido. Así, se insistió en la imagen de:
«Un pueblo favorecido por la luz del Evangelio, ¿no es un pueblo escogido y privilegiado que á proporcion del inestimable favor que se le dispensa, son mas estrechas sus obligaciones de buena correspondencia, en el esmero por su religion, en el celo por la conservacion de su pureza y en sus respetos en lo esterno público y en lo esterno privado, ya que está fuera de los resortes humanos el procurarle y conseguirle los respetos internos?».
Como se indicó anteriormente, los defensores católicos utilizaron argumentos y nociones del republicanismo para argumentar sus posiciones. Por ejemplo, el obispo de Guadalajara defendió el criterio de Ilustración del pueblo antes que el de los liberales. Aclamó al respecto: «La Ilustracion del pueblo le hace no alucinarse con las ideas de depravados liberales: ese pueblo sabe discernir y examinar qué clase de hombres son los que quieren poner las manos en las manos muertas, y qué clase de hombres se oponen á esta maldad». Entonces, el discurso de estos folletos se actualizó con la ideología republicana, pero, igualmente recurrió a los fundamentos tradicionales del derecho canónico, las sagradas escrituras y los textos de los padres de la Iglesia.
Una herramienta de la propagación de las ideas liberales en la sociedad mexicana fue la prensa. Esto fue percibido por los defensores de la iglesia católica, quienes estuvieron atentos a la planificación, formulación y aplicación de las leyes y políticas relacionadas con la libertad de prensa. En este sentido, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, vociferó en un discurso en 1842 en el Congreso su oposición al proyecto de constitución que se estaba elaborando en este tiempo. Subrayó el titulo 3º artículo 13 del proyecto, que indicaba que «“todos tienen derecho para publicar sus opiniones, imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga”. La consignacion de semejante libertad mas bien parece garantir la anarquía y las perpetuas inquietudes, que el buen órden y la tranquilidad».
Para defender su idea, el jurista afirmó que la intención de esta ley era conceder el derecho de la libertad de pensar, empero, la formulación de este artículo va más allá y dotaba el derecho de actuar. Por eso, recomienda que la expresión libre de las ideas se realice en lo confidencial y lo doméstico, mas no en lo público, mientras, este derecho permitía una libertad absoluta, plena y sin modificación. Lo que más le preocupó era que esta libertad posibilitara abiertamente el ataque de la prensa al dogma religioso o la moral pública como se estaba realizando. Como en el proyecto se indicó la prohibición de un ataque directo, el autor realza que dejaba la posibilidad de un ataque indirecto. En el autor el dogma significaba un equivalente de moral pública, era el sistema ético que conocía y que ponía orden en la configuración social mexicana.
Otro asunto que el jurista cuestionó en el proyecto fue el tema de la libertad de cultos. Rodríguez de San Miguel indicó que en el artículo 31 se establecía que la religión católica era el culto que la nación practica, y además, se prohibió que se ejercite otro culto de manera pública. Consideró que la forma en que se redactó el artículo promovía una próxima aceptación de la libertad de culto o la tolerancia religiosa. Es mas, el autor presionó y señaló, también, que la declaración de la religión católica debería ubicarse inmediatamente después del título 1º, es decir, después de la manifestación de que México es una nación independiente y libre, y así debería «hablarse de su ser religioso, gloriándose, tanto de su independencia sobre la tierra, como de su dependencia del que está sobre los cielos». Llamó a los oyentes de su discurso a reflexionar, expresando las siguientes palabras:
«Siendo, como es hoy, tranquilo el ejercicio esclusivo de la religion cristiana en nuestra república, ¿qué razones podrían alucinarnos para que se dé ocasion á que dentro de breve se avance á cometer un tan voluntario crimen contra el cielo? Lo es sin duda, supuesta la divina revelacion, no escluir todo culto que no sea conforme á ella, é introducir la indiferencia religiosa».
Continuó deliberando en su discurso sobre la libertad de cultos al manifestar que no puede darse un tipo de “caridad” por parte del Estado por medio de la tolerancia religiosa, y dejándose libertad de expresar diversos cultos. Manifestó que la religión católica poseía en su propia naturaleza inherente el elemento de la intolerancia religiosa, puesto que la “verdad” es solo una y universal. Percibió a los demás cultos como religiones populares que eran falsas. Ante todas estas consideraciones, Rodríguez confiaba en que el proyecto podría aprobarse sin ningún problema después que se realizaran los cambios anotados en su discurso. Incluso creía que en unos tres o cuatro días se podría hacer las respectivas modificaciones, y no responsabilizaba a la comisión por los grandes errores existentes en el proyecto porque lo han tenido que presentar en un corto tiempo. Modos de negociación de la política mexicana.
Por otra parte, se identificó la secularización de la sociedad en términos de la disminución de cantidad de personajes eclesiásticos. Así el obispo de Puebla comentó:
«Es verdad que ahora no todas las familias acomodadas cuentan con un eclesiástico como en los felices dias del repetido cardenal, ni son tantos los que se dedican al servicio de la Iglesia, gracias al filosofismo y á la impiedad, que han declarado la mas dura guerra á la Religion y sus ministros. […] ¿Y qué ha resultado? Un clero tan escaso […]; un clero tan pobre […]; unos obispos que con la mayor economía á duras penas pueden subsistir y hacer los gastos de visita […]; un culto exterior tan mezquino».
Asimismo, se enfrentó las críticas relacionadas a la organización de la jerarquía eclesiástica. Una de las instituciones menos apreciadas fueron los cabildos eclesiásticos, cuyos integrantes cumplían con el asesoramiento al obispo de turno en la administración de la diócesis respectiva, y colaboraban con el prelado en algunas de sus tareas. Se defendió al cabildo señalando que:
«Los Cabildos son objeto de aversion para muchos, que califican de hombres inutiles y ociosos á los individuos que los componen, habiendo pasado en proverbio, entre la gente mas vulgar, llamar canónigo al perezoso, que no busca mas que su comodidad. Este sarcasmo pasa, como muchos que se oyen, porque se dice sin exámen ni conocimiento de causa. […] Lo cierto es que los cabildos son una institucion venerable, porque establecida por la Iglesia; por su objeto, que es substituir á los presbíteros en formar el consejo ó senado del Obispo: por su antigüedad, porque los miembros que la componen, segun la disciplina actual, obtienen en el órden gerárquico un puesto que sigue inmediatamente á la dignidad episcopal: porque organizada conforme á las intenciones de la Iglesia, es decir, dotados competente y decorosamente; honrados y protegidos sus individuos, dan honor al clero, y sirven de estimulo en la carrera laboriosa de las letras, y en la espinosa del servicio de las parroquias en climas insalubres, plagados de insectos, y privados de toda sociedad».
3. LOS BIENES ECLESIÁSTICOS
La folletería como herramienta de difusión y legitimación de ideas en México, también imprimió textos centrados en la defensa de los bienes eclesiásticos frente a las políticas que trataban de enajenarlos. El filosofo español Jaime Balmes, afirmó que los ministros de la Iglesia poseían el derecho de exigir a la sociedad su “decente” sustento, lo que se fundamentaba en la razón, la Escritura Sagrada y las leyes canónicas y civiles. De caso contrario, se convertiría en un hecho “monstruoso” o una “proscripción”. Usó recursos argumentativos de tipo económico. Señaló que:
«En el momento en que la propiedad deje de ser inviolable, la sociedad se disuelve, porque entonces es ella un absurdo: y si en algunos países subsiste, á pesar de no hallarse la propiedad asegurada cual debiera, es porque en tales casos el buen sentido de los hombres, y el instinto de conservacion social suplen en cuanto cabe, el vacío de las instituciones, y de las leyes. […] Con la venta de los bienes del Clero, habrá circulacion, es verdad: pero violenta, y por tanto poco duradera, encerrada en los limites de las bolsas y bancos; circulacion que acumulará inmensas riquezas en manos de unos pocos capitalistas, y que no llevará ni un átomo de provechoso jugo á la agricultura á la industria, y al verdadero comercio».
Dudó del positivismo de la economía política. Destacó que la ciencia poseía principios que eran pasados de maestros a discípulos, los cuales no fueron infalibles. El derecho moderno sobre la propiedad se diferenció de la medieval porque buscó la simplicidad, librándola del dominio de la heterogeneidad y lo fenoménico, y mas bien, trató de centrarlo en el sujeto, en su interior, en una relación pura entre “libertad” y “propiedad”. Esto era contrario, al pensamiento de los defensores de los bienes eclesiásticos.
En 1847, en el contexto de la invasión estadounidense a México, el gobierno requirió de dinero para financiar la resistencia. En este sentido, se identificó en los bienes eclesiásticos una fuente de ingresos. De ahí que, se establecieran leyes que desamortizaran algunos de estos bienes, o que se insistiera en préstamos forzosos. Las respuestas no se hicieron esperar.
El obispo de Michoacán, Juan Cayetano Gómez Portugal, y su cabildo eclesiástico protestaron por estas medidas. En el inicio de su escrito, el prelado señaló que recibió del ministerio de Hacienda un ejemplar del decreto del 11 de enero de 1847 que disponía la ocupación de bienes eclesiásticos. Destacó que se opuso al decreto desde su debate en el Congreso, pues era contrario a los derechos de la Iglesia y no observaba la constitución. Este último punto se sustenta en que la Constitución de 1824 establecía a México como un pueblo católico.
El prelado de Michoacán mencionó que: «se ha decretado el mas completo y universal despojo de las mas sagrada de todas las propiedades, del mas benéfico de todos los tesoros, de los bienes que sirven inmediatamente al culto de la Divinidad». Enfatizó en su preocupación por el despojo de las rentas eclesiásticas y apeló a argumentos de tipo católico usando el recurso de la culpa:
«[…] no hubiera creido que la política progresiva llevaria sus miras sobre el tesoro eclesiástico hasta ponerlo en total ruina y acabar con todos los recursos. Semejante medida no podia ciertamente ponerse en práctica, sino por hombres que redujesen á cero los derechos de la Iglesia y relegasen al pais de las quimeras la autoridad, el poder y la soberanía de aquel que trajo la paz á la tierra, imponiendo deberes á los gobiernos y dando verdaderas garantías á la sociedad».
Igualmente, insistió en que los motivos de sus respuestas no se fundamentaban en el interés por preservar sus bienes en términos de lucro. Esta negación fue precisa para el obispo porque se constituía en los argumentos de los autores liberales, lo que calificó como “calumnia impía y grosera” siendo parte de «la prostitucion de nuestros días». Así, concluyó que:
«La lei pues, es anti-económica, si se ha de sostener en todas sus partes, ó es bárbara y atroz, si se han de sacar á toda costa los recursos que se pretenden.
Tambien la hemos llamado inmoral, porque autoriza los manejos indignos de tantos hombres que especulan sin pararse en los medios, y que todo lo proponen á su interes individual».
Un argumento distinto al anterior fue expuesto por Balmes, quien indicó:
«El Estado no dice al Clero “eso no es tuyo, sino que es mío, y por eso me lo tomo”, sino, que lo que le dice es, “yo necesito tus bienes, y por eso me apodero de ellos; tú lo que puedes exigirme es que te indemnize; pues bien, yo lo haré, yo tomo á mi cargo tu decente subsistencia, y el cubrir los gastos de culto; con esto, atiendo yo á mis necesidades, y no cometo ninguna injusticia”».
Sin embargo, este argumento implicó que el Estado comparaba al clero con un tipo de empleados públicos, y no consideraba la particular de sus funciones, que necesitaba de su sustento para cumplir con los designios de sus actividades. No hacerlo significaba su degradación. El autor comentó que, aunque se tuvieran los ingresos de los diezmos y otros ingresos, la Iglesia poseía un mediano sustento para los sacerdotes y el mantenimiento del culto. Los más afectados eran el bajo clero.
Los folletos analizados intentaron convencer de que la Iglesia como institución soberana conservaba el derecho y dominio de sus bienes, a pesar que el Estado los enajenara, en este caso a la fuerza. Según, el gobierno eclesiástico de Michoacán, los bienes eclesiásticos «se consagran mediata ó inmediatamente al servicio del culto, salen del dominio humano, entran en la categoria de las cosas que se llaman de derecho divino, quedan por su propia naturaleza escluidas de la jurisdiccion civil, y no pueden en consecuencia ser el objeto de leyes coersitivas del Gobierno temporal».
Uno de los puntos de la aplicación del proceso de desamortización en el territorio mexicano fueron los diezmos. El obispo de Puebla indicó en una carta pastoral que los políticos contrarios a la Iglesia señalaban a las “gentes sencillas y falta de instrucción”, que el pago de los diezmos era un asunto temporal y que no pertenecía a la institución eclesiástica, quien solo podía regular normas que se asociaran al interior y espiritualidad de las personas. Sin embargo, esto no era cierto porque el pago de diezmo involucraba el reconocimiento de Dios como creador de las cosas, y suministraba ingresos para el mantenimiento de su culto público, en primera instancia, y luego privado e interno. Incluso le parecía escandaloso que existieran personas que afirmaran que el pago del diezmo era negativo para la agricultura. «Injusto un precepto que impuso el mismo Dios á los israelitas! ¡Injusta una ley que ha dictado la Iglesia imitando la conducta del Supremo Legislador! ¡Ah!».
El prelado cuestionó diversos puntos de los argumentos liberales frente a los diezmos. Uno de ellos señalaba que los diezmos fueron limosnas u oblaciones voluntarias a favor de la Iglesia, la cual establecía los montos de forma arbitraria. Según su posición, esta idea fue causada por una gran ignorancia o una refinada malicia de los enemigos de la religión. Otra afirmación liberal que se oponía al pago de los diezmos resaltaba que éstos no fueron percibidos por los curas, sino distribuidos por la jerarquía eclesiástica porque era un derecho institucional. El hecho de que los diezmos no fueran consumidos en los espacios en que se producían sino en las capitales en que residían los prelados y el cabildo eclesiástico, no justificaba la negación del pago del diezmo.
Ante su conocimiento de la existencia de un proyecto que pretendía crear una caja común fundamentada en los diezmos para evitar la desigual dotación de los párrocos, advirtió la infactibilidad de la propuesta. Surgirían grandes inconvenientes como la larga distancia de la recolección de los diezmos, que incentivaría la disminución de los haberes parroquiales porque se tendría que pagar a recolectores. Además, si se descontaba la cuarta episcopal y la establecida para la fabrica y el hospital quedaría muy poco, y dejaría con escasos recursos a los obispos, cabildos y curas. En el mismo año, el obispo de Guadalajara indicó que: «Es verdad que por la ley civil ha cesado la obligacion de pagar el diezmo; pero esa determinacion, no quita la obligacion que nos impone la Iglesia, la cual es tan santa y respetable». El juego de la negociación entraría nuevamente en práctica.
Entre las razones que usan los eclesiásticos y los laicos católicos para oponerse a la ejecución del proceso de desamortización estuvo el énfasis en la escasez del número de canónigos y prebendados por la carencia de rentas, perjudicando a la institución eclesiástica, pues afectaba a la dignidad y decoro de los oficios divinos, y dañaba el ingreso de sujetos instruidos y virtuosos que podían llegar a “la silla de honor y descanso”. También, se manifiestó que las escuelas y seminarios eclesiásticos ― que se constituyeron en los principales centros educativos ― habían sido financiados por la Iglesia y no por el Estado. Estos centros habían detentado a «los padres de la civilizacion y de la cultura mejicana». Esto fue cierto en la época porque los autores se habían instruido en los seminarios, que eran parte de los principales centros de enseñanza de elite.
Asimismo, la disminución de las rentas eclesiásticas imposibilitaba o disminuía la asistencia eclesiástica a los necesitados, quienes poseían la capacidad de convertirse en elementos sociales peligrosos (vagos, ladrones y asesinos) por no recibir una educación cristiana. Y es que esta educación, igualmente, enseñaba a los integrantes de la sociedad mexicana a ser caritativos para que los pobres no se murieran de hambre como en otros países. Es decir, las políticas que atacaban estas rentas promovían un daño al bienestar colectivo. Entre los sujetos que se identifican como los directos perjudicados figuraban los:
«miserables que diariamente ocurren á las puertas de nuestro palacio, manifestando, la viuda su desamparo y el de su numerosa familia; la casada, el abandono en que la tiene a ella y a sus hijos el marido vicioso; la doncella, su orfandad y miseria, y el riesgo que por ella se halla, expuesta a ser victima de un lascivo perseguidor; el ciego y el estropeado, el que no puede con el trabajo de sus manos procurarse el alimento, y finalmente el desvalido que carecen de todo recurso».
A este tenor, se destacó la confianza e interés del pueblo por las rentas eclesiásticas porque les favorecían. El obispo de Guadalajara señaló:
«Los pueblos fanáticos conocen que esos bienes eclesiásticos son su consuelo, el auxilio del labrador, el capital del artesano, el fomento del hombre laborioso, el socorro de la viuda, del huérfano, del enfermo, &c., y saben por su propia experiencia que el codicioso ó malvado que los compre, no acostumbra prestar, está muy distante de socorrer, y es avaro hasta con su misma familia. Finalmente, ese pueblo percibe claramente que al darse el golpe á los treinta millones que se despilfarrarán para sacar los quince, no se trata de recibir auxilios para la guerra, sino de desahogar la impiedad y el furor contra las instituciones religiosas, y aniquilar completamente á la Iglesia mexicana».
En otras palabras, se resaltó el vínculo tradicional y fuerte que unía al pueblo y a la Iglesia, a un nivel que el Estado aun no podía llegar por su falta de infraestructura organizativa y material. También, se defendía la conservación de las rentas eclesiásticas en el marco del catolicismo, al acentuarse que el pueblo cristiano debía demostrar una mayor perfección que el pueblo judío. De igual manera, estas contribuciones simbolizaban el seguimiento a las prácticas de los primeros cristianos, quienes «la[s] cumplian espontaneamente, despojandose de su hacienda para ponerla á los pies de los Apostoles». En este sentido, no se puede cuestionar la autoridad de los obispos que procede del fundador de la iglesia católica, ostentando la potestad de los bienes eclesiásticos.
Se reconoció que el clero asumió una actitud patriótica frente a la invasión estadounidense, pero todo tenía un límite:
«Nuestro clero ha hecho cuanto le era licito y cuanto podía convenir á un patriotismo desente. Todos los prelados, todas las iglesias han contribuido con enormes sumas para los gastos de la guerra, aun en el tiempo mismo en que del erario se hacia un continuo monte parnaso, y á la par que se lamentaban sus necesidades, se despilfarraban sus rentas. Ultimamente estrechándose las angustias de la guerra, esforzó sus auxilios y agotó sus arcas, y estaba enmedio de aflicciones cumpliendo con sus compromisos, cuando se decreta su ruina y si exterminio».
Las leyes antiguas y eclesiásticas orientadas por Dios fundamentaban la necesidad de obtener ingresos económicos por parte de la iglesia católica, las cuales debían ser acatadas «sin hacer caso de las perversas doctrinas de los novadores y de los impíos que han querido siempre destruir el culto, y enriquecerse con los despojos del Santuario». Igualmente, el incumplimiento de las obligaciones de los fieles, que incluye el pago de diversas obligaciones, fue relacionada con la ejecución del pecado mortal, e incluso se resaltó que ningún sacerdote estaba obligado a confesar a un fiel sino contribuía con estos pagos. Elementos coercitivos que debieron afectar a determinados sectores de los fieles.
Había que resguardar a la nación católica. Se destacó que las políticas enajenadoras se oponían a las leyes divinas y eclesiásticas, y ubicaba al clero y a los fieles en la disyuntiva de «faltar á Dios, ó rehusarse á obsequiar la disposicion del Gobierno». Así, el obispo de Michoacán en 1847 no dudó que:
«La religión, Sr. Exmo. es un interes universal para todos los ciudadanos, y no habrá un mejicano sensato que no la coloque en la primera gerarquia, cuando se trata de aquellos objetos capitales que no pueden faltar en la carta constitutiva sin romper todos los vínculos sociales, y que no pueden atacarse en las leyes secundarias, sin romper la carta constitutiva y hacer pedazos los títulos que dan el ser y justifican la accion de los poderes públicos».
Además, se enfatizó que Dios gobernaba el mundo, sus acontecimientos:
«Amados hijos, nuestros, no llegue nuestra temeridad y osadia a negar á Dios su justicia é infinita bondad, ni á la Iglesia la prerrogativa de tierra madre que se desvive por la felicidad espiritual y temporal de sus hijos los cristianos. […] Dios es el dueño de la tierra: que hace caer la lluvia en donde es su voluntad: que suspende el granizo como quiere, pues dirige los vientos: que arregla las estaciones, y todos los elementos están á su disposición. Si estos son contrarios á las mieses, ¿de qué sirven la labrador su inteligencia, su industria y sus afanes? […] No es el pago del diezmo el que arruina á los labradores, sino el no hacerlo».
Nuevamente, el uso de los recursos en torno a los temores colectivos estuvo presente en los discursos de los defensores de la Iglesia. De la misma forma, el obispo de Guadalajara pronunció: «¿cuándo Dios os lo ha dado todo, le negaréis una parte? ¿negaréis este corto sacrificio que os ecsije vuestro deber y vuestra conciencia? Nadie se ha arruinado por pagar el Diezmo, y muchos han sufrido grandes pérdidas por no haberlo pagado: la bendicion de Dios está sobre aquellos, y sobre éstos la maldicion».
Por tanto, se temía a la ira divina por los pecados públicos que motivaban los “economistas ateos”. Para lograr la protección divina no solo se debía contribuir con los ingresos eclesiásticos, sino también, cumplir con las regulaciones eclesiásticas que buscaban la ejecución de buenas obras y la observancia fiel de los mandamientos divinos. Aunque, se señaló que el cumplimiento de todas estas pautas no implicaba la igualdad de la distribución de las riquezas, pues ésta responde a la lógica de la voluntad divina que es “tan sábia como benéfica”.
El obispo de Michoacán mencionó que justamente las recolecciones decimales habían permitido entregar al Estado significativas sumas de dinero, pues la iglesia católica es una «buena madre». Y es que en general, se ha brindado el apoyo financiero a los gobiernos, a pesar de las políticas reformistas ― que son percibidas como “ataques” ―, que causaron la disminución de las rentas eclesiásticas y la reducción de los gastos, siendo recibidos de manera tolerante para contribuir con el Estado. Estas medidas se tradujeron en impuestos, contribuciones y préstamos extraordinarios. Era trascendental demostrar a los defensores de la Iglesia el papel importante de ésta en la dinámica social de México.
Se apeló a la afirmación de que el pueblo mexicano no permitiría la persecución de sus sacerdotes por parte de las personas que habían demostrado anteriormente actos de “impiedad y corrupción”. Y es que los fieles no pondrían en juego su conciencia, porque conocían que la Iglesia castigaba a aquellos que contrariaban la voluntad y las leyes divinas.
APUNTES FINALES
Los discursos de los defensores de la Iglesia, que incluía al clero y laicos, frente a las políticas que amenazaron el poder eclesiástico muestran que esta institución aun jugó un importante rol en la dinámica de la sociedad y política de México durante la década de 1840.
Ellos ayudaron a construir la nación mexicana por los elementos presentados en los discursos de los folletos analizados. Aunque, los folletos no se concentraron en responder qué era la nación mexicana, sin embargo, si daban pautas de lo que debía contener una conducta nacional y el papel de la Iglesia en la nación y la definición de los elementos del nacionalismo mexicano.
En los tres puntos analizados se observó el empleo de argumentos de tipo eclesiástico y civil que trataron de otorgar sentido a la construcción de la nación mexicana, desde el escenario del conflicto. Esta construcción ingresó a la negociación de los discursos en la manera de establecer el orden social y político de México.
FOLLETOS CONSULTADOS
ARANDA, Diego de
Carta pastoral del obispo de Guadalajara al clero regular y secular y a todos sus diocesanos exhortándoles a cumplir con los cinco mandamientos de la Iglesia, 1840.
Vindicación de los injustos ataques dados por el Sr. López Nava, al Reverendo Obispo de la Puebla. Guadalajara: reimpreso por Rodríguez.
BALMES, Jaime
Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero. Guadalajara: Oficina de Manuel Brambila, 1842
ESPINOSA, Pedro
Articulo contra la usura tomado en su mayor parte del Diccionario Universal de Ciencias Eclesiásticas. Guadalajara: Imprenta del Gobierno, 1840.
GOBIERNO ECLESIÁSTICO
Protesta del Illmo. Sr. Obispo y venerable Cabildo de Michoacán contra la lei de 11 de enero de 1847 sobre ocupación de bienes eclesiásticos. Guadalajara: Reimp. en la oficina de Dionisio Rodríguez, 1847.
LÓPEZ DE NAVA, Andrés
Exposición dirigida por el Dr. D. Andrés L. de Nava, al Illmo. S. Dr. D. Diego Aranda, Dignísimo Obispo de esta Diócesis. Guadalajara: Imprenta de Manuel Brambila, 1847.
MUNGUÍA, Clemente de
Sermón que en la solemnísima y religiosa función de gracias consagrada al Todopoderoso por el regreso de Nuestro Santísimo Padre el Señor Pío IX a la ciudad de Roma, predicó en la Santa Iglesia Catedral de Morelia el 30 de junio de 1850. Morelia: I. Arango, 1850.
RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan Nepomuceno
Discurso pronunciado en 14 de noviembre de 1842 contra el proyecto de Constitución en su discusión general. Tomado del Siglo Diez y Nueve Nº 410. Guadalajara: Imprenta del gobierno, 1842.
VÁZQUEZ, Francisco Pablo
Carta pastoral del Excmo. E. Illmo. Sr. Obispo de Puebla a sus diocesanos labradores, sobre el pago de los diezmos. México: Imprenta del Águila, 1841.
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Por otra parte, el desarrollo de la relación entre el Estado e Iglesia tuvo una particular dinámica después de la independencia. Las bases de convivencia entre ambas instituciones se redefinieron en el siglo XIX, aunque adquirieron una relativa estabilidad después de la Reforma. En la primera mitad de este siglo, surgieron numerosos conflictos por políticas que involucraron directamente el manejo y bienes de la iglesia católica. En este contexto durante la década de 1840, influyó en estos temas con sus posturas difundidas hacia la “opinión pública”, ya desde el púlpito, el confesionario o de la prensa. A pesar del incremento de personas laicas letradas, el clero continuó siendo un grupo significativo en el escenario político de México.
En este estudio nos centraremos en el análisis de nueve folletos de esta década que pertenecen a la colección Lafragua. El análisis se enfoca en los principales tópicos de las respuestas que dieron el clero y algunos laicos en la defensa de los intereses de la Iglesia frente a las reformas que pretendió establecer los gobiernos de turno; los cuales pautaron la configuración de la nación mexicana. Para clarificar el análisis se optó por dividir el estudio en tres acápites: la relación Estado-Iglesia, el proceso de secularización y los bienes eclesiásticos.
1. RELACIÓN ENTRE ESTADO E IGLESIA
El regalismo fue una ideología que dominó las relaciones entre Estado e Iglesia con mayor fuerza desde el siglo XVIII, y en especial con la aplicación del proyecto borbónico. La noción de que el soberano terrenal poseía amplios poderes en la regulación de las actividades eclesiásticas influenció en las políticas, leyes y discursos de los gobiernos republicanos en México. Aunque, a la vez, el clero podía usar argumentos de la misma base ideológica, y es que la génesis de las ideas democráticas y republicanas posee un fundamento ideológico en la historia de la filosofía cristiana.
En los discursos de los folletos estudiados que defienden a la Iglesia, se puede identificar el proyecto de comprender a México como una nación católica, una gran familia que poseía como referentes a los patricios fundadores de la independencia. Los integrantes debían regular sus actividades según el ejemplo de estos patricios. Además, el clero involucró a la minoría de mexicanos que poseían experiencia administrativa y cualidades de retórica para comunicar las ideas a la “opinión publica”, lo que se convertiría en un peligro para los funcionarios civiles, quienes atacarían sus privilegios.
En este sentido, el obispo de Michoacán, Clemente Munguía, quien tuvo una prolífica vida académica en su localidad y una larga experiencia política en el clero como la mayoría de los obispos que redactaron los folletos analizados, expresó:
«la pretendida independencia en que se ha querido suponer á la tierra respecto del cielo, es el mas funesto delirio que ha podido imaginarse entre los hombres; que salirse del órden espiritual es fabricar en el aire, ó cuando ménos sobre una arena movediza; que buscar los caracteres legítimos de este órden saliéndose del influjo de la gracia y la fe, será siempre divertirse con quimeras, y que no habiendo alianza entre la razon y la fe, entre la voluntad y la gracia, fuera del principio católico, el cristianismo no ha dejado de ser un solo instante la forma legítima de la sociedad moderna, y la única real y positiva de sus instrucciones políticas».
Se resaltó el daño que la Iglesia recibía por las ideas revolucionarias que surgieron en Francia. Para el obispo de Puebla, y otrora enviado extraordinario y ministro plenipotenciario al Vaticano, estas nociones perjudicaban al culto y a sus ministros. Un filósofo español cuyo folleto fue publicado en México subrayó el peligro de estos ataques que podían generar un rompimiento del orden vigente, y la tendencia hacia la inestabilidad social. Definitivamente, un asunto que preocupaba a gobernantes y gobernados por el ambiente de desorden que se experimentó en las primeras décadas de la república mexicana.
Igualmente, los defensores de las materias eclesiásticas destacaron la importancia de la iglesia católica en la sociedad. Algunos resaltaron su función en la conservación del orden: «Mandad que el mundo trastornado recobre su aplomo, calmad sus trastornos, volvedle la serenidad, curad las heridas de vuestro pueblo, y cambiad en gozo perdurable los dolores y las amarguras que tan lastimosamente le han conturbado». Otros indicaron la búsqueda del bienestar colectivo: «Es verdad que el objeto principal de la Iglesia es la salud eterna de las almas, que es un fin espiritual».
El obispo de Guadalajara, Diego de Aranda, , quien fue nombrado en tiempos pasados como representante en las Cortes de Cádiz, destacó que la iglesia católica se dedicaba al culto divino, que producía bienestar colectivo porque permitía que los humanos consiguieran «la verdadera y sólida felicidad por la que suspira siempre nuestro pobre corazón». Indicó que entre los más importantes deberes del clero se encontraba «instruir á los ignorantes, sostener á los débiles, y llamar, con toda la ternura de nuestro afecto, á los extraviados, haciendo entender á todos la necesidad en que se hallan de observar los preceptos de la Iglesia, y lo que deben temer justamente si los quebrantan ó desprecian».
Juan Cayetano Gómez de Portugal, obispo de Michoacán quien anteriormente había renunciado a su cargo de ministro de Justicia en 1834, y su cabildo señalaron su preocupación por una supuesta perdida de poder de la Iglesia, que se vinculó a la privación de sus bienes. Por eso, declaró:
«Si solo se tratara de algun punto de pormenor, de alguna dificultad secundaria, ó de la simple falta de proteccion de las leyes á la Iglesia, hubiera seguido observando la conducta que hasta aquí, de resignarme con lo presente y lamentar en silencio la llegada de un tiempo en que el principio religioso había dejado de influir en la marcha de la política, en el establecimiento, ejecucion y aplicacion de las leyes».
Este cambio de actitud del Estado con respecto a su tendencia proteccionista en la época colonial, fue un llamado de atención del peligro de convertir a la religión católica en un mero instrumento estatal, cuando se constituía en una herramienta de cohesión y continuidad social, ayudando al Estado el transferir la lealtad del pueblo a la república. Así, el obispo de Michoacán señaló:
«Para decretar la ocupacion de los bienes de la Iglesia, era preciso declararlos nacionales, y para declararlos nacionales, torcer la política y abjurar la religion. […] No hai duda, Sr. Exmo., es necesario abjurar la religion, ó considerarla cuando menos como un mueble de acomodamiento arbitrario en el edificio de la sociedad, para dictar semejantes medidas; porque estando los bienes de la Iglesia consagradas á Dios, declararlos nacionales, ó decir que no tienen dueño, es tener á Dios como una quimera».
Por un lado, el obispo de Michoacán denunció el ataque a la Iglesia, y por otro lado, se situó en el régimen republicano indicando que su voz representó la de un sacerdote y la de un ciudadano. Afirmó que:
«Lejos de obrar por un principio anti-social, que no se me atribuiría son grande injusticia, yo seré el primero que manifieste el profundo respeto que me inspiran las autoridades de la nacion, á quienes debo, como todo ciudadano, una grande obediencia en todo aquello que versa en el órden civil y gira dentro de la órbitra de sus propias atribuciones».
Por ende, se recurrió al rol de los patricios fundadores de la independencia y es que según un prestigioso jurista conservador, quien fue diputado y senador por México y Puebla, llamó la atención del éxito de la independencia porque se garantizó la defensa de la iglesia católica. Lo que se expresó en las siguientes palabras:
«Y ¿podrá esto establecerse en una sociedad cristiana é ilustrada, y que hizo su independencia proclamando ante el cielo garantir la religion, y constituyendo á ésta por primera de las garantías, ó mejor dicho de los objetos garantidos? ¿Serán éstas las leyes que la protejan? ¿Hay alguno que sobrelleve el que se ataque, v. gr., su honor con tal que se haga indirectamente?».
El obispo de Guadalajara utilizó en su defensa de la Iglesia a algunos símbolos republicanos. Señaló:
«¡Ah! Celebramos con entusiasmo los acontecimientos memorables de la patria…¿y no celebrarémos, los de nuestra santa religion? … recordamos con placer los dias en que se proclamó nuestra libertad…¿y no recordarémos aquellos en que se despedazaron las ominosas cadenas de nuestra servidumbre con el demonio, y en que se declaró la libertad de los hijos de Dios?...hacemos memoria de los héroes de la república…¿y olvidarémos aquellos que la Iglesia venera, y cuyos hechos son más ilustres, más gloriosos? ¡Fieles! La iglesia nos manda la santificación de sus fiestas, y nosotros debemos obedecerla con la docilidad propia de hijos para con una madre que se interesa tanto por nuestro bien, y con las mas vivas ansias suspira por nuestra felicidad».
Además, se criticó a los resultados obtenidos por los gobiernos humanos. El obispo de Michoacán mencionó cuatro factores que promovían el desorden: la difusión de los discursos liberales en los sectores populares, la construcción de la sociedad desde los movimientos sociales y la “razón”, la creación de un orden desde una lógica de los intereses, y el mantenimiento del orden social amparado en la fuerza militar. Según su perspectiva, lo que se logró fue un mundo gobernado por el caos. Esto sucedía porque se olvida de Dios, quien es el único ser que puede garantizar un orden. Es mas, la persistencia del caos empeoraría «miéntras los filósofos y los políticos le tengan declarada la guerra al cielo».
Se reconoció que el conflicto con la Iglesia provenía de dos ideologías: la reforma y el socialismo. Ambos eran: «dos monumentos colosales que el orgullo del espíritu humano ha erigido en sus aberraciones sobre las dos extremidades de tres siglos, como un punto de partida y un término necesario: los errores tienen su lógica y las turbulencias una filiacion reconocida».
Sin embargo, esta situación podía cambiarse, según Munguía, porque la política y la Iglesia no necesariamente estaban separadas, e incluso se remarcó que:
«El catolicismo creó, pues, una condicion esencialísima de conservacion para la sociedad moderna. Esta, por la lei de su naturaleza progresiva y perfectamente desarrollada, es política, y no puede ser otra cosa, así como la religion es católica, y no puede ser otra cosa: lo político y lo católico son dos ideas paralelas, y que han de marchar siempre paralelas, quiérase o no: porque el movimiento de las ideas, y la fuerza espansiva de las cosas son independientes de la voluntad humana. […] La Iglesia no es de este mundo, pero está en este mundo: la sociedad civil no es del cielo, pero va para el cielo».
Otra vez surgió la idea de la nación católica. Era necesario fortalecer la idea de que la Iglesia y su clero eran actores principales en la política mexicana, debiendo tener voz y voto en las instituciones representativas del Estado, lo que también se explica por el requerimiento de conocer las políticas contrarias a los intereses de la Iglesia.
En el mismo sentido que el autor anterior, el jurista Rodríguez de San Miguel criticó un proyecto de constitución en 1842 expresando algunas ideas sobre la relación entre Estado e Iglesia. Mencionó: «Es pues necesario que ni en lo público ni en lo privado se permita obrar contra ella [religión del estado] y su sagrado objeto, mirándose como unos mismos los intereses de la religion y los del estado».
El obispo de Puebla reconoció que las políticas en contra de la iglesia católica se dieron anteriormente, sin embargo, justificaron su silencio porque no querían que sus voces no fueran interpretadas como respuestas a un “sórdido interés”. Esta idea también fue mencionada por el obispo de Guadalajara en el mismo año. Algunos prelados se lamentaron al «ver el estremo á que han llegado las pasiones, y los vicios que degradan tanto y envilecen al hombre, no menos que los vientos y tempestades de un mundo corrompido, enemigo implacable de Jesucristo y de su doctrina». Para profundizar la reflexión de este ambiente adverso, el obispo de Guadalajara llegó a aconsejar:
«Consúltese cada uno á si mismo, pregunte á su corazon, y en él verá escrita la ley promulgada por el Señor entre los truenos y relámpagos del Sinai. No sucede así con los preceptos de la Iglesia, en éstos tiempos principalmente, en que hay tantos apóstoles del error y de la impiedad, en que hay tantos enemigos de la Esposa del Cordero, y en que se ataca con tanto descaro al Sumo Pontífice, á los santos Concilios, y á todas las determinaciones eclesiásticas, corrompiendo á los ignorantes, y separándolos de la obediencia que deben á la Santa Iglesia y á sus leyes. No os dejéis, pues, engañar hijos queridos, oid las palabras de vuestro Obispo, escuchad y sed dóciles á la voz de vuestro legítimo Pastor, de quien no podeis ya decir que ha callado; y recibid toda la ternura de nuestro afecto con nuestra pastoral bendicion».
Hasta este punto parecería que el antagonismo en la dinámica Estado e Iglesia era grande, empero esto fue relativo. Muchas veces, los eclesiásticos tomaron puestos estatales y colaboraron con los gobiernos vigentes. Este fue el caso de Andrés López de Nava, quien fue ministro de Justicia por recomendación de Vicente Gómez Farias, en 1847. Esta conducta no fue extraña en el clero, pues de manera individual o colectiva se acercaban a los grupos políticos para concertar acuerdos o negociaciones, u ocupar un determinado cargo de funcionario.
En el cumplimiento de su cargo, el clérigo escribió una respuesta al obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, por sus ataques a las medidas del gobierno contra los bienes eclesiásticos. Ante esta actitud, el obispo de Guadalajara, Diego de Aranda salió a defender a su colega. Es decir, en esta coyuntura surgieron a flote algunos conflictos internos dentro de la jerarquía eclesiástica. Lo interesante fue que, tiempo después, el ministro renunció a su cartera porque sentía que estaba traicionando a la Iglesia, y publicó una disculpa pública por sus errores.
En el texto del obispo de Guadalajara, se subrayó que el ministro era sacerdote e ingresó a la cartera prometiendo que suavizaría las políticas contrarias al clero, no obstante, ocurrió todo lo opuesto. Satirizó esta “ayuda” con las siguientes palabras: «No puede negarse al señor ministro el claro derecho á un privilegio esclusivo por ese nuevo y desconocido modo de dulcificar los lances, añadiendo afliccion al afligido, y abatiendo á sus pastores al tiempo que miran herido con el escándalo el rebaño. Si así lo hace el señor ministro cuando se propone dulcificar, ¿qué será cuando no tenga tal empeño?». Además, por no contrariar al gobierno por los préstamos forzosos, el obispo llamó al ministro “liberal”.
Asimismo, subrayó que ni siquiera se respetaba la Constitución de 1824, que estableció a la religión católica como la oficial y única. El hecho de no obedecerla significaba un crimen contra la voluntad nacional. Incriminó al ministro por apoyar la posición del gobernador de Puebla, Domingo Ibarra, quien acusó al obispo de Puebla de incitador de alzamientos. Para Aranda, la conducta popular se explicaba porque «La indignación de los poblanos y de la nacion entera, nace de que con la ley de destruccion de bienes eclesiásticos se han atacado las conciencias, se han ofendido los sentimientos religiosos, se ha lastimado á los mexicanos en lo mas vivo de su corazon, se les ha herido en la niña de sus ojos». Estas causas, también, influyeron en los movimientos en Querétaro, México y Maravatio.
Finalmente, le recomendó «Vuelva el Sr. López sobre sus pasos, ya que ha tenido la desgracia de darse á conocer por sus errores. Su corazon no había sido corrompido, ni en esta materia habia tomado el camino de la perdicion. Estremézcase este sacerdote al verse único contra todas las iglesias en esta obra de impiedad y destruccion».
En el segundo texto, la autoculpa del ex ministro se inició expresando:
«Obligado como mejicano, como católico, como sacerdote y como cura párroco beneficiado á dar una pública satisfaccion á la Iglesia toda y á los Venerables Prelados que ha puesto el Espíritu Santo para regirla y gobernarla, procuraré hacerlo con la franqueza que me caracteriza y con la simplicidad que debo, para calmar de este modo todo remordimiento y turbacion de mi conciencia, no menos que para escarmiento de cualquiera de mis hermanos que se sienta, ó se haya sentido tocado de alguna prevencion miserable, siniestra é imperfecta, ajena ciertamente de la verdadera humildad y caridad de que debe estar siempre revestido el sacerdote, y aun todo cristiano que quiera merecer este nombre».
Luego realizó un breve recuento de su vida política hasta su desempeño en la cartera de justicia. En esta breve descripción destacó que fue diputado de Jalisco y que en su permanencia en México fue ambicionando arribar a cargos mayores, y se lamentó por eso. Así, un día Gómez Farias lo llamó al Palacio y le pidió encarecidamente que se desempeñara en el ministerio de Justicia. Confesó que los textos que presentaba al gobierno, no eran aceptados debiendo radicalizar ciertos aspectos.
Una de sus tareas como ministro fue contestar a los obispos de Michoacán y Puebla por su oposición a los préstamos forzosos. Ejecutó estas respuestas sobre la base de su experiencia como colegial en replicas literarias. «Así es que, de todo cuanto vertí en mis escritos, nada sentí, nada creí. Todo fue presuncion externa, vanidad escolástica, ni mas ni menos como he dicho que cuando uno arguye en la baranda contra una conclusion».
La influencia de su familia, y por tanto, de su localidad, en la decisión de su dimisión se expresó de la siguiente forma:
«Desde mis tiernos años aprendí que la Iglesia disfruta en fuerza de su soberanía una autoridad espiritual tan esclusivamente propia, que todos los soberanos juntos son incapaces de variar aun en lo mas pequeño sus superiores determinaciones. […] Desde mis tiernos años aprendí que la Iglesia quedaría encomendada á la caridad, y que en consecuencia esta la provería en abundancia y sufragaría á la magnificencia de su culto y á la manutención de sus ministros. […] Desde mis tiernos años aprendí que las dos potestades, eclesiástica y civil tienen como el océano puestos por Dios sus señalados límites, los que no podrán traspasarse aunque lo intenten; y que caminando ambas como sobre las dos líneas paralelas no se podrán tocar jamás para mezclarse una en las atribuciones de la otra: y solo sí para prestarse mutuamente sus auxilios».
2. DESARROLLO DE LA SECULARIZACIÓN
Las ideas liberales implicaron poner como principal referencia de las prácticas humanas al contexto y reglas del mundo social, lo cotidiano. Este significado dejaría atrás las explicaciones extraterrenales, tratando de secularizar los actos cotidianos de hombres y mujeres. En este sentido, el obispo de Michoacán en un sermón que agradecía el retorno del pontífice Pio IX ― después de su huida de territorios pontificios por el acontecimiento de las revoluciones de 1848 ― mencionó que el filosofo humano formaba parte de una cadena del espíritu humano. Tal afirmación tuvo el fin de destacar que la religión consistía en la:
«[…] expresion soberana del pensamiento de Dios, engólfase sin cesar en lo infinito, desdeña lo que no es inmenso, esquiva lo que declina un tanto de los términos de la perfeccion, y nunca se muestra mas elevada, que cuando abraza con una sola de sus expresiones inspiradas, las generaciones, los acontecimientos y las ideas que han venido pasando por el inmenso curso de los siglos».
Lo contrario, según Balmes, era un «individualismo brutal, este feroz sentimiento de independencia, que no podía conciliarse con el bienestar del individuo, ni con su verdadera dignidad; que entrañando un principio de guerra eterna, y de vida errante, debía acarrear necesariamente la degradación del hombre y la completa disolución de la sociedad». De igual forma, rescató que los bienes eclesiásticos contribuyeron a disminuir la parte nociva de la desigualdad de clases, ayudando a los sectores populares para establecer no una igualdad completa, que sería absurda, sino un “saludable equilibrio”. Se requería de un orden social jerárquico, lo que fue una de las ideas también de los liberales de la época, pues:
«Las desigualdades sociales son de necesidad absoluta, como á fundadas en la misma naturaleza del hombre y de la sociedad, y son ademas un beneficio, porque sirven de poderoso resorte en la maquina de gobierno. Bajo uno ú otro nombre, con esta ó aquella forma, con mas o menos disfraz, las ha habido siempre, y siempre las habrá».
El rechazo a la usura en los discursos eclesiásticos aun se mantuvo en sus discursos. Según el obispo de Guadalajara, quien fue vicepresidente de la Cámara de Diputados y un activo integrante de un diario católico, «es necesario manifestar los solidisimos fundamentos que tienen los teologos católicos para asegurar que la usura es un crimen detestable: que decir lo contrario es un error heretical». El lucro era contrario al derecho natural porque se oponía a la justicia y la igualdad, pues vendía dos veces una misma cosa. Todavía no se asimilaba en algunos eclesiásticos, el nuevo poder del lucro en la modernización de la sociedad mexicana.
Balmes tampoco criticó la existencia de la ciencia y las disciplinas de conocimientos por sí mismas, que fueron elementos importantes de la modernidad y la secularización, mas bien señaló su peligro como instrumento de poder usado para dañar a la Iglesia:
«Terrible es el error cuando usurpa el nombre de la ciencia, terrible es el error que no estribando siquiera en equivocadas convicciones, no tiene aquella entereza de expresion que acompaña á la buena fe; terribles son los conocimientos cientificos, cuando apartados de su objeto legitimo, corrompidos, mutilados, desfigurados, se los emplea dolorosamente como arma de partido; terrible es el poder público que estando al frente de una gran sociedad, se vale de la fuerza inmensa que tiene á la mano, para oprimir, para vejar y despojar; terrible es la injusticia cuando llega á tener como instrumento las leyes».
El uso de la ley como mecanismo de presión por parte de Estado para fundamentar su poder sobre la Iglesia, también, fue destacado por el obispo de Michoacán, quien criticó a los liberales en términos de cristianos que no cumplían con su deber:
«No concederé jamás á los que tal han pensado y tal han hecho, el triunfo de creer, que han podido dictar esta lei, y estar firmes al mismo tiempo en sus principios religiosos. […] Hombres tan poco entendidos, incapaces de juntar dos relaciones en una ciencia tan vasta y tan ramificada, crean que una lei, como la presente, nada tiene que ver con la constitución de la Iglesia y con sus elementos dogmáticos; que se pueden saquear todos sus bienes y conservar la conducta de cristianos: que la oposicion de los Obispos es una rebelion pública, y la perturbacion de las conciencias, miserables ilusiones de la piedad: pero tales hombres podrán aspirar al crédito de políticos, se harán admirar por su astucia y aun por su ingenio: mas tales hombres, cristianos por bautismo, son en la realidad incrédulos e impíos por su conducta y por sus máximas».
Por otra parte, los defensores de las prerrogativas de la Iglesia destacaron el rol de la nación mexicana como pueblo elegido. Así, se insistió en la imagen de:
«Un pueblo favorecido por la luz del Evangelio, ¿no es un pueblo escogido y privilegiado que á proporcion del inestimable favor que se le dispensa, son mas estrechas sus obligaciones de buena correspondencia, en el esmero por su religion, en el celo por la conservacion de su pureza y en sus respetos en lo esterno público y en lo esterno privado, ya que está fuera de los resortes humanos el procurarle y conseguirle los respetos internos?».
Como se indicó anteriormente, los defensores católicos utilizaron argumentos y nociones del republicanismo para argumentar sus posiciones. Por ejemplo, el obispo de Guadalajara defendió el criterio de Ilustración del pueblo antes que el de los liberales. Aclamó al respecto: «La Ilustracion del pueblo le hace no alucinarse con las ideas de depravados liberales: ese pueblo sabe discernir y examinar qué clase de hombres son los que quieren poner las manos en las manos muertas, y qué clase de hombres se oponen á esta maldad». Entonces, el discurso de estos folletos se actualizó con la ideología republicana, pero, igualmente recurrió a los fundamentos tradicionales del derecho canónico, las sagradas escrituras y los textos de los padres de la Iglesia.
Una herramienta de la propagación de las ideas liberales en la sociedad mexicana fue la prensa. Esto fue percibido por los defensores de la iglesia católica, quienes estuvieron atentos a la planificación, formulación y aplicación de las leyes y políticas relacionadas con la libertad de prensa. En este sentido, Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, vociferó en un discurso en 1842 en el Congreso su oposición al proyecto de constitución que se estaba elaborando en este tiempo. Subrayó el titulo 3º artículo 13 del proyecto, que indicaba que «“todos tienen derecho para publicar sus opiniones, imprimirlas y circularlas de la manera que mejor les convenga”. La consignacion de semejante libertad mas bien parece garantir la anarquía y las perpetuas inquietudes, que el buen órden y la tranquilidad».
Para defender su idea, el jurista afirmó que la intención de esta ley era conceder el derecho de la libertad de pensar, empero, la formulación de este artículo va más allá y dotaba el derecho de actuar. Por eso, recomienda que la expresión libre de las ideas se realice en lo confidencial y lo doméstico, mas no en lo público, mientras, este derecho permitía una libertad absoluta, plena y sin modificación. Lo que más le preocupó era que esta libertad posibilitara abiertamente el ataque de la prensa al dogma religioso o la moral pública como se estaba realizando. Como en el proyecto se indicó la prohibición de un ataque directo, el autor realza que dejaba la posibilidad de un ataque indirecto. En el autor el dogma significaba un equivalente de moral pública, era el sistema ético que conocía y que ponía orden en la configuración social mexicana.
Otro asunto que el jurista cuestionó en el proyecto fue el tema de la libertad de cultos. Rodríguez de San Miguel indicó que en el artículo 31 se establecía que la religión católica era el culto que la nación practica, y además, se prohibió que se ejercite otro culto de manera pública. Consideró que la forma en que se redactó el artículo promovía una próxima aceptación de la libertad de culto o la tolerancia religiosa. Es mas, el autor presionó y señaló, también, que la declaración de la religión católica debería ubicarse inmediatamente después del título 1º, es decir, después de la manifestación de que México es una nación independiente y libre, y así debería «hablarse de su ser religioso, gloriándose, tanto de su independencia sobre la tierra, como de su dependencia del que está sobre los cielos». Llamó a los oyentes de su discurso a reflexionar, expresando las siguientes palabras:
«Siendo, como es hoy, tranquilo el ejercicio esclusivo de la religion cristiana en nuestra república, ¿qué razones podrían alucinarnos para que se dé ocasion á que dentro de breve se avance á cometer un tan voluntario crimen contra el cielo? Lo es sin duda, supuesta la divina revelacion, no escluir todo culto que no sea conforme á ella, é introducir la indiferencia religiosa».
Continuó deliberando en su discurso sobre la libertad de cultos al manifestar que no puede darse un tipo de “caridad” por parte del Estado por medio de la tolerancia religiosa, y dejándose libertad de expresar diversos cultos. Manifestó que la religión católica poseía en su propia naturaleza inherente el elemento de la intolerancia religiosa, puesto que la “verdad” es solo una y universal. Percibió a los demás cultos como religiones populares que eran falsas. Ante todas estas consideraciones, Rodríguez confiaba en que el proyecto podría aprobarse sin ningún problema después que se realizaran los cambios anotados en su discurso. Incluso creía que en unos tres o cuatro días se podría hacer las respectivas modificaciones, y no responsabilizaba a la comisión por los grandes errores existentes en el proyecto porque lo han tenido que presentar en un corto tiempo. Modos de negociación de la política mexicana.
Por otra parte, se identificó la secularización de la sociedad en términos de la disminución de cantidad de personajes eclesiásticos. Así el obispo de Puebla comentó:
«Es verdad que ahora no todas las familias acomodadas cuentan con un eclesiástico como en los felices dias del repetido cardenal, ni son tantos los que se dedican al servicio de la Iglesia, gracias al filosofismo y á la impiedad, que han declarado la mas dura guerra á la Religion y sus ministros. […] ¿Y qué ha resultado? Un clero tan escaso […]; un clero tan pobre […]; unos obispos que con la mayor economía á duras penas pueden subsistir y hacer los gastos de visita […]; un culto exterior tan mezquino».
Asimismo, se enfrentó las críticas relacionadas a la organización de la jerarquía eclesiástica. Una de las instituciones menos apreciadas fueron los cabildos eclesiásticos, cuyos integrantes cumplían con el asesoramiento al obispo de turno en la administración de la diócesis respectiva, y colaboraban con el prelado en algunas de sus tareas. Se defendió al cabildo señalando que:
«Los Cabildos son objeto de aversion para muchos, que califican de hombres inutiles y ociosos á los individuos que los componen, habiendo pasado en proverbio, entre la gente mas vulgar, llamar canónigo al perezoso, que no busca mas que su comodidad. Este sarcasmo pasa, como muchos que se oyen, porque se dice sin exámen ni conocimiento de causa. […] Lo cierto es que los cabildos son una institucion venerable, porque establecida por la Iglesia; por su objeto, que es substituir á los presbíteros en formar el consejo ó senado del Obispo: por su antigüedad, porque los miembros que la componen, segun la disciplina actual, obtienen en el órden gerárquico un puesto que sigue inmediatamente á la dignidad episcopal: porque organizada conforme á las intenciones de la Iglesia, es decir, dotados competente y decorosamente; honrados y protegidos sus individuos, dan honor al clero, y sirven de estimulo en la carrera laboriosa de las letras, y en la espinosa del servicio de las parroquias en climas insalubres, plagados de insectos, y privados de toda sociedad».
3. LOS BIENES ECLESIÁSTICOS
La folletería como herramienta de difusión y legitimación de ideas en México, también imprimió textos centrados en la defensa de los bienes eclesiásticos frente a las políticas que trataban de enajenarlos. El filosofo español Jaime Balmes, afirmó que los ministros de la Iglesia poseían el derecho de exigir a la sociedad su “decente” sustento, lo que se fundamentaba en la razón, la Escritura Sagrada y las leyes canónicas y civiles. De caso contrario, se convertiría en un hecho “monstruoso” o una “proscripción”. Usó recursos argumentativos de tipo económico. Señaló que:
«En el momento en que la propiedad deje de ser inviolable, la sociedad se disuelve, porque entonces es ella un absurdo: y si en algunos países subsiste, á pesar de no hallarse la propiedad asegurada cual debiera, es porque en tales casos el buen sentido de los hombres, y el instinto de conservacion social suplen en cuanto cabe, el vacío de las instituciones, y de las leyes. […] Con la venta de los bienes del Clero, habrá circulacion, es verdad: pero violenta, y por tanto poco duradera, encerrada en los limites de las bolsas y bancos; circulacion que acumulará inmensas riquezas en manos de unos pocos capitalistas, y que no llevará ni un átomo de provechoso jugo á la agricultura á la industria, y al verdadero comercio».
Dudó del positivismo de la economía política. Destacó que la ciencia poseía principios que eran pasados de maestros a discípulos, los cuales no fueron infalibles. El derecho moderno sobre la propiedad se diferenció de la medieval porque buscó la simplicidad, librándola del dominio de la heterogeneidad y lo fenoménico, y mas bien, trató de centrarlo en el sujeto, en su interior, en una relación pura entre “libertad” y “propiedad”. Esto era contrario, al pensamiento de los defensores de los bienes eclesiásticos.
En 1847, en el contexto de la invasión estadounidense a México, el gobierno requirió de dinero para financiar la resistencia. En este sentido, se identificó en los bienes eclesiásticos una fuente de ingresos. De ahí que, se establecieran leyes que desamortizaran algunos de estos bienes, o que se insistiera en préstamos forzosos. Las respuestas no se hicieron esperar.
El obispo de Michoacán, Juan Cayetano Gómez Portugal, y su cabildo eclesiástico protestaron por estas medidas. En el inicio de su escrito, el prelado señaló que recibió del ministerio de Hacienda un ejemplar del decreto del 11 de enero de 1847 que disponía la ocupación de bienes eclesiásticos. Destacó que se opuso al decreto desde su debate en el Congreso, pues era contrario a los derechos de la Iglesia y no observaba la constitución. Este último punto se sustenta en que la Constitución de 1824 establecía a México como un pueblo católico.
El prelado de Michoacán mencionó que: «se ha decretado el mas completo y universal despojo de las mas sagrada de todas las propiedades, del mas benéfico de todos los tesoros, de los bienes que sirven inmediatamente al culto de la Divinidad». Enfatizó en su preocupación por el despojo de las rentas eclesiásticas y apeló a argumentos de tipo católico usando el recurso de la culpa:
«[…] no hubiera creido que la política progresiva llevaria sus miras sobre el tesoro eclesiástico hasta ponerlo en total ruina y acabar con todos los recursos. Semejante medida no podia ciertamente ponerse en práctica, sino por hombres que redujesen á cero los derechos de la Iglesia y relegasen al pais de las quimeras la autoridad, el poder y la soberanía de aquel que trajo la paz á la tierra, imponiendo deberes á los gobiernos y dando verdaderas garantías á la sociedad».
Igualmente, insistió en que los motivos de sus respuestas no se fundamentaban en el interés por preservar sus bienes en términos de lucro. Esta negación fue precisa para el obispo porque se constituía en los argumentos de los autores liberales, lo que calificó como “calumnia impía y grosera” siendo parte de «la prostitucion de nuestros días». Así, concluyó que:
«La lei pues, es anti-económica, si se ha de sostener en todas sus partes, ó es bárbara y atroz, si se han de sacar á toda costa los recursos que se pretenden.
Tambien la hemos llamado inmoral, porque autoriza los manejos indignos de tantos hombres que especulan sin pararse en los medios, y que todo lo proponen á su interes individual».
Un argumento distinto al anterior fue expuesto por Balmes, quien indicó:
«El Estado no dice al Clero “eso no es tuyo, sino que es mío, y por eso me lo tomo”, sino, que lo que le dice es, “yo necesito tus bienes, y por eso me apodero de ellos; tú lo que puedes exigirme es que te indemnize; pues bien, yo lo haré, yo tomo á mi cargo tu decente subsistencia, y el cubrir los gastos de culto; con esto, atiendo yo á mis necesidades, y no cometo ninguna injusticia”».
Sin embargo, este argumento implicó que el Estado comparaba al clero con un tipo de empleados públicos, y no consideraba la particular de sus funciones, que necesitaba de su sustento para cumplir con los designios de sus actividades. No hacerlo significaba su degradación. El autor comentó que, aunque se tuvieran los ingresos de los diezmos y otros ingresos, la Iglesia poseía un mediano sustento para los sacerdotes y el mantenimiento del culto. Los más afectados eran el bajo clero.
Los folletos analizados intentaron convencer de que la Iglesia como institución soberana conservaba el derecho y dominio de sus bienes, a pesar que el Estado los enajenara, en este caso a la fuerza. Según, el gobierno eclesiástico de Michoacán, los bienes eclesiásticos «se consagran mediata ó inmediatamente al servicio del culto, salen del dominio humano, entran en la categoria de las cosas que se llaman de derecho divino, quedan por su propia naturaleza escluidas de la jurisdiccion civil, y no pueden en consecuencia ser el objeto de leyes coersitivas del Gobierno temporal».
Uno de los puntos de la aplicación del proceso de desamortización en el territorio mexicano fueron los diezmos. El obispo de Puebla indicó en una carta pastoral que los políticos contrarios a la Iglesia señalaban a las “gentes sencillas y falta de instrucción”, que el pago de los diezmos era un asunto temporal y que no pertenecía a la institución eclesiástica, quien solo podía regular normas que se asociaran al interior y espiritualidad de las personas. Sin embargo, esto no era cierto porque el pago de diezmo involucraba el reconocimiento de Dios como creador de las cosas, y suministraba ingresos para el mantenimiento de su culto público, en primera instancia, y luego privado e interno. Incluso le parecía escandaloso que existieran personas que afirmaran que el pago del diezmo era negativo para la agricultura. «Injusto un precepto que impuso el mismo Dios á los israelitas! ¡Injusta una ley que ha dictado la Iglesia imitando la conducta del Supremo Legislador! ¡Ah!».
El prelado cuestionó diversos puntos de los argumentos liberales frente a los diezmos. Uno de ellos señalaba que los diezmos fueron limosnas u oblaciones voluntarias a favor de la Iglesia, la cual establecía los montos de forma arbitraria. Según su posición, esta idea fue causada por una gran ignorancia o una refinada malicia de los enemigos de la religión. Otra afirmación liberal que se oponía al pago de los diezmos resaltaba que éstos no fueron percibidos por los curas, sino distribuidos por la jerarquía eclesiástica porque era un derecho institucional. El hecho de que los diezmos no fueran consumidos en los espacios en que se producían sino en las capitales en que residían los prelados y el cabildo eclesiástico, no justificaba la negación del pago del diezmo.
Ante su conocimiento de la existencia de un proyecto que pretendía crear una caja común fundamentada en los diezmos para evitar la desigual dotación de los párrocos, advirtió la infactibilidad de la propuesta. Surgirían grandes inconvenientes como la larga distancia de la recolección de los diezmos, que incentivaría la disminución de los haberes parroquiales porque se tendría que pagar a recolectores. Además, si se descontaba la cuarta episcopal y la establecida para la fabrica y el hospital quedaría muy poco, y dejaría con escasos recursos a los obispos, cabildos y curas. En el mismo año, el obispo de Guadalajara indicó que: «Es verdad que por la ley civil ha cesado la obligacion de pagar el diezmo; pero esa determinacion, no quita la obligacion que nos impone la Iglesia, la cual es tan santa y respetable». El juego de la negociación entraría nuevamente en práctica.
Entre las razones que usan los eclesiásticos y los laicos católicos para oponerse a la ejecución del proceso de desamortización estuvo el énfasis en la escasez del número de canónigos y prebendados por la carencia de rentas, perjudicando a la institución eclesiástica, pues afectaba a la dignidad y decoro de los oficios divinos, y dañaba el ingreso de sujetos instruidos y virtuosos que podían llegar a “la silla de honor y descanso”. También, se manifiestó que las escuelas y seminarios eclesiásticos ― que se constituyeron en los principales centros educativos ― habían sido financiados por la Iglesia y no por el Estado. Estos centros habían detentado a «los padres de la civilizacion y de la cultura mejicana». Esto fue cierto en la época porque los autores se habían instruido en los seminarios, que eran parte de los principales centros de enseñanza de elite.
Asimismo, la disminución de las rentas eclesiásticas imposibilitaba o disminuía la asistencia eclesiástica a los necesitados, quienes poseían la capacidad de convertirse en elementos sociales peligrosos (vagos, ladrones y asesinos) por no recibir una educación cristiana. Y es que esta educación, igualmente, enseñaba a los integrantes de la sociedad mexicana a ser caritativos para que los pobres no se murieran de hambre como en otros países. Es decir, las políticas que atacaban estas rentas promovían un daño al bienestar colectivo. Entre los sujetos que se identifican como los directos perjudicados figuraban los:
«miserables que diariamente ocurren á las puertas de nuestro palacio, manifestando, la viuda su desamparo y el de su numerosa familia; la casada, el abandono en que la tiene a ella y a sus hijos el marido vicioso; la doncella, su orfandad y miseria, y el riesgo que por ella se halla, expuesta a ser victima de un lascivo perseguidor; el ciego y el estropeado, el que no puede con el trabajo de sus manos procurarse el alimento, y finalmente el desvalido que carecen de todo recurso».
A este tenor, se destacó la confianza e interés del pueblo por las rentas eclesiásticas porque les favorecían. El obispo de Guadalajara señaló:
«Los pueblos fanáticos conocen que esos bienes eclesiásticos son su consuelo, el auxilio del labrador, el capital del artesano, el fomento del hombre laborioso, el socorro de la viuda, del huérfano, del enfermo, &c., y saben por su propia experiencia que el codicioso ó malvado que los compre, no acostumbra prestar, está muy distante de socorrer, y es avaro hasta con su misma familia. Finalmente, ese pueblo percibe claramente que al darse el golpe á los treinta millones que se despilfarrarán para sacar los quince, no se trata de recibir auxilios para la guerra, sino de desahogar la impiedad y el furor contra las instituciones religiosas, y aniquilar completamente á la Iglesia mexicana».
En otras palabras, se resaltó el vínculo tradicional y fuerte que unía al pueblo y a la Iglesia, a un nivel que el Estado aun no podía llegar por su falta de infraestructura organizativa y material. También, se defendía la conservación de las rentas eclesiásticas en el marco del catolicismo, al acentuarse que el pueblo cristiano debía demostrar una mayor perfección que el pueblo judío. De igual manera, estas contribuciones simbolizaban el seguimiento a las prácticas de los primeros cristianos, quienes «la[s] cumplian espontaneamente, despojandose de su hacienda para ponerla á los pies de los Apostoles». En este sentido, no se puede cuestionar la autoridad de los obispos que procede del fundador de la iglesia católica, ostentando la potestad de los bienes eclesiásticos.
Se reconoció que el clero asumió una actitud patriótica frente a la invasión estadounidense, pero todo tenía un límite:
«Nuestro clero ha hecho cuanto le era licito y cuanto podía convenir á un patriotismo desente. Todos los prelados, todas las iglesias han contribuido con enormes sumas para los gastos de la guerra, aun en el tiempo mismo en que del erario se hacia un continuo monte parnaso, y á la par que se lamentaban sus necesidades, se despilfarraban sus rentas. Ultimamente estrechándose las angustias de la guerra, esforzó sus auxilios y agotó sus arcas, y estaba enmedio de aflicciones cumpliendo con sus compromisos, cuando se decreta su ruina y si exterminio».
Las leyes antiguas y eclesiásticas orientadas por Dios fundamentaban la necesidad de obtener ingresos económicos por parte de la iglesia católica, las cuales debían ser acatadas «sin hacer caso de las perversas doctrinas de los novadores y de los impíos que han querido siempre destruir el culto, y enriquecerse con los despojos del Santuario». Igualmente, el incumplimiento de las obligaciones de los fieles, que incluye el pago de diversas obligaciones, fue relacionada con la ejecución del pecado mortal, e incluso se resaltó que ningún sacerdote estaba obligado a confesar a un fiel sino contribuía con estos pagos. Elementos coercitivos que debieron afectar a determinados sectores de los fieles.
Había que resguardar a la nación católica. Se destacó que las políticas enajenadoras se oponían a las leyes divinas y eclesiásticas, y ubicaba al clero y a los fieles en la disyuntiva de «faltar á Dios, ó rehusarse á obsequiar la disposicion del Gobierno». Así, el obispo de Michoacán en 1847 no dudó que:
«La religión, Sr. Exmo. es un interes universal para todos los ciudadanos, y no habrá un mejicano sensato que no la coloque en la primera gerarquia, cuando se trata de aquellos objetos capitales que no pueden faltar en la carta constitutiva sin romper todos los vínculos sociales, y que no pueden atacarse en las leyes secundarias, sin romper la carta constitutiva y hacer pedazos los títulos que dan el ser y justifican la accion de los poderes públicos».
Además, se enfatizó que Dios gobernaba el mundo, sus acontecimientos:
«Amados hijos, nuestros, no llegue nuestra temeridad y osadia a negar á Dios su justicia é infinita bondad, ni á la Iglesia la prerrogativa de tierra madre que se desvive por la felicidad espiritual y temporal de sus hijos los cristianos. […] Dios es el dueño de la tierra: que hace caer la lluvia en donde es su voluntad: que suspende el granizo como quiere, pues dirige los vientos: que arregla las estaciones, y todos los elementos están á su disposición. Si estos son contrarios á las mieses, ¿de qué sirven la labrador su inteligencia, su industria y sus afanes? […] No es el pago del diezmo el que arruina á los labradores, sino el no hacerlo».
Nuevamente, el uso de los recursos en torno a los temores colectivos estuvo presente en los discursos de los defensores de la Iglesia. De la misma forma, el obispo de Guadalajara pronunció: «¿cuándo Dios os lo ha dado todo, le negaréis una parte? ¿negaréis este corto sacrificio que os ecsije vuestro deber y vuestra conciencia? Nadie se ha arruinado por pagar el Diezmo, y muchos han sufrido grandes pérdidas por no haberlo pagado: la bendicion de Dios está sobre aquellos, y sobre éstos la maldicion».
Por tanto, se temía a la ira divina por los pecados públicos que motivaban los “economistas ateos”. Para lograr la protección divina no solo se debía contribuir con los ingresos eclesiásticos, sino también, cumplir con las regulaciones eclesiásticas que buscaban la ejecución de buenas obras y la observancia fiel de los mandamientos divinos. Aunque, se señaló que el cumplimiento de todas estas pautas no implicaba la igualdad de la distribución de las riquezas, pues ésta responde a la lógica de la voluntad divina que es “tan sábia como benéfica”.
El obispo de Michoacán mencionó que justamente las recolecciones decimales habían permitido entregar al Estado significativas sumas de dinero, pues la iglesia católica es una «buena madre». Y es que en general, se ha brindado el apoyo financiero a los gobiernos, a pesar de las políticas reformistas ― que son percibidas como “ataques” ―, que causaron la disminución de las rentas eclesiásticas y la reducción de los gastos, siendo recibidos de manera tolerante para contribuir con el Estado. Estas medidas se tradujeron en impuestos, contribuciones y préstamos extraordinarios. Era trascendental demostrar a los defensores de la Iglesia el papel importante de ésta en la dinámica social de México.
Se apeló a la afirmación de que el pueblo mexicano no permitiría la persecución de sus sacerdotes por parte de las personas que habían demostrado anteriormente actos de “impiedad y corrupción”. Y es que los fieles no pondrían en juego su conciencia, porque conocían que la Iglesia castigaba a aquellos que contrariaban la voluntad y las leyes divinas.
APUNTES FINALES
Los discursos de los defensores de la Iglesia, que incluía al clero y laicos, frente a las políticas que amenazaron el poder eclesiástico muestran que esta institución aun jugó un importante rol en la dinámica de la sociedad y política de México durante la década de 1840.
Ellos ayudaron a construir la nación mexicana por los elementos presentados en los discursos de los folletos analizados. Aunque, los folletos no se concentraron en responder qué era la nación mexicana, sin embargo, si daban pautas de lo que debía contener una conducta nacional y el papel de la Iglesia en la nación y la definición de los elementos del nacionalismo mexicano.
En los tres puntos analizados se observó el empleo de argumentos de tipo eclesiástico y civil que trataron de otorgar sentido a la construcción de la nación mexicana, desde el escenario del conflicto. Esta construcción ingresó a la negociación de los discursos en la manera de establecer el orden social y político de México.
FOLLETOS CONSULTADOS
ARANDA, Diego de
Carta pastoral del obispo de Guadalajara al clero regular y secular y a todos sus diocesanos exhortándoles a cumplir con los cinco mandamientos de la Iglesia, 1840.
Vindicación de los injustos ataques dados por el Sr. López Nava, al Reverendo Obispo de la Puebla. Guadalajara: reimpreso por Rodríguez.
BALMES, Jaime
Observaciones sociales, políticas y económicas sobre los bienes del clero. Guadalajara: Oficina de Manuel Brambila, 1842
ESPINOSA, Pedro
Articulo contra la usura tomado en su mayor parte del Diccionario Universal de Ciencias Eclesiásticas. Guadalajara: Imprenta del Gobierno, 1840.
GOBIERNO ECLESIÁSTICO
Protesta del Illmo. Sr. Obispo y venerable Cabildo de Michoacán contra la lei de 11 de enero de 1847 sobre ocupación de bienes eclesiásticos. Guadalajara: Reimp. en la oficina de Dionisio Rodríguez, 1847.
LÓPEZ DE NAVA, Andrés
Exposición dirigida por el Dr. D. Andrés L. de Nava, al Illmo. S. Dr. D. Diego Aranda, Dignísimo Obispo de esta Diócesis. Guadalajara: Imprenta de Manuel Brambila, 1847.
MUNGUÍA, Clemente de
Sermón que en la solemnísima y religiosa función de gracias consagrada al Todopoderoso por el regreso de Nuestro Santísimo Padre el Señor Pío IX a la ciudad de Roma, predicó en la Santa Iglesia Catedral de Morelia el 30 de junio de 1850. Morelia: I. Arango, 1850.
RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan Nepomuceno
Discurso pronunciado en 14 de noviembre de 1842 contra el proyecto de Constitución en su discusión general. Tomado del Siglo Diez y Nueve Nº 410. Guadalajara: Imprenta del gobierno, 1842.
VÁZQUEZ, Francisco Pablo
Carta pastoral del Excmo. E. Illmo. Sr. Obispo de Puebla a sus diocesanos labradores, sobre el pago de los diezmos. México: Imprenta del Águila, 1841.
BIBLIOGRAFÍA
CONNAUGHTON, Brian
“La sacralización de lo cívico: la imagen religiosa en el discurso cívico-patriótico del México independiente, Puebla (1827-1853)”, Matute, Alvaro, Evelia Trejo y Brian Connaughton (Coords.) Estado, Iglesia y sociedad en México. Siglo XIX, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 223-250.
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